Sentencias

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha revocado una sentencia previa y da la razón a Lanbide para que el beneficiario compense los pagos indebidos.

La justicia, en línea con la Inspección de Trabajo, consideró que el contrato que firmaron fue en realidad una simulación para poder cobrar la ayuda.

El trabajador únicamente debe recuperar el tiempo que excede de su jornada anual prorrateada, lo que para la Audiencia Nacional no es una práctica discriminatoria.

No se pueden abrir ventanas con vistas sobre la finca vecina si no se respetan las distancias legales y no existe una servidumbre que lo permita.

Solo el progenitor en cuya vivienda figura domiciliado el menor puede cobrar la prestación como unidad de un adulto con un hijo.

El trabajador cobraba 93.393,98 euros de salario y se acogió de manera voluntaria al despido colectivo de la empresa.

El Supremo determina que exigir estar dado de alta es ilegal, por lo que sí tenía derecho a la pensión de jubilación.

La empresa despidió a otros cuatro trabajadores con antigüedades similares.

El contrato firmado con la antigua propietaria no podía obligar a la nueva dueña del inmueble y, además, el alquiler ya había agotado su duración legal.

Aunque la empresa tenía motivos razonables para perder la confianza en la gerente, el despido es improcedente porque tardaron un año en sancionarla y las faltas habían prescrito.

Trabajaba como dependienta en un bazar y la empresa ni siquiera se presentó al acto de conciliación ni al primer juicio.

No basta con incluir en el contrato una cláusula genérica para recuperar la vivienda por necesidad. El propietario debe comunicar la causa concreta y hacerlo con al menos dos meses de antelación.

La mujer comunicó desde el primer momento que percibía una pensión de incapacidad permanente y el error en el reconocimiento fue exclusivamente del propio organismo.

Este hombre no consiguió acreditar el grado de integración mínimo que se pide para que le den la nacionalidad, a pesar de tener familia y trabajo en España.

La justicia rechaza que tuviera permiso para colocar la caldera en una zona común del edificio y recuerda que los demás vecinos la instalaron dentro de sus cocinas.

El TSJ de Madrid considera clave que la cuenta bancaria y el fondo de inversión figuraran en cotitularidad y que durante años se declararan al 50%.

La justicia considera que se trataba de una relación laboral encubierta y carecía de independencia. Por ejemplo, no podía fijar sus precios y tenía que coordinar las vacaciones con la empresa.

La mujer empezó a cobrar su prestación, pero la Seguridad Social, al dar cumplimiento a una sentencia que reconocía el derecho de la primera esposa del fallecido, revisó el expediente y exigió la devolución de las cantidades cobradas de más.

En este caso, enviar el insulto por error al chat corporativo no es motivo suficiente para la máxima sanción laboral, ya que no existía la voluntad de “injuriar”.

La jusiticia considera que el defecto del motor ya existía antes de la entrega y que la cláusula “sin garantía” no quedó correctamente incorporada al contrato.

El propietario debe retirar las obras y restaurar el terreno, al tratarse de suelo forestal protegido donde no podía extender el uso privado de su vivienda.

El tribunal reconoce 16.138 euros de prestación a un autónomo que pasó a facturar 0 euros después de perder al cliente del que dependía prácticamente todo su negocio.

La justicia declara el despido improcedente, pero no nulo, porque la empresa se basó en hechos reales constatados por un detective privado, si bien eran insuficientes para justificar el cese.

La Audiencia avala la pensión de la exmujer por su dedicación familiar previa, pero extingue los alimentos de la hija de 25 años.

La demandante alegó que la falta de visita del perito, al repetirse en tres procedimientos sobre los mismos inmuebles, había dejado de ser un defecto formal subsanable para convertirse en un error material que impedía aplicar la retroacción de actuaciones del artículo 239.3 de la Ley General Tributaria.

La Justicia consideró probado que no existía dependencia familiar que obligase a la menor o a su madre a abandonar el país.

Aunque la comunidad permitía instalar aparatos de aire acondicionado en las terrazas, la Audiencia entiende que esa libertad tiene un límite: no causar molestias ni perjudicar el uso normal de la vivienda colindante.

La justicia avala la sanción, que supuso una pérdida de 1.739,28 euros para el empleado, cobrando especial importancia que el almacén opera como depósito aduanero bajo el estricto control de la Agencia Tributaria.

El TSJ de Andalucía revoca la reclamación al concluir que el INSS le atribuyó el 100% de una finca de la que solo poseía el 25% y le imputó como patrimonio una herencia que todavía no había aceptado.

Aunque la caída se produjo por la existencia de agua en el suelo, la Audiencia considera que no se acreditó una actuación negligente de la comunidad.

