Sentencias

Al reconocer el derecho al padre por vía judicial, la Seguridad Social suprimió el plus de la madre y le exigió reintegrar las cantidades cobradas, pero el tribunal confirma que la prestación no es exclusiva.

Aunque la instalación era obligatoria por existir personas mayores de 70 años, las obras perjudicaban gravemente a otros vecinos y no podían ejecutarse en esas condiciones.

Compartir baño y zonas comunes no impide que el contrato quede protegido por la Ley de Arrendamientos Urbanos si cubre una necesidad de vivienda permanente.

La sentencia sostiene que aparecen periodos en los que no estaba inscrito como demandante de empleo que no quedaron justificados por causas ajenas a su voluntad.

El tribunal concluye que la empresa no actuó de forma discriminatoria, sino que la trabajadora no alcanzó los objetivos necesarios para cobrar el incentivo.

El jefe le reprochó que su baja les costaba dinero, perjudicaba a los demás y era una falta de respecto, lo que para la justicia supone un incumplimiento grave, al atentar contra la dignidad del trabajador.

No puede bloquear unilateralmente el paso que su vecino venía utilizando históricamente para acceder a su vivienda. Las acciones posesorias protegen frente a cierres realizados “por las malas”.

Aunque el error inicial fue de la Administración, el tribunal concluye que cobrar dos ayudas incompatibles obliga a su reintegro, aplicando el límite legal de los últimos cuatro años.

El TSJ de Cataluña concluye que la falta de inscripción en el Registro Civil español no invalida un matrimonio celebrado en el extranjero.

La sentencia descarta la conversión automática en fijos salvo en casos de trabajadores que superaron procesos selectivos.

Fue suficiente que varias copropietarias comunicaran por burofax su voluntad de no renovar el contrato, aunque el piso perteneciera a más herederos y el inquilino alegara vulnerabilidad.

La empresa le envió hasta tres cartas disciplinarias en dos días y la justicia determina la improcedencia porque, la del despido, solo recogió “imputaciones genéricas”.

Cobraba una pensión de incapacidad permanente total pero la justicia aumentó el grado por su grave deterioro psiquiátrico y cognitivo.

La Administración no acreditó diferencias reales en sus funciones, responsabilidad o penosidad que justificasen una retribución inferior en Murcia.

La justicia la condenó autora de un delito leve de hurto y, una empresa de seguridad, envió esta sentencia a la empresa. Aunque la dependienta ya había confesado lo ocurrido a sus superioras.

La Audiencia de Tarragona ha considerado probado que manipuló la documentación y suplantó identidades para conseguir préstamos, tarjetas financieras y créditos al consumo.

No se puede bloquear unilateralmente un acceso utilizado durante años por otros vecinos y recuerda que cualquier conflicto sobre el paso debe resolverse en los tribunales y no mediante vías de hecho.

Los espacios comunes forman parte del trayecto laboral siempre que exista una conexión temporal y finalista con el trabajo.

La Ley de Enjuiciamiento Civil referente a la sucesión procesal por fallecimiento, les obliga a asumir las responsabilidades laborales contraídas por la fallecida.

La demandante alegó que la liquidación era provisional y podía rectificarse para aplicar la doctrina del Tribunal Supremo sobre el ajuar doméstico, pero el fallo ratifica que el pago quedó firme al no interponerse recursos en plazo.

Dos inspecciones revelaron la contratación de extranjeros sin permiso de residencia ni trabajo en España y además sin alta en la Seguridad Social.

Los animales vivían solos dentro del inmueble y que las molestias afectaban gravemente al descanso y la intimidad del resto de propietarios.

Gracias a que la autopsia reveló que la trabajadora tenía el estómago vacío, se entendía que no se había tomado su descanso para comer.

El Tribunal Supremo de Justicia de Cantabria ha confirmado que el trabajador tiene derecho a la pensión de por vida después de que la Seguridad Social rechazara su solicitud.

El Tribunal Supremo explica que una multa posterior a la empresa no sirve para cambiar la calificación de la incapacidad de común a laboral.

Considera ilegal exigir el mismo umbral de horas a quienes concilian que a los tripulantes con jornada completa.

El tribunal aclara que una norma declarada inconstitucional no puede seguir aplicándose y que la vulnerabilidad no impide automáticamente recuperar la vivienda.

Aplica la doctrina constitucional que declaró inconstitucional limitar el permiso a 16 semanas en los hogares con un solo progenitor

El tribunal aclara que el contrato había alcanzado su duración máxima legal y pasó a tácita reconducción mensual, por lo que la propietaria podía resolverlo mediante preaviso.

Para la justicia, la empresa sí intentó adaptar su puesto o reubicarla, pero que ambas opciones eran imposibles por sus lesiones físicas.

