Llegado el día, abandonó su puesto de trabajo, aun con el riesgo de que ocurriera una emergencia. Para la justicia, se trata de una falta muy grave que justifica el despido disciplinario.
El empleado utilizaba la negativa a descansar para abandonar su puesto antes de la hora establecida; el tribunal califica su conducta como desobediencia grave y culpable tras haber sido sancionado previamente.
El empleado utilizó la tarjeta de su mujer y de otros clientes para realizar operaciones ficticias y alcanzar los objetivos comerciales del reto "MyCommerce".
La justicia, en un primer momento, le otorgó una indemnización de 5.000 euros por discriminación y otra de 3.000 por previsión social, pero la empleada quería cobrar una tercera por despido nulo y reclamó, quedándose finalmente solo con una.
Con más de 3,1 millones de extranjeros afiliados a la Seguridad Social, miles viven como Wilder, con el miedo a despidos injustos y situaciones de explotación.
Ingresó en la residencia por un empeoramiento de salud y, para la justicia, estas circunstancias implican una modificación sustancial de las necesidades de la unidad familiar que justifican la extinción del contrato.
La justicia confirma que existió una transgresión de la buena fe contractual, lo que justifica el despido aunque no hubiera un gran perjuicio económico.
Para la justicia, el informe de los detectives privados es válido porque la vigilancia cumplió los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
La empresa intentó dejar sin efectos el primer despido y, en ambos casos, lo justificaron en que el trabajador había realizado ejercicio durante una baja por cervicalgia.
Con casi 40 años y siendo madre de 5 hijos, confiesa que no tiene “perspectivas ni planes reales para el futuro” y que el despido la dejó "conmocionada y llorando".
La justicia señala que una supuesta deuda no autoriza a un trabajador a cobrarse ese dinero por su cuenta, usando de forma fraudulenta recursos de la empresa.
La empresa no logró acreditar que el trabajador fuera responsable directo de las irregularidades detectadas ni que estas tuvieran la gravedad suficiente para justificar el despido disciplinario.
La mujer, que disfrutaba de una reducción de jornada, defendió sin éxito que en las cámaras no se veía claramente que se quedara con el dinero y que los descuadres son frecuentes en este tipo de trabajos.
El Servicio Navarro de Salud defendía que el caso era competencia del orden contencioso-administrativo, pero el TSJ de Navarra confirma que es del orden social.
La trabajadora utilizaba tarjetas de fidelización ajenas en su propio beneficio sin consentimiento, por lo que el Tribunal considera procedente el despido por abuso de confianza.
El indecente fue algo aislado, duró poco y además el trabajador estaba visiblemente nervioso. Así, el TSJ de Asturias considera que el despido fue desproporcionado.
Las ofensas verbales se produjeron durante una discusión tensa y el trabajador no contaba con sanciones previas a pesar de su considerable antigüedad. Por ello, declararon en este caso el despido improcedente.
La entidad financiera superó el plazo de 6 meses para sancionar al trabajador, por lo que los hechos estaban prescritos. Debe elegir entre readmitirle o pagarle 117.100,82 euros de indemnización.
El Ministerio de Trabajo prometió reformar el despido, pero su negociación está estancada, mientras que UGT pretende recurrir al Tribunal Constitucional.
La trabajadora fue pillada en diez ocasiones durante cinco semanas, ocultándose en un recoveco del obrador para no ser vista, por lo que el Tribunal desestima la nulidad de la prueba de videovigilancia
Con 61 años y cuatro por delante para jubilarse con pensión completa, apenas encuentra empleo y teme perder una gran suma de dinero si se retira ahora.
La compañía calcula un coste medio de casi 455.000 euros por trabajador y espera que el proceso, que ya se ha firmado con los sindicatos, contribuya a su plan estratégico de reducción de costes.
El trabajador que ocupaba un puesto como coordinador, intentó anular el despido alegando que las cámaras no podían usarse para sancionarle y que no fue escuchado antes del despido, lo que vulneraba sus derechos.
La reducción de plantilla en las siete filiales afectadas pasa del 35% planteado al inicio de la negociación a alrededor del 26%, a falta de cerrar el proceso en Movistar+
El TSJ de Madrid declara extinguido el contrato, ya que sufrió una modificación sustancial de condiciones "desproporcionada”, pasando de dirigir un equipo audiovisual a vender ropa en tienda, perdiendo más de 36.000 euros anuales.