Despidos - Página 2

La trabajadora contaba con más de veinte años de servicio en Burdeos y manifiesta que se siente “despreciada” ya que la despidieron tras un incidente con una entrega.

La empresa presentó como prueba las grabaciones de la cámara de vigilancia y el recuento de la caja para avalar el despido disciplinario.

Aunque las causas eran válidas, la justicia reconoce la improcedencia porque la diferencia con la indemnización que le correspondía era casi de un 25%, considerando que no era un mero “error de cuenta”.

La mujer había tenido discrepancias con su supervisora en el pasado, y aseguró que esta la acosaba e intimidaba “para que se fuera por su edad”.

Las trabajadoras participaron en una pelea física violenta que acabó con el despido disciplinario de ambas, si bien solo la que sufrió el corte decidió impugnarlo.

El jefe le reprochó que su baja les costaba dinero, perjudicaba a los demás y era una falta de respecto, lo que para la justicia supone un incumplimiento grave, al atentar contra la dignidad del trabajador.

La empresa le envió hasta tres cartas disciplinarias en dos días y la justicia determina la improcedencia porque, la del despido, solo recogió “imputaciones genéricas”.

La justicia la condenó autora de un delito leve de hurto y, una empresa de seguridad, envió esta sentencia a la empresa. Aunque la dependienta ya había confesado lo ocurrido a sus superioras.

Bruselas anuncia que amplía el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para financiar la formación y orientación laboral a empleados en riesgo de quedarse en paro.

Un tribunal chino ha declarado el despido improcedente y ha otorgado al empleado una indemnización mayor que la que ofrecía la empresa.

Las salidas de contratos indefinidos por no superar el periodo de prueba se han quintuplicado desde 2019 hasta las 31.600 en 2025 y suponen ya siete de cada cien extinciones. La tasa de vacantes en España, del 0,9% frente al 2,3% de la media UE, desmonta la tesis de la falta generalizada de mano de obra.

Para la justicia, la empresa sí intentó adaptar su puesto o reubicarla, pero que ambas opciones eran imposibles por sus lesiones físicas.

A través de un sistema de control descubrieron que no trabajó ni una sola hora en 4 días y llegó tarde más de 40 días.

Al sufrir el infarto en el trayecto de ida (‘in itinere’) no se aplica la presunción automática de laboralidad, debiendo demostrar el empleado un nexo causal.

El tribunal ha considerado desproporcionada la sanción debido al escaso valor de los cupones ya que no apreció un perjuicio relevante para la empresa.

El empleado despedido alegó ser ludópata, una enfermedad que le habían diagnosticado años antes y solicitó que el despido fuese nulo o improcedente.

Llevaba casi 30 años trabajando para la empresa y la justicia determinó que su despido disciplinario era procedente por transgresión de la buena fe contractual.

Tras una breve hospitalización, volvió al trabajo y se encontró a una mujer 30 años más joven que ella ocupando su puesto.

El convenio establecía se garantiza el 100% de teletrabajo si se residía en una provincia donde la empresa no disponía de centro de trabajo físico.

La dependienta recibió la carta de despido por email y denunció que no le habían pagado ni los salarios pendientes ni los días de vacaciones.

Era subdirector de una oficina y, además de crear esta red de financiación irregular, filtró información confidencial de 19 clientes.

Aceptar una indemnización menor, estar cerca de la edad de jubilación o firmar en el SMAC no implica automáticamente tener que pagar IRPF si no se demuestra un acuerdo previo entre empresa y trabajador.

Para la justicia estas actividades no son incompatibles con sus limitaciones físicas, recordando que estar de baja no tiene por qué requerir reposo absoluto.

El tribunal considera que las dolencias no limitan de forma suficiente su capacidad para conducir, pese a los informes médicos y al uso de analgésicos opioides.

Trabajaba en una cadena de comida y, tras su despido, regresó y registró repetidamente pedidos en formato grande de este plato para reembolsarse después el dinero.

El trabajador tenía un contrato indefinido desde 2001 y cobraba más de 6.000 euros al mes, ahora la empresa deberá pagarle o readmitirlo en su puesto.

Aunque la oferta de la compañía mejora el mínimo legal, el sindicado ha mostrado su rechazo. También piden más medidas para minimizar el “impacto social” del proceso.

La justicia declara el despido nulo por vulneración de su derecho a la intimidad y discriminación por razón de salud.

Para el tribunal, el despido fue discriminatorio, ya que ocurrió tras sufrir el infarto y estar de baja por incapacidad temporal a pesar de que la empresa alegó causas organizativas.

