En la demanda, además de la improcedencia del despido, ha alegado una discriminación por edad.
Derecho laboral - Página 3
Aunque no se demostró una influencia real en la conducción, la simple presencia en el organismo ya es una infracción lo suficientemente grave para aplicar el despido.
La empleada tenía más de 5 años de antigüedad en la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos cobrando un sueldo de 1.900 euros.
Filtrar a los candidatos por la edad, su aspecto, sexo, origen o condición social en las ofertas de empleo está prohibido y sancionado por la LISOS.
El ministro señala la alta tasa temporalidad en las administraciones autonómicas como el foco del problema y asegura que el Gobierno sigue trabajando para reducirla.
El TSJ de Asturias concluye que despedir a un trabajador justo después de agotar la incapacidad temporal genera indicios de discriminación por razón de salud y obliga a la empresa a demostrar que el cese no tuvo relación con la enfermedad.
La justicia lo declara improcedente porque solo le ayudó a levantarse, no cobró por ello y no volvió a su domicilio.
El presidente de la CEOE sostiene que el sector privado ha reducido la temporalidad “de forma ordenada” y problema de concentra en el sector público.
Trabajaba de terapeuta ocupacional en una residencia de mayores y la justicia ha declarado responsable solidario al ayuntamiento, al ser el titular de la misma.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tuvo en cuenta además que el trabajador faltó a su puesto de trabajo y desestimó el recurso que este había interpuesto.
Los responsables de los centros intentron impedir cualquier intervención policial, cambiando constantemente la ubicación de los mismos.
El recargo recae exclusivamente sobre el empresario infractor y la ley prohíbe taxativamente que sea cubierto por seguros.
Para el experto habría que plantear la figura del fijo a extinguir como una solución “intermedia”.
Desde el Ministerio de Función Pública señalan que no afecta a la norma nacional ni impone sanciones.
Su conducta, sin importar el valor de los productos, supuso una transgresión de la buena fe contractual y abuso de la confianza, aun más atendiendo a que era jefe de departamento.
Pedía a una gestora subordinada que le dejara el ordenador abierto con su sesión de usuario para tramitar dichas tarjetas, escaneando el DNI y las firmas.
El abogado laboralista Víctor Arpa explica cuál es la cuantía correcta por día de baja médica tras un accidente laboral y por qué la diferencia real supera los 15.000 euros.
Juanma Lorente explica que si la empresa obliga al trabajador a quedarse más allá de su jornada para completar un curso, esas horas deben figurar como extras en la nómina.
La justicia determina que la verdadera motivación era el coste económico de la baja prolongada.
La empleada era encargada de tienda y pagó hasta un 97% menos por el producto que se llevó al aplicar un nuevo precio que no estaba autorizado.
En dicho documento, firmado por la trabajadora, declaraba que no tenía nada que reclamar de la relación laboral, quedando esta “totalmente resuelta”.
La ley permite una distribución irregular de la jornada que puede generar semanas de trabajo imprevisibles para miles de trabajadores.
El abogado explica el baremo actualizado para 2026, que llega a los 130 euros diarios si el trabajador estuvo en la UCI, y recuerda que el plazo para reclamar es de un año desde el alta o desde el reconocimiento de la incapacidad permanente.
La notificación de la resolución del INSS implica el fin de la suspensión del contrato por baja médica, exigiendo a la empleada reincorporarse o aportar partes médicos que justificasen su incapacidad de trabajar.
La abogada laboralista asegura que se consigue un indicio más que sólido para que se puedan reclamar esas horas extra y cobrarlas.
La ley obliga a las empresas a negociar y justificar objetivamente cualquier negativa a la conciliación familiar.
La profesional advierte de que la Ley de Dependencia recoge el cuidado personal y el mantenimiento básico del hogar, no limpiezas profundas, y que los pliegos no están por delante de los derechos laborales.
Quien desempeñe funciones propias de un puesto superior de forma continuada tiene derecho a percibir sus retribuciones complementarias correspondientes.
Hay aspectos clave como el preaviso de las citas, el alta médica o los gastos por desplazamiento que muchos trabajadores desconocen.
El tribunal consideró que la empresa consentía el consumo ocasional de productos y que la conducta no fue lo suficientemente grave para justificar el despido.
El tribunal confirma que la trabajadora y una empresa ficticia simularon una relación laboral de una semana con el único fin de generar fraudulentamente el derecho al subsidio por desempleo.
El trabajador amenazó con iniciar una nueva baja médica porque “estaba hasta los huevos del trabajo”. Para la justicia, supone un quebranto de la buena fe contractual.
