Sentencias

Ninguno de los dos logra quedarse con todo el terreno: uno recupera una parte y el otro no consigue demostrar que la adquirió por el uso con el paso del tiempo.

El Tribunal da la razón a la pensionista y reduce la deuda a 2.606,52 euros, confirmando que el INSS no justificó el cálculo de la cantidad reclamada pese a que la mujer superaba el límite de ingresos.

La sentencia reconoce el derecho de un pensionista afectado por un despido colectivo (ERE) a cobrar este plus y anula el criterio de la Seguridad Social que lo calificaba como jubilación "voluntaria".

Al incumplir el requisito legal de solicitar la ayuda antes de iniciar la actividad, la justicia confirma la decisión del SEPE, y deberá devolver todo el dinero.

El INSS se la había denegado por la vía administrativa, corrigiendo esta decisión el TSJ de Asturias.

La discapacidad de los hijos impide su independencia y que la mejora económica del padre justifica elevar la pensión.

Aunque no se demostró una influencia real en la conducción, la simple presencia en el organismo ya es una infracción lo suficientemente grave para aplicar el despido.

La empleada tenía más de 5 años de antigüedad en la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos cobrando un sueldo de 1.900 euros.

Aunque la trabajadora pidió que se le reconociera la incapacidad permanente absoluta o, subsidiariamente, la total para su profesión habitual, la justicia señala que sus secuelas actuales no le impiden ejercer como contable.

El TSJ de Asturias concluye que despedir a un trabajador justo después de agotar la incapacidad temporal genera indicios de discriminación por razón de salud y obliga a la empresa a demostrar que el cese no tuvo relación con la enfermedad.

No logra demostrar que el terreno sea exclusivamente suyo y el tribunal concluye que deberá seguir compartiéndolo con el otro propietario.

La justicia lo declara improcedente porque solo le ayudó a levantarse, no cobró por ello y no volvió a su domicilio.

La justicia determina que hubo discriminación indirecta por razón de sexo, al mantener una interpretación de la normativa contraria al derecho comunitario y a la jurisprudencia del TJUE.

Los propietarios denunciaban ruidos, amenazas y comportamientos violentos de forma reiterada. La convivencia era insostenible y debía protegerse al resto de vecinos.

La Audiencia Provincial de Barcelona considera que existe incumplimiento del deber de información en un producto complejo y de alto riesgo.

La justicia considera que el importe fijado guarda la debida proporcionalidad según los ingresos de ambos progenitores y el gasto estimado de la menor.

La trabajadora acreditó sufrir polialgias, aplastamientos vertebrales, artrosis en las manos y dolor generalizado que le impedían agarrar objetos o trabajar de pie, motivos suficientes para que el TSJ le reconociera la prestación.

Trabajaba de terapeuta ocupacional en una residencia de mayores y la justicia ha declarado responsable solidario al ayuntamiento, al ser el titular de la misma.

La Justicia aclara que el cumplimiento de un plan de pagos en un concurso de acreedores equivale a estar al corriente de las cuotas, por lo que la Seguridad Social no puede excluir esos años del cálculo de la prestación.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tuvo en cuenta además que el trabajador faltó a su puesto de trabajo y desestimó el recurso que este había interpuesto.

Para mantener la pensión no contributiva de jubilación es necesario que la unidad no supere un mínimo

El Ayuntamiento exigía autorización de los vecinos para ejercer la actividad, aunque el tribunal concluye que esa condición no está prevista en la ley.

Se abre la puerta a la conversión de más de 800.000 funcionarios interinos en fijos, pudiendo ser una forma de sancionar a la Administración a falta de otras medidas.

El TSJ de Madrid confirma la denegación al no quedar acreditado que la madre fuera pensionista contributiva ni que el solicitante careciera de medios propios de vida.

La Administración había dictado varias liquidaciones por el mismo impuesto durante más de una década, y el TSJ concluyó que se vulnera el principio de seguridad jurídica y los límites fijados por el Tribunal Supremo.

Su conducta, sin importar el valor de los productos, supuso una transgresión de la buena fe contractual y abuso de la confianza, aun más atendiendo a que era jefe de departamento.

La mujer, al recibir la herencia superó el límite patrimonial exigido para mantener la ayuda, por lo que la Seguridad Social puede reclamar las cantidades cobradas indebidamente, ya que no informó de ello.

Pedía a una gestora subordinada que le dejara el ordenador abierto con su sesión de usuario para tramitar dichas tarjetas, escaneando el DNI y las firmas.

La azotea es un elemento común y los propietarios actuales deben responder, aunque las instalaciones ya existieran cuando adquirió la vivienda

Que el cliente no recibiera información suficiente para entender el índice es una condición necesaria, pero no suficiente, para anular la estipulación.

Trabajar en el entorno de una explotación minera no basta para anticipar la jubilación, ya que en el personal de exterior deben acreditarse riesgos especialmente cualificados y una participación directa en labores mineras.

La justicia determina que la verdadera motivación era el coste económico de la baja prolongada.

La empleada era encargada de tienda y pagó hasta un 97% menos por el producto que se llevó al aplicar un nuevo precio que no estaba autorizado.

En dicho documento, firmado por la trabajadora, declaraba que no tenía nada que reclamar de la relación laboral, quedando esta “totalmente resuelta”.

El Alto Tribunal explica que la Seguridad Social no puede dejar sin efecto una sentencia firme abriendo por su cuenta un procedimiento de revisión por mejoría antes incluso de que el fallo judicial adquiera firmeza.

La Justicia explica que CaixaBank puede reclamar la deuda hipotecaria a los hijos del fallecido, al quedar ésta vinculada a la herencia aceptada y ser los herederos responsables solidarios del préstamo pendiente.

Esta obligación deriva de la Ley 27/2011, cuyo objetivo es evitar que empresas trasladen al sistema público el coste de despedir a trabajadores de mayor edad.

La Justicia pide a la agricultora que devuelva esta cantidad al comprobar que había incumplido el plan empresarial y no comunicó el cese de actividad en el plazo exigido.

La notificación de la resolución del INSS implica el fin de la suspensión del contrato por baja médica, exigiendo a la empleada reincorporarse o aportar partes médicos que justificasen su incapacidad de trabajar.

Aunque el dueño sostenía que la ocupación afectaba a una mayor superficie, los informes no acreditaron que el espacio bajo la escalera fuera de su propiedad.

La demandante alegó que, como legataria de bienes específicos, la ley no permite que se le impute el ajuar doméstico, tal como recoge el artículo 23.2 del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

El TSJ de Cataluña corrige el criterio del INSS y le reconoce una pensión de incapacidad permanente total para su profesión habitual.

El Alto Tribunal aclara que, aunque el INSS tenga potestad para revisar las incapacidades, esta herramienta no se puede utilizar para suspender el cumplimiento de una resolución judicial favorable al trabajador.

La abogada explica que, al imputarse toda la cuantía en un solo ejercicio, la carga fiscal es mayor, ya que el IRPF es un impuesto progresivo.

El Alto Tribunal aclara que, aunque la pensión se reconozca con efectos retroactivos, esos importes no se reparten entre los ejercicios anteriores, sino que se imputan al año en que la resolución judicial adquiere firmeza.

Quien desempeñe funciones propias de un puesto superior de forma continuada tiene derecho a percibir sus retribuciones complementarias correspondientes.

El trabajador tenía cuotas impagadas y prescritas, las cuales no contaban para cumplir con la carencia genérica de 5.475 días.

El Alto Tribunal determina que es válido siempre que no exista fraude de ley, permitiendo a una mujer cobrar el paro en pago único para darse de alta como autónoma colaboradora en la empresa de su marido.

Aunque sostenían que no hubo pago real y que el precio era irrisorio, el tribunal concluye que no han demostrado la simulación y mantiene la validez de la escritura.

El tribunal consideró que la empresa consentía el consumo ocasional de productos y que la conducta no fue lo suficientemente grave para justificar el despido.

El tribunal confirma que la trabajadora y una empresa ficticia simularon una relación laboral de una semana con el único fin de generar fraudulentamente el derecho al subsidio por desempleo.

Aunque alegaban que era un sistema antiguo y compartido, el tribunal concluye que no existe servidumbre y ordena eliminar las canalizaciones que atravesaban la vivienda

El tribunal señala que un “no apto” para un puesto específico en una empresa no equivale automáticamente a estar incapacitado para toda una profesión u oficio general.

Una pareja la tuvo retenida alrededor de 4 meses y medio en condiciones insalubres y han sido condenados a 11 años y medio de cárcel.

El trabajador amenazó con iniciar una nueva baja médica porque “estaba hasta los huevos del trabajo”. Para la justicia, supone un quebranto de la buena fe contractual.

El Alto Tribunal recuerda que volver a convivir tras la separación no basta para cobrar esta prestación si la reconciliación no se comunicó al juzgado, ya que en ese caso la situación legal sigue siendo la de separación matrimonial.

La Seguridad Social había tratado la solicitud como si fuera una jubilación anticipada ordinaria cuando en realidad era por discapacidad.

La valoración inicial fijada por el Jurado de Expropiación en poco más de 30.000 euros acabó en los tribunales tras el desacuerdo sobre la naturaleza del suelo.

El trabajador alegó que se había mudado a casa de su madre para cuidarla y se le acumuló el correo, así como que tenía un parte de su médico de cabecera de una revisión.

La Seguridad Social le denegó la pensión de jubilación al no aplicarle correctamente los coeficientes reductores debido a su discapacidad del 68%, por lo que el Tribunal lo corrigió y le reconoció el 100% de la pensión.