Sentencias

Su apariencia física no coincidía con la que se mostraba en las fotografías de los documentos, siendo la diferencia “absoluta” a simple vista.

Los hermanos no esperaron a que se resolviera si la mujer también era hija del fallecido y valoraron el principal inmueble muy por debajo de lo declarado, para perjudicar su legítima.

El trabajador lanzó varios comentarios contra la política de diversidad de la compañía en un chat corporativo donde había unos 4.400 empleados.

La madre nombró heredero universal a su hijo y ordenó que el viudo cobrara su parte en dinero, pero no había efectivo suficiente en la herencia.

El banco puede exigir un seguro vinculado al préstamo, pero debe permitir que el cliente elija otra aseguradora si ofrece las mismas garantías.

El acuerdo transaccional estaba redactado de forma confusa y contenía cláusulas contradictorias sobre su eficacia.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma la sanción a raíz de la denuncia de FACUA, que insta a la compañía a devolver el dinero exigido de manera irregular.

Aunque intentó reclamar ante el TSJ de Cataluña, inadmitieron su recurso porque la cantidad a devolver era inferior a 3.000 euros.

Durante más de 6 años, la propia trabajadora pagó sus cuotas al RETA cuando debía estar inscrita en el Régimen General de la Seguridad Social.

Aunque el impago del IBI puede permitir resolver un contrato antiguo, no puede hacerse si el propietario reclama mal la deuda.

Para el INSS sus lesiones no son lo suficientemente graves para acceder a la pensión de incapacidad permanente total, considerando que puede seguir desarrollando su profesión habitual.

La Seguridad Social solo quería reconocerle la incapacidad permanente total.

No puede considerarse que hay una donación encubierta ni que se perjudica a otros herederos cuando se cedan bienes a uno de los hijos con un contrato de alimentos, con cuidados reales, convivencia y asistencia hasta el fallecimiento.

La trabajadora no pudo justificar qué cuidados realizaba ni para qué usaba las 15 horas de la reducción de jornada semanales que le concedieron.

La finca incluía el acceso, el aparcamiento y la zona de carga, pese a que los colindantes defendían que parte del terreno pertenecía a otra finca familiar.

La justicia considera que acogerse a un plan de prejubilación en el marco de un despido colectivo no supone un cese voluntario.

El SEPE le reconoció el subsidio y, varios años después, le pidió que lo devolviera porque habían cometido un error al revisar los años cotizados.

La justicia considera que son actividades cotidianas que no afectan negativamente en su recuperación.

Comunicó a tiempo su contrato laboral, pero la Administración tardó años en extinguir la ayuda y se le exonera del pago.

La cadena no pudo demostrar que en dicho vaso hubiera cerveza, como defendían, y no dio tiempo material a la empleada a justificar su falta.

Aunque él puede reclamar parte de las cuotas hipotecarias e impuestos que pagó solo, ella también debe recuperar parte del dinero invertido o en reformar la casa.

El tribunal considera que los agujeros en estas zonas de recreo para perros pueden producirse por la propia actividad de los animales y que la usuaria debía extremar la precaución.

El trabajador llevaba sin cotizar desde 1992 al percibir una invalidez en Suiza, lo que obligó a retroceder el periodo de cálculo para cumplir la carencia específica.

Anula la práctica de Logirail que exigía a los trabajadores de taquillas asumir los descuadres de caja en un máximo de 48 horas, al considerar que traslada ilegalmente el riesgo del negocio a los empleados.

Los inquilinos causaron molestias reiteradas y una situación de insalubridad que afectó al resto de vecinos, motivos previstos en la LAU para resolver un contrato de alquiler.

No basta con vivir en la finca o tener actividad agropecuaria si no se acredita que la vivienda sea imprescindible para la explotación.

No existe ninguna previsión legal que permita sumarlo para alcanzar la cotización mínima, solo para la jubilación anticipada o parcial.

Los acusados habrían manipulado los tickets y cobros durante al menos un año para quedarse con el dinero.

El SEPE inicialmente le pedía devolver todo el dinero que cobró de la ayuda, unos 17.257,11 euros.

Este tribunal dicta que, ante la duda, se debe favorecer el derecho fundamental a la educación (artículo 27 de la Constitución Española).

