Sentencias

La justicia explica que realizar prácticas de un máster no equivale a trabajar para un tercero y descarta que simulara su enfermedad o interfiriera en su curación.

La artrosis de rodilla y los problemas de incontinencia, le impidía el poder ponerse de pie o caminar de forma continuada.

La justicia, en cambio, rechaza su petición de cobrar 53.000 euros extra por daños morales, al descartar que hubiera una vulneración de sus derechos fundamentales.

El tribunal, al comprobar que la mujer actuó de “buena fe” y no oculto ningún dato, la exime de la obligación de devolver el dinero.

El dueño de la administración de lotería engañó a su cliente cuando fue a comprobar sus boletos diciéndole que no estaba premitado y después intentó cobrarlo como si lo hubiera encontrado.

El trabajador solicitaba que se reconociera la absoluta debido a las dolencias que padecía, pero el tribunal considera que su capacidad laboral no está anulada por completo.

La ley prevé que los caseros puedan recuperar la vivienda por necesidad de un familiar cuando se cumplen ciertos requisitos.

La justicia confirma que quien adelanta los gastos funerarios puede reclamar su devolución al heredero, salvo que exista un pacto válido que demuestre que asumió definitivamente ese pago.

Los estatutos recogían una exención para determinados gastos de portal, pero no podía extenderse a todos los gastos derivados de obras en estas zonas para eliminar barreras arquitectónicas.

Aunque la empresa no justificó bien el motivo del cese, no es nulo el trabajador no demostró que se hubieran vulnerado sus derechos fundamentales.

Las faltas estaban prescritas y la dirección permitía esta práctica: los empleados recuperaban la parte del IVA y la mercantil lograba reducir su factura fiscal.

La mujer cobró el subsidio entre 2020 y 2023, pero el Tribunal la obliga a devolverlo al comprobar que tenía una buena situación económica.

Los operarios de la gran empresa agraria, Valle de Odieta, destruyeron el trigo y el centeno que el agricultor ya tenía sembrado.

El trabajador pedía que se le mantuviera el grado de incapacidad, pero el tribunal considera que su evolución le permite ahora realizar otras actividades.

La comunidad había autorizado una estructura desmontable de madera con toldos beige, pero no una cubierta rígida con tablones y lámina asfáltica.

La justicia obliga a la Seguridad Social a calcular la pensión basándose en el salario a jornada completa, duplicando la cuantía para evitar la discriminación indirecta por razón de sexo.

Se descarta la discriminación porque la empresa perdió un cliente que suponía casi el 40% de su facturación.

Aunque es una causa válida para aplicar un despido disciplinario, el despido únicamente por bajo rendimiento debe demostrarse detalladamente.

Aunque el contrato ponga indefinido los alquileres se consideran temporales, y el inquilino no puede quedarse indefinidamente.

Una donación puede quedar dispensada de colación, pero su valor debe tenerse en cuenta para el cálculo de la legítima del resto de herederos forzosos.

En unas reuniones, uno de los participantes se olvidó de cerrar la aplicación y esta siguió grabando. El uso de la empresa de estas grabaciones supone una vulneración del derecho a la intimidad.

Los atrasos se cuentan a partir de las nuevas lesiones y no desde la denegación inicial.

Al existir convivencia y no probarse el cobro de un salario, la actividad se considera un “trabajo familiar” sin derecho a la prestación por desempleo.

Su estado de salud físico y psíquico le impedía tener un control mínimo sobre cualquier tipo de trabajo, a pesar de estar bajo tratamiento farmacológico.

Borró el archivo con los salarios nada más se lo pidieron.

El tribunal aclara que las indemnizaciones por despido están exentas a la hora de acceder al subsidio para mayores de 52 años.

La Seguridad Social alegaba que todavía no había agotado todos los tratamientos, pero no aportó ninguna prueba de que estos fueran a mejorar su estado.

Fueron dos hechos puntuales que no tenían la gravedad suficiente para justificar el despido disciplinario.

Estos ganaderos intentaron también justificar sus conocimientos en ganadería con un curso de 510 horas, pero no les sirvió de nada.

Aceptar pagos hasta el desalojo no implica renovar el alquiler, sino compensar la ocupación de la vivienda cuando ya se ha comunicado correctamente el fin del contrato.

Según el convenio el plus compensa el trabajo en festivos y la prolongación de jornada, sin necesidad de renunciar al descanso.

