La Justicia rechaza que figurar como titular indistinta del banco le diera derecho a quedarse con el dinero y confirma que debe reintegrarlo a la masa hereditaria con intereses.
Sentencias - Página 5
El Alto Tribunal explica que el artículo 7.d) de la ley del IRPF solo protege indemnizaciones por daños personales, no las que reparan un perjuicio económico.
Aunque el acceso se restringe, la Audiencia considera que no se vulneran derechos ni se acredita daño económico real.
Tuvo que demandar hasta dos veces a la entidad bancaria para conseguir su reingreso, consiguiéndolo en el segundo procedimiento judicial.
El Alto Tribunal confirma que este derecho estuvo vigente durante años con el convenio provincial y ahora no puede ser eliminado.
El Alto Tribunal concluye que solo será ganancial la parte de la vivienda que se haya pagado realmente con dinero común, aunque la compra se realizara antes del matrimonio.
El tribunal rechaza que los informes sobre apellidos sean suficientes si no cumplen los requisitos legales y recuerda que deben valorarse con rigor.
La Seguridad Social ha cometido el error, por lo que al no existir mala fe, no tendrá que devolver nada, según concluye la Justicia.
El Alto Tribunal confirma que los empleados cedidos por una empresa de trabajo temporal tienen derecho a la misma indemnización por incapacidad permanente que los de plantilla directa de la empresa donde prestaban sus servicios.
Lo que debe traerse a colación no es el bien donado en sí, sino su valor en el momento en que se evalúan los bienes que se heredan.
Aunque no fueran recogidas por el propietario, las notificaciones realizadas por la comunidad fueron válildas, por lo que tendrá que pagar las cuotas pendientes.
El tribunal aclara que, en los contratos fijos discontinuos a tiempo parcial, la baja por accidente laboral no se calcula con lo cotizado en una sola jornada, sino con las bases de cotización de los meses anteriores.
El Alto Tribunal explica que el descanso semanal no puede absorber el descanso diario y que ambos deben sumarse, de forma que si el convenio reconoce 48 horas semanales y 12 horas entre jornadas, el mínimo exigible pasa a ser de 60 horas consecutivas.
Todo depende de que el error fuese solo de la Administración y de que la ayuda cubriese necesidades básicas.
El Alto Tribunal aclara que, en estos casos, la prestación debe fijarse con las bases de cotización del período anterior para evitar resultados que no reflejen el salario real del trabajador.
La Justicia le impone una indemnización por daños patrimoniales y de imagen tras certificar que el sanitario abandonaba la asistencia a domicilio para gestionar un negocio propio.
La Seguridad Social rechazó computar sus cotizaciones por deudas, pero la Justicia aclara que si se cumple un plan de pagos aprobado judicialmente, esas cuotas sí cuentan para la pensión.
El Alto Tribunal explica que, aunque la empresa no actuara con mala fe y pagara después las cotizaciones no prescritas, debe responder por la parte de la jubilación que quedó reducida por esa falta de cotización.
La justicia recuerda que ese beneficio era personal y que la normativa interna prohibía expresamente emitir la factura a nombre de terceros.
La indemnización por extinción del contrato indefinido no fijo por cobertura reglamentaria de la plaza es de 20 días de salario por año trabajado.
La dueña eliminó parte de la fachada trasera para conectar sus locales con una nave de otra comunidad, sin autorización de los vecinos.
Fue readmitida tras un primer despido nulo y, para la Justicia, el segundo cese, basado en la supuesta desaparición de bidones de pintura y en varios insultos, no quedó acreditado y vulneró su garantía de indemnidad.
Si los trabajadores temporales realizan las mismas funciones y están incluidos en el ámbito del mismo convenio colectivo, no se les puede pagar un salario inferior por haber sido contratados dentro de un programa público de empleo, ya que eso sería contrario al principio de igualdad.
El artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores permite el despido disciplinario cuando existe un “incumplimiento grave y culpable” y, en estos casos, los tribunales analizan si la actividad realizada durante la baja vulnera la buena fe contractual o perjudica la recuperación.
Pidió disfrutar 148 días de vacaciones acumuladas y, para la Justicia, esas circunstancias junto con su baja por enfermedad profesional, muestran que la empresa no acreditó una dimisión clara y que el despido fue nulo.
Aunque la trabajadora pidió que al menos se le reconociera la incapacidad permanente total para su profesión habitual, la justicia concluye que sus limitaciones actuales no le impiden ejercer como camarera.
La justicia considera que no es posible mantener contacto íntimos en el lugar de trabajo y menos todavía durante la jornada laboral.
La justicia determina que la crianza no implica abandonar el mercado laboral, por lo que permite aplicar la doctrina del paréntesis.
El Alto Tribunal aclara que ese tiempo en el RETA no puede incluirse en el reparto de responsabilidades porque entonces no existía una cobertura específica de contingencias profesionales.
El juzgado aplica la Ley de Segunda Oportunidad y amplía la exoneración de deuda pública al considerar que actuó de buena fe.
La justicia explica que ya cobraba una pensión de orfandad, por lo que no podía volver a percibir la prestación por hijo a cargo con discapacidad.
La empresa no pudo demostrar las faltas que le imputaban en la carta de despido y la justicia establece que actuaron como represalia por haber reclamado el primer despido y haber denunciado a la Inspección de Trabajo.
La empleada, que contaba con una adaptación del puesto por motivos médicos, defendió que Mercadona le seguía asignando funciones en zonas frías pese a que debía evitar ese tipo de ambientes por prescripción facultativa.
El TSJ de Canarias confirma la denegación porque no alcanzaba la edad mínima exigida y, además, el recurso se presentó con defectos formales que impidieron rebatir correctamente la sentencia.
La sentencia del TSJ de Madrid tumba la ordenanza por defectos sustanciales en su tramitación y deja en el aire uno de los tributos más controvertidos del mandato de Almeida
La mala conservación de la vía pública supuso un riesgo objetivo y declara que es responsabilidad del Ayuntamiento su correcto mantenimiento.
El cierre del único camino y la exigencia de una elevada compensación económica acabaron en los tribunales tras años de enfrentamientos entre vecinos.
La exención de algunos vecinos puede trasladar el coste al resto si está justificada y se aprueba por mayoría
Los intereses por retraso pueden incluirse en el procedimiento de desahucio sin necesidad de acudir a otro juicio independiente
La Justicia mantiene la pensión al no existir cambios económicos y porque la ruptura entre padre e hijo no es imputable únicamente al joven.
El balcón es parte integrante de la vivienda y, por tanto, un ámbito reservado para la vida personal al que no se puede acceder sin consentimiento o resolución judicial.
Los herederos no tenían ningún derecho de propiedad sobre el terreno, pese a haberlo registrado, y solo eran ocupantes en condición de colonos.
La Seguridad Social cruzó los datos del padrón municipal y comprobó que en el domicilio vivían cinco personas y no las dos que el beneficiario había declarado en su solicitud de la prestación.
La sentencia fija que, en los procedimientos iniciados después de la reforma de 2013, la ejecución hipotecaria termina cuando el decreto de adjudicación es firme. Eso impide reabrir años después el debate sobre una cláusula abusiva si el propietario ya perdió la vivienda.
La justicia explica que las cuotas impagadas del RETA, aunque estén prescritas, no sirven para cumplir la carencia específica que exige la Ley General de la Seguridad Social.
El alto tribunal quiere aclarar si la cobertura legal actual basta cuando están en juego datos sanitarios y otros derechos fundamentales.
Como parte del tratamiento, tomaba ansiolíticos y antidepresivos, incompatibles con la ingesta de alcohol.
La Sala de lo Social confirma el caso de una trabajadora de Papa John’s que dejó de acudir a su puesto tras unas vacaciones y no respondió a los requerimientos de la empresa. La resolución, explica en que la dimisión no siempre exige una renuncia escrita.
Al empezar a cobrar una pensión especial de jubilación de la minería del carbón, la Seguridad Social detectó que era incompatible con la de viudedad y suspendió esta última.
El consistorio permitió el uso público de un vial privado sin pagar su mantenimiento y durante años evitó que la comunidad pudiera cancelar la servidumbre de esas calles.
Denegaron la rehabilitación de un edificio situado sobre un cauce público aplicando una normativa posterior a la solicitud para justificar su negativa.
El trabajador, que estaba de baja por depresión y cuidando de su madre enferma, defendió que no actuó con mala fe, pero aun así la Justicia concluye que conocía su obligación de volver al puesto y confirma el despido disciplinario.
La sentencia deja sin efecto la obligación que imponía la normativa de Murcia a las empresas de vehículos con conductor. El tribunal entiende que esa exigencia no encaja con un servicio que opera con precios libres y que el usuario conoce antes de contratar.
El Tribunal Supremo aclara que identificar de quién viene el dinero no basta para librarse de Hacienda si el contrato y los movimientos bancarios no lo corroboran.
La mujer no estaba obligada a avisar a la Seguridad Social de que otra persona también recibía una pensión relacionada con el mismo familiar fallecido, y fue la propia Seguridad Social quien tardó años en darse cuenta de la situación.
La STS 5378/2025, de 27 de noviembre, fija doctrina: para que Hacienda no califique una transferencia como ganancia patrimonial no justificada, hay que acreditar tres requisitos, no uno.
El juzgado confirma que la comunidad puede limitar la tenencia de animales si existe una norma previa en los estatutos y recuerda que la Ley de bienestar animal no reconoce un derecho absoluto a tener mascotas.
Aunque la revisión de la incapacidad permanente suele situarse en torno a los dos años, la Ley General de la Seguridad Social permite adelantarla en determinados supuestos, incluso antes de que se cumpla ese plazo.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo corrige a la Audiencia de Palencia, que había extinguido el pago, al considerar que el esposo obtuvo un capital importante con el traspaso, aunque fija el fin de la ayuda en 2027 al llegar la edad de jubilación.
La justicia considera que la desobediencia y faