Despidos - Página 2

El laboralista identifica tres señales que preceden habitualmente a un despido: el traslado a un centro con peores resultados, la vigilancia repentina de cada error y las amonestaciones escritas que parecen inocuas pero construyen el expediente disciplinario.

La empresa no pudo demostrar las faltas que le imputaban en la carta de despido y la justicia establece que actuaron como represalia por haber reclamado el primer despido y haber denunciado a la Inspección de Trabajo.

La empleada aparecía en los vídeos con el uniforme de trabajo profiriendo expresiones injuriosas y ofensivas.

Fue despedido a los 50 años y, a pesar de tener una amplia experiencia, nadie le contrataba por su edad.

El plan anticrisis incluye el uso de ERTE, limita los despidos por el impacto energético y adelanta la implantación de planes de movilidad sostenible en empresas.

Como parte del tratamiento, tomaba ansiolíticos y antidepresivos, incompatibles con la ingesta de alcohol.

La Sala de lo Social confirma el caso de una trabajadora de Papa John’s que dejó de acudir a su puesto tras unas vacaciones y no respondió a los requerimientos de la empresa. La resolución, explica en que la dimisión no siempre exige una renuncia escrita.

El trabajador, que estaba de baja por depresión y cuidando de su madre enferma, defendió que no actuó con mala fe, pero aun así la Justicia concluye que conocía su obligación de volver al puesto y confirma el despido disciplinario.

La justicia considera que la desobediencia y faltas al trabajo sin justificar de la trabajadora acreditaban el despido, aunque hubiera estado de baja.

La Justicia descarta la nulidad por discriminación, pero mantiene que la empresa deberá readmitirlo o abonarle una indemnización de 84.492 euros.

El tribunal considera que la apropiación de stock destinado a donaciones rompe la confianza laboral a pesar de tener 13 años de antigüedad.

Se reconoce la improcedencia porque la cadena de supermercados debería haber sancionado las faltas con el despido disciplinario, no entender que era una dimisión tácita.

El TSJ de Madrid da la razón al trabajador porque no había ningún indicio objetivo de que quisiera usar el dinero para “ampliar un negocio existente”, como defendía el SEPE.

La conducta supone una transgresión de la buena fe contractual y abuso de la confianza que prevalece sobre su protección por estar embarazada.

Para el TSJ de Madrid, superó los límites del derecho a la libertad de expresión, tratándose de una conducta con la intención de insultar, menospreciar y difamar.

Se ha constituido la comisión negociadora y el objetivo principal, según Iberia, es renovar la plantilla.

La vicepresidenta defiende nuevas medidas anticrisis y reclama que Europa no se "pliegue a los intereses de Trump".

Existía una conversación de WhatsApp que evidenciaba la simulación del despido, preguntando la empleada si ya le habían “arreglado los papeles”. La justicia acabó enviando el caso a la Inspección de Trabajo.

La plataforma de reparto reducirá su servicio en 63 localidades españolas, repartidas en distintas provincias.

Se había producido una sucesión de empresas y el Tribunal Supremo determina que el pacto de periodo de prueba es nulo cuando el trabajador ya ha desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa.

A través de una auditoria, descubrieron que en casi un año realizó 22 retiradas de efectivo por valor de 2.672,48 euros, fuera de su horario laboral.

La justicia determina que los años de servicios constituían una relación laboral encubierta y no mercantil. Entre los indicios, tenía un sueldo fijo al margen de sus resultados.

El trabajador conocía perfectamente la normativa de la empresa y le habían comunicado previamente en dos ocasiones sobre la misma.

De acuerdo al experto, esta es una de las trampas habituales que se utilizan para despedir sin indemnización.

“Mis ingresos, que habrían sido suficientes para mantener a una familia de seis miembros en 1990, apenas alcanzan para llegar a fin de mes en 2026”, cuenta.

El tribunal obliga a la empresa a readmitirle o indemnizarle con 1.435 euros porque solo le dio un plazo de 24 horas para defenderse, vulnerando la normativa internacional.

La justicia considera que el cese es conforme a derecho porque su plaza había sido cubierta reglamentariamente en un proceso de estabilización, pero sí condenó al Ayuntamiento a pagarle una indemnización de 32.630,40 euros.

La abogada explica que si la empresa incorpora nuevas herramientas de trabajo, está obligada a formar a los trabajdores sobre las mismas.

El abogado recuerda que, si la empresa cambia las fechas a última hora, la vía segura no es “irte igual”, sino acudir al procedimiento urgente de vacaciones ante el juzgado de lo social.

La justicia confirmó la procedencia de su despido disciplinario por transgresión de la buena fe contractual.

El TSJ de Galicia considera que hubo discriminación por razón de sexo y que se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva.