El dinero pertenecía exclusivamente al fallecido y que la esposa no pudo justificar el destino de las transferencias realizadas pocos días antes del fallecimiento.

La comunidad puede regular el uso de los elementos comunes por motivos de seguridad y control de accesos.

Sin registro horario, un infarto en el domicilio del teletrabajador se considerará accidente laboral.

Continuar abonando la renta no da derecho a mantener el alquiler y que la ley no permita encadenar subrogaciones indefinidamente en las viviendas de renta antigua.

La justicia confirma la indemnización por daños morales y económicos al considerar que la madre ocultó dudas razonables sobre la verdadera paternidad de la menor.

Los complementos salariales de disponibilidad, los periodos de descanso o los coeficientes de jubilación no pueden absorber el pago de horas extraordinarias salvo que el convenio lo especifique de forma expresa.

El TSJ de Madrid rechaza reconocer la pensión extraordinaria a la viuda y sus hijos al considerar que el fallecimiento del inspector se debió a una enfermedad coronaria previa.

Ni la retirada del CIF de su empresa ni sus problemas médicos demostraban de forma suficiente que hubiera dejado de ejercer como autónomo.

El contribuyente debe acreditar con pruebas suficientes que no existió un incremento real del valor del terreno y que sufrió un perjuicio económico efectivo.

Para el SEPE, existían sospechas de connivencia, ya que el trabajador no impugnó el despido y había firmado un acuerdo donde renunciaba a ello a cambio de más de 2.000 euros de finiquito.

El TSJ de Andalucía ha rechazado la agrupación porque no se acreditaron ingresos en los seis meses previos, aunque la familia enviaba mensualmente 200 euros a la anciana.

Al sufrir el infarto en el trayecto de ida (‘in itinere’) no se aplica la presunción automática de laboralidad, debiendo demostrar el empleado un nexo causal.

El tribunal aclara que el requerimiento debe ser claro, que la causa debe estar justificada y que los problemas económicos no permiten recuperar la vivienda antes de tiempo.

El tribunal ha considerado desproporcionada la sanción debido al escaso valor de los cupones ya que no apreció un perjuicio relevante para la empresa.

Aunque el SEPE reclamaba el reintegro alegando que el subsidio se había concedido por error, el Tribunal Supremo entiende que la beneficiaria lo cobró de buena fe y que la cuantía servía para cubrir sus necesidades básicas de subsistencia.

El empleado despedido alegó ser ludópata, una enfermedad que le habían diagnosticado años antes y solicitó que el despido fuese nulo o improcedente.

El alto tribunal recuerda que las horas extra pueden compensarse con descanso o abonarse económicamente, pero no darse por pagadas mediante un plus genérico que no identifique de forma específica esa retribución.

No puede obligarse a pagar a un propietario si las normas internas del edificio le excluyen expresamente de ese gasto.

El Tribunal Supremo avala que la Comunidad de Madrid retirase de oficio la pensión no contributiva al considerar que el pensionista superó el límite de renta.

Las necesidades del operario para el cuidado de sus hijos priman sobre las razones organizativas de la empresa pública.

La mujer sacó dinero de la cuenta conjunta y no pudo demostrar que fuera privativo, por lo que se considera parte de la herencia y tiene que dar a sus hijos lo que le corresponda..

Llevaba casi 30 años trabajando para la empresa y la justicia determinó que su despido disciplinario era procedente por transgresión de la buena fe contractual.

Mientras cobraba la pensión, firmó un contrato por cuenta ajena a jornada completa durante un mes sin avisar antes a la Seguridad Social ni pedir acogerse a la jubilación flexible, por lo que su pensión de ese periodo se consideró incompatible.

El tribunal aclara que un acuerdo verbal no basta, que seguir pagando no alarga el alquiler y que no es obligatorio ofrecer un nuevo contrato social.

El fallo reconoce el derecho de información sindical como parte esencial de la libertad sindical y avala el acceso a datos clave sobre salarios, contratos y jornada.

El convenio establecía se garantiza el 100% de teletrabajo si se residía en una provincia donde la empresa no disponía de centro de trabajo físico.

La única prueba era una escritura de herencia firmada años después de que el terreno ya hubiera sido vendido e inscrito a nombre de otros propietarios.

Aunque no utilice el servicio, debe asumir el coste porque la instalación aumenta el valor del inmueble y puede beneficiarse de ella en el futuro.

La justificación del SEPE al reclamarle parte de la devolución de la ayuda fue “abstrusa”, además de que el autónomo presentó gastos por encima incluso de lo percibido.

Distingue entre puestos con horario predeterminado y aquellos con patrones irregulares a efectos de la carga de la prueba.