La justicia ha anulado la venta de un apartamento que se llevó a cabo hace 4 años porque el vendedor no advirtió de los ruidos nocturnos y de lo que hacían los jóvenes allí.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife considera que la silla estaba destinada a atender al público y que su rotura demuestra su mal estado o falta de idoneidad.

La Ley de Arrendamientos Urbanos solo permite al inquilino desistir del contrato cuando hayan pasado al menos seis meses desde el inicio del alquiler.

Aunque existían pagos fraccionados y una deuda de 365 euros, solo en 4 ocasiones el retraso fue superior a los 15 días, considerando el incumplimiento insuficiente para la extinción indemnizada.

La justicia determina que la trabajadora no ha experimentado ninguna evolución positiva. Incluso tuvo que suspender su medicación biológica debido al dolor articular persistente.

La justicia considera que no existían pruebas suficientes que demostraran el “fraude de ley” y que las valoraciones subjetivas de la Inspección de Trabajo carecen de presunción de certeza.

La Justicia considera acreditado el intento de fraude al comprobar que el trabajador introdujo referencias más baratas que las botellas que llevaba en el carro de la compra.

El Ayuntamiento podía recuperar la vivienda municipal al haber finalizado todas las prórrogas legales del alquiler, aunque la arrendataria alegara vulnerabilidad social.

La sentencia mantiene la ventanilla única digital así como la obligación de informar por parte de las plataformas.

La Justicia confirma que el incremento del 20% de la incapacidad permanente total es un complemento de naturaleza prestacional, por lo que sus efectos económicos solo se retrotraen tres meses desde la fecha en que se solicita.

El TSJ vasco ha considerado que las rentas pactadas tras la salida del banco, aunque no sean un sueldo, se podrán equiparar a pagos embargables.

Confirma una liquidación de Hacienda de 191.714,50 euros por no practicar retenciones en las indemnizaciones abonadas a seis exempleados mayores de 61 años.

La empresa comprobó que el empleado mandaba localización de un punto cuando en realidad estaba en otro.

La propietaria acreditó una causa de necesidad válida, ya que su hija era adulta, trabajaba por cuenta ajena y quería hacer vida independiente.

El tribunal explica que, aunque podía hacer algunas actividades, seguía necesitando supervisión continua de sus padres para medicarse, asearse o salir a la calle.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aplica la doctrina del paréntesis y reconoce el derecho a cobrar pese a no llegar a la carencia específica de los últimos quince años.

El TSJ explica que el retraso en invertir el dinero obtenido por la capitalización del paro no convierte la ayuda en indebida, ya que la norma solo exige destinar la prestación al proyecto aprobado y no cumplir un plazo estricto de un mes.

Aunque la junta había denegado el permiso, la Audiencia considera que la comunidad no justificó su negativa, que no había prohibición estatutaria y que la instalación no perforaba la fachada.

La sentencia reconoce el derecho de los trabajadores del sector a disfrutar de un día adicional de descanso cuando un festivo nacional, autonómico o local se solape con su día de libranza.

La justicia confirma que tiene secuelas importantes y una incapacidad permanente total, pero no absoluta, porque las imágenes muestran que puede realizar actividades básicas de la vida diaria.

La Justicia ha rechazado exigir un nivel mínimo de renta tasado para acreditar que un hijo de más de 21 años está “a cargo” de un ciudadano español.

La justicia determina que estas actividades no afectaban negativamente a su lesión ni retrasaban su recuperación, por lo que no hubo transgresión de la buena fe contractual.

Los trabajos adicionales deben abonarse cuando el propietario los acepta y se beneficia de ellos, aunque el presupuesto inicial fuera cerrado.

La Seguridad Social había reclamado 1.760 euros al considerar que la búsqueda de empleo estando de baja médica era una actividad no autorizada.

La justicia confirma que la donación debe reducirse porque no se probó que los demás legitimarios hubieran recibido en vida las cantidades que les correspondían.

No le comunicaron su despido y se enteró de que ya no seguía prestando servicios en el hospital por el mensaje de baja de la Seguridad Social.

En la denuncia también se hace referencia a movimientos bancarios, pagos mensuales o transferencias que está investigando la Fiscalía.

La justicia concede la custodia al padre pese a que el informe psicosocial no lo recomendaba, al considerar que la decisión de la hija era firme, madura y meditada.

El empresario tendrá que pagar más de 25.000 euros en concepto de indemnización por despido improcedente, salarios de tramitación y vacaciones pendientes.

No basta con firmar un alquiler de menos de un año para considerarlo temporal, debe existir una causa real que justifique esa duración limitada.