El trabajador alegó que se había mudado a casa de su madre para cuidarla y se le acumuló el correo, así como que tenía un parte de su médico de cabecera de una revisión.
Los trabajadores no pueden perder parte de su nómina por disfrutar de sus días de permiso, por lo que deben percibir los complementos habituales que habrían cobrado de haber trabajado, según establece el Alto Tribunal.
Este permiso está pensado para casos como enfermedad grave, accidente u otras circunstancias imprevisibles.
El sindicato denuncia un “abuso laboral” y pide retirar el despido colectivo de 750 trabajadores.
Los sindicatos plantean indemnizaciones más altas, mayor control del periodo de prueba y reforzar el papel del Estado en vivienda y negociación colectiva.
El anteproyecto incorpora de forma expresa los riesgos psicosociales y la salud mental en el trabajo y estará en consulta pública hasta el 8 de abril.
El despido es nulo, disfrutando el trabajador de una reducción de jornada para cuidar de su hijo, y deben readmitirle y pagarle los salarios de tramitación.
La Audiencia concluye que captó a varios trabajadores con una oferta “ventajosa” que luego derivó en salarios por debajo de convenio, falta de alta en la Seguridad Social y viviendas “insalubres”.
La justicia determina que fijar distintas indemnizaciones por tramos de edad es legal atendiendo al perjuicio económico mayor que sufren los más jóvenes.
El Estatuto de los Trabajadores blinda la conciliación familiar; cualquier intento de cese por parte de la empresa será considerado nulo de pleno derecho, garantizando la permanencia en el puesto.
El abogado explica que el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores obliga a la empresa a justificar cualquier rebaja salarial y detalla los dos caminos legales que tiene el trabajador cuando eso no ocurre
Apeló a los supuestos previstos en el artículo 1.3 del Estatuto de los Trabajadores, pero no pudo probar los vínculos familiares o ‘colaboración gratuita’.
La prima anual por objetivos se puede reducir proporcionalmente a los días efectivamente trabajados, pero no se puede excluir los períodos de baja a la hora de acceder a la misma.
La compensación no se considera prescrita porque la compañía no demostró que hubiera actuado con diligencia para incitar al trabajador a disfrutar de sus vacaciones de forma efectiva.
El Tribunal Supremo explica que cobrar una prestación por incapacidad temporal debe contar como equivalente a la actividad laboral a efectos de renovar la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena.
Un juzgado de Almería declara improcedente la extinción al entender que la empresa puso fin a la relación laboral sin causa ni forma legal.
No es necesario acreditar perjuicios económicos y se aplica no solo al sueldo base, sino también a los complementos.
El tribunal consideró que había indicios de discriminación por razón de enfermedad y la empresa no justificó las causas reales del despido.
El laboralista recuerda que el Tribunal Supremo avaló en 2023 el derecho de las empresas a fichar las pausas para fumar y descontarlas de la jornada, y explica por qué ese hábito no tiene la misma protección legal que ir al baño.
Tuvo que demandar hasta dos veces a la entidad bancaria para conseguir su reingreso, consiguiéndolo en el segundo procedimiento judicial.
Tanto la empresa como el trabajador pueden solicitar en cualquier momento que el contrato se formalice por escrito, siendo obligatorio cumplir con dicha petición.
El Alto Tribunal confirma que este derecho estuvo vigente durante años con el convenio provincial y ahora no puede ser eliminado.
El Estatuto de los Trabajadores reconoce este derecho a quienes lleven al menos un año en la empresa. Si la compañía no lo respeta, puede enfrentarse a multas de hasta 7.500 euros.
Cobrar una prestación por incapacidad temporal es equivalente a realizar actividad laboral a efectos de renovar la autorización, porque durante ese periodo la relación laboral no se extingue, sino que queda suspendida.
El tribunal aclara que, en los contratos fijos discontinuos a tiempo parcial, la baja por accidente laboral no se calcula con lo cotizado en una sola jornada, sino con las bases de cotización de los meses anteriores.
El Alto Tribunal explica que el descanso semanal no puede absorber el descanso diario y que ambos deben sumarse, de forma que si el convenio reconoce 48 horas semanales y 12 horas entre jornadas, el mínimo exigible pasa a ser de 60 horas consecutivas.
El abogado recuerda que el artículo 12.4 del Estatuto de los Trabajadores prohíbe expresamente reducir la jornada completa a tiempo parcial sin el consentimiento libre del trabajador, y explica por qué una firma descuidada puede costar caro
La Justicia le impone una indemnización por daños patrimoniales y de imagen tras certificar que el sanitario abandonaba la asistencia a domicilio para gestionar un negocio propio.
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