El tribunal considera que sus secuelas le impiden trabajar, pues sufre el riesgo de quedarse dormido de forma repentina.

Estuvo los últimos 18 años sin cotizar ni un solo día a la Seguridad Social.

La Seguridad Social le pide a una madre devolver 4.324,35 euros de Ingreso Mínimo Vital por incluir la pensión de alimentos que recibía para su hija menor de edad.

La justicia determina que negar este plus por motivos de salud supone una discriminación directa, aunque excluye al personal de bares y cafeterías por tener una realidad económica diferente.

La Audiencia Provincial de Madrid considera que la entidad puso el "beneficio propio" por delante y solo se dedicó a "cubrir el expediente" para conseguir las firmas sin explicar los altísimos riesgos reales a la víctima.

Aunque el despido se declaró improcedente, la justicia falló que el tiempo de espera entre rutas no era tiempo de presencia porque disponía de total libertad.

La mujer no pudo ejercer su derecho al retracto arrendaticio para quedarse con la casa porque, tras la muerte de su marido, no notificó por escrito su subrogación en el contrato de alquiler.

El tribunal considera "poco probable" que la mujer pueda volver a trabajar debido a su edad.

Considera que denegarlo sería discriminatorio para el cuidado de los menores, pero solo reconoce 10 semanas adicionales (y no 16) porque las seis primeras coinciden obligatoriamente tras el parto en las familias biparentales.

El TSJ de Madrid avala la decisión del Consulado en Tetuán por no haber demostrado que los padres vivan a cargo de la joven, apoyándose en que tienen más hijos en su país y reciben una pequeña ayuda social.

La empresa no celebró el trámite de audiencia previa y no justificó el despido en causas razonables concretas.

Manipular las comunicaciones para encubrir la falta de trabajo supone una vulneración de la buena fe y un abuso de la confianza.

La Justicia indica que es suficiente con que la propietaria comunique a los inquilinos que necesita la vivienda para destinarla a residencia habitual, siempre que avise con dos meses de antelación y se cumplan los requisitos recogidos en la LAU.

El TSJ de Cataluña confirma que la trabajadora tiene derecho a la prestación por desempleo y a la capitalización del paro porque “el fraude de ley no se presume” y no quedó probado que provocara el despido.

La póliza cubría la responsabilidad civil de la propietaria, pero no la del inquilino, que era quien tenía el control de la vivienda cuando se originó el fuego.

El empresario ya había logrado demostrar ante un juez que la contratación fue real, justificada por problemas de salud, y no una simulación.

Que un contrato de alquiler se prorrogue no implica que también lo haga la responsabilidad del avalista que, salvo que lo acepte expresamente, solo cubre el periodo inicialmente firmado.

La instalación alteraba un elemento común y perjudicaba a la vecina, por lo que no podía hacerse sin permiso de la comunidad.

El TSJ de Murcia anula la orden de salida del país, señalando la enorme contradicción administrativa de castigar a una persona que ya cuenta con un permiso legal por circunstancias excepcionales.

El alto tribunal advierte de que la convivencia no basta y exige que la relación esté formalizada en un registro o mediante documento público.

Es suficiente que el plazo pactado sea extraordinariamente corto y el piso esté a la venta para rechazar que el inquilino tenga derecho a quedarse cinco años como si fuera su residencia permanente.

El inspector llegó a registrar emisiones de ‘opacidad cero’ en vehículos diésel de 20 años y a suplantar la identidad de los clientes.

Dejar sin ascensor una vivienda situada en una planta alta supone una limitación grave del uso de la casa y permite resolver el contrato de alquiler.

El TSJ de Canarias corrige al INSS y le otorga la pensión a esta trabajadora que, debido a sus graves dolencias físicas y de salud mental, no podía seguir en su puesto de trabajo.

Se probó que la empresa le comunicó el despido antes de que se produjera la caída, por lo que no podía existir discriminación.

El tribunal considera que las dolencias lumbares le impiden realizar trabajos de gran esfuerzo físico, por lo que cobrará la incapacidad total para su profesión habitual.

Aunque los herederos afirmaban no haber la aceptado formalmente la herencia, la justicia considera que lo hicieron de forma tácita y tendrán que responder por las deudas de su padre.

El trabajador también cometió otras faltas como no devolver el camión al final de la jornada o difamar a la empresa.

Trabajaba como recepcionista en una clínica privada, situada en el mismo inmueble que la vivienda particular, y reconoció incluso los hechos.