Algunas empresas pueden entregar cartas con efectos liberatorios que, de firmarlas, podrían hacernos perder el derecho a reclamar.

La empresa cometió discriminación por razón de discapacidad al extinguir el contrato sin intentar adaptar el puesto a sus limitaciones, tras casi dos años de baja, ni reubicarle.

Repitió el mismo patrón con al menos ocho clientes. A raíz de las quejas de varios de ellos, la entidad bancaria realizó una auditoría que reveló estas irregularidades.

La Audiencia Nacional aclara que el descanso semanal se devenga durante la jornada trabajada, no al finalizar la semana

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha ha confirmado el despido porque la conducta del empleado rompía la confianza laboral.

El nuevo marco permitirá actuar antes de que se produzcan los ceses y facilitar la recolocación mediante formación y orientación laboral.

La empresa aplicó una cláusula de jubilación forzosa pactada en un contrato individual, sin estar vinculada al convenio colectivo ni a políticas de empleo.

Un empleado de Aldi que ese día estaba ejerciendo de responsable de turno, tenía contrato indefinido y llevaba dos años trabajando en el supermercado cuando se produjo el despido.

El sindicato también ha solicitado “el reconocimiento del ERE encubierto” realizado meses atrás, la negociación de un convenio colectivo y “el fin a la persecución sindical” en la empresa.

El Tribunal Supremo avala la procedencia del despido de un empleado que era ya conocido por prácticas similares en el estadio del Osasuna.

El sindicato señala a la empresa por vulnerar el derecho de huelga, convocada por el anuncio de 750 despidos y cambios en el modelo laboral.

Aunque la causa del despido era válida, no se cumplieron los requisitos formales que exige la ley a la hora de comunicárselo a la trabajadora.

La ayuda permite cobrar este porcentaje de la base reguladora a aquellas personas que hayan sido despedidas antes de jubilarse.

El empleado solicitó reincorporarse a su puesto si era posible realizar “ajustes razonables” para adaptarlo, tal y como exige la normativa europea y la doctrina del TJUE.

El sindicato ha anunciado que priorizará la voluntariedad y las prejubilaciones, “evitando salidas traumáticas”.

Además, el incidente generó un alto riesgo para los demás trabajadores de la fábrica. La justicia considera que se trata de una falta muy grave por abandono del puesto y daños en la maquinaria.

La tecnológica de Mark Zuckerberg ejecutará la primera oleada el 20 de mayo, dejará además sin cubrir otras 6.000 vacantes previstas y se suma al recorte anunciado horas antes por Microsoft, que prevé prescindir de 16.000 empleados en su mayor despido colectivo.

La justicia determina que no alcanza la gravedad suficiente para considerarse una transgresión de la buena fe contractual que justifique el despido.

El tribunal destaca en la sentencia que el valor era irrelevante, ya que costaba 6,91 euros, pero esta acción supuso una pérdida de confianza.

Para el Tribunal una única expresión aislada no basta para extinguir la relación laboral si ha estado más de 15 años sin tener ningún incidente.

El Alto Tribunal recuerda que el plazo de 20 días hábiles para impugnar el despido arranca con la baja en la Seguridad Social, aunque el INSS todavía no haya resuelto la incapacidad permanente.

Este Expediente de Regulación de Empleo (ERE) afectará a los centros de Pontevedra, Asturias, Cantabria, Cáceres, Tarragona y Girona.

El tribunal laboral ha considerado desproporcionado el despido y ha tenido en cuenta que los propietarios sabían que era una práctica común entre los trabajadores.

Anteriormente, tanto un Juzgado de lo Social de Córdoba como el TSJ de Andalucía determinaron que las prácticas eran conocidas y toleradas por el banco.

Para la justicia, la cadena de supermercados no demostró que la trabajadora fuera culpable, siendo las pruebas insuficientes.

La Sala ha considerado probado que estaba realizando tareas propias de hostelería claramente incompatibles con su incapacidad temporal.

El gigante tecnológico informó a través de una nota interna ademas de informar que suprimir los 6.000 nuevos empleos.

En la demanda, además de la improcedencia del despido, ha alegado una discriminación por edad.

Aunque no se demostró una influencia real en la conducción, la simple presencia en el organismo ya es una infracción lo suficientemente grave para aplicar el despido.

La empleada tenía más de 5 años de antigüedad en la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos cobrando un sueldo de 1.900 euros.

El TSJ de Asturias concluye que despedir a un trabajador justo después de agotar la incapacidad temporal genera indicios de discriminación por razón de salud y obliga a la empresa a demostrar que el cese no tuvo relación con la enfermedad.