La comunidad puede reclamar por humedades y filtraciones aunque los contratos originales los firmara la cooperativa que promovió las viviendas.

Aunque aseguraba que su pareja le había dado permiso para usar el dinero, la justicia considera que no había prueba de dicho consentimiento y que aprovechó su delicada situación para lucrarse.

Una baja laboral de 4 días no es un indicio por sí solo suficiente de que el despido se deba a una discriminación por razón de enfermedad.

También se asignó dos días extra de vacaciones. Todo ello, supuso una transgresión de la buena fe contractual y abuso de la confianza.

Las sospechas no bastan para condenar y que no se acreditó que existiera engaño, apropiación indebida ni facturas falsas.

La empresa no cumplió con su obligación de adoptar medidas frente al estrés térmico y de no superar los límites máximos de temperaturas.

El tribunal señala que, a pesar de la incontinencia, esta no la inhabilita para su profesión habitual.

Computar la ayuda como ingresos podría generar una discriminación institucional por motivos socioeconómicos hacia las familias con rentas bajas.

La viuda del heredero fallecido debe intervenir en la partición si los bienes que le correspondían a su marido pueden afectar al cálculo de su legítima.

Siempre que se haga en el plazo de preaviso y no se cause perjuicio a la empresa, los trabajadores pueden arrepentirse de su baja voluntaria y no perder su puesto.

El juzgado considera que la salida estaba justificada por un problema de habitabilidad y que el propietario no podía reclamar todas las rentas si la inquilina había intentado devolver las llaves.

El permiso de la comunidad no sustituye la licencia urbanística ni permite hacer una obra nueva si la normativa municipal exige autorización o un proyecto conjunto de fachada.

La cadena de supermercados debe readmitirla en las mismas condiciones y pagarle una indemnización de 15.000 euros por daños morales.

El trabajo es incompatible con la pensión de jubilación en la Seguridad Social italiana.

La mujer cobró la ayuda entre 2019 y 2022, pero la Justicia determina que cumplía los requisitos y la exime de la deuda

La justicia confirma que estas conductas son actividades molestas y peligrosas y justifican resolver el contrato de alquiler.

El TSJ de Madrid deniega el visado de reagrupación familiar al pedir pruebas de pobreza más relevantes que demuestren la necesidad “real” de estar juntos.

Estar en situación irregular y trabajar sin contrato no anula los derechos que se tienen como trabajador.

No se considera que los padres hayan donado la vivienda, sino el dinero usado para comprarla, por lo que ese importe debe tenerse en cuenta en la partición de la herencia.

El puesto que le ofrecieron era el que tenía antes con las mismas condiciones, rechazándolo la trabajadora porque no podía compaginarlo con su otro empleo.

No basta con colocar una construcción sin autorización si puede desmontarse y no altera de forma permanente la finca alquilada.

No basta con rechazar una herencia cuando existen deudas para cometer un delito. Es necesario demostrar que la renuncia se hizo para impedir o dificultar gravemente el cobro de la misma.

La ganancia real neta era de 1.829,85 euros, lo que para la justicia genera la “duda razonable” de si se debe comunicar de forma inmediata.

La situación de vulnerabilidad económica o social no impide la extinción del contrato de alquiler ni el derecho del propietario a recuperar el inmueble cuando ha finalizado el plazo pactado.

Cuando estos trabajos forman parte de la conservación del edificio deben pagarse por todos los vecinos aunque hayan votado en contra.

Dos empresas las usaron como un mecanismo para saltarse la prohibición de que los trabajadores a tiempo parcial realicen horas extraordinarias o “perentorias”.

El empleado, sin éxito, alegó problemas personales al estar pasando por un divorcio “doloroso”.

Reconocer la condición de indefinido no fijo no es suficiente para sancionar el abuso cuando el empleado ha aprobado varios procesos selectivos sin obtener la plaza.

Su exmarido intentó evitar el pago alegando que ella había trabajado nueve meses fuera de casa.

El plazo para ejercer el retracto de colindantes empieza desde que la compraventa se inscribe en el Registro de la Propiedad, aunque los interesados no conozcan todavía el precio ni todas las condiciones de la venta.