Le soltó expresiones vejatorias como “piensa ahora lo que te vas a ahorrar en tintes”, fundamentando la empresa el despido por transgresión de la buena fe y maltrato verbal hacia los compañeros.

El trabajador alegó que la empresa debía citarle para un reconocimiento médico previo, pero el tribunal sentencia que la obligación de volver al puesto es del empleado.

En España, los límites del periodo de prueba están regulados en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, y alargar este plazo de forma abusiva es ilegal.

Este abogado explica que cuando ha existido “tolerancia empresarial” la empresa no puede despedirte por ello, siendo ese despido improcedente.

La justicia declaró el despido improcedente pero la trabajadora tuvo que acudir de nuevo a los tribunales para que la baja tras el infarto se considerara accidente laboral.

Este abogado laboralista representa a una trabajadora que llevaba 18 años en Mercadona y defiende que su despido es improcedente.

Las empresas están obligadas por ley a entregar este documento cada mes de forma puntual. No darlas puede supone una infracción sancionable por la Inspección de Trabajo.

El convenio colectivo de la cadena detalla qué conductas se consideran falta leve, grave o muy grave y qué sanciones máximas se aplican, incluida la rescisión del contrato por despido disciplinario.

Es la empresa quien elige si opta por la readmisión (con el abono de los salarios de tramitación) o por el pago de la indemnización, salvo que sea representante de los trabajadores o delegado sindical.

El Ejecutivo sostiene que su participación del 10% en la operadora es minoritaria y atribuye la decisión de despedir a más de 5.000 trabajadores a la dirección de la compañía.

La justicia declara el despido improcedente pero no admite la reclamación de los salarios pendientes de recibir porque no lo incluyó en la demanda, solo en el juicio oral.

Aunque la empresa incumplió la ley, porque las vacaciones se deben avisar con al menos 2 meses de antelación, el trabajador tendría que haber reclamado por la vía judicial.

La mujer alegó que tenía dos hijas menores y que su marido había sido trasladado a México, pero que a pesar de ello la entidad bancaria no le había concedido el teletrabajo al 100% ni acogerse a un ERE voluntario.

Además, la justicia le concede una segunda indemnización de 7.501 euros por la discriminación que sufrió, ya que la relegaron a funciones inferiores por haber estado de baja laboral con recaídas.

Conducía la furgoneta de empresa y, a pesar de estar en plena jornada laboral, dio una tasa de 1,46 g/l en sangre.

La mujer intentó usar su antigüedad, de alrededor de 8 años, para defender que el despido era desproporcionado, pero la justicia rechazó este argumento y destacó que este comportamiento de malos tratos fue reiterado.

STC, el sindicato mayoritario de la multinacional, manifiesta que el plazo de adhesión voluntaria es muy corto.

Llevaba 11 años y medio trabajando en la compañía y la justicia ha declarado que su despido es improcedente porque, entre otros motivos, no existía un pacto de exclusividad.

La Administración forzó la jubilación de la trabajadora al cumplir los 65 años a pesar de no cumplir los requisitos de cotización y de que el puesto aún no había sido recuperado por su titular.

El TSJ de Navarra declara que el despido disciplinario es procedente por transgresión de la buena fe contractual, a pesar de que contaba con el consentimiento de los clientes.

Cada día se despiden a 3.700 personas en España. Aunque parezca increíble, ir "impresentable" o con falta de higiene a la oficina es una causa legal para perder el empleo.

La empresa, con la irrupciónn de la IA, comenzó a perder clientes y acumular pérdidas, lo que le obligó a reducir para la plantilla para evitar el cierre.

La trabajadora padece un síndrome de dolor pélvico crónico que, según afirma, empeoró por las presiones que sufría de la empresa.

El Estatuto de los Trabajadores establece que el contrato sigue vigente (con sus obligaciones de asistencia) hasta que un juez declare su extinción por incumplimiento empresarial (según el artículo 50) o se alcancen los umbrales de impago que permiten solicitar la baja indemnizada.

La vicepresidenta segunda carga contra la nueva ley aprobada por el Senado argentino y vincula su contenido con las posiciones de la derecha española.

La empresa lo descubrió porque publicó los días de ruta con Strava y el trabajador intentó defenderse en que los médicos no le prohibieron expresamente montar en bicicleta.

Junto a una abogada han presentado un recurso de amparo para anular las sentencias del Tribunal Supremo que rechazan incrementar estas indemnizaciones por la vía judicial.

A sus 104 años, aún vive en casa, cuida de sí mismo y recuerda con humor y humildad una vida marcada por el trabajo, la guerra y una jubilación que ya dura más de medio siglo.

Le lanzó insultos y ofensas, tanto en privado como en público, y ya había sido sancionado previamente por acosar a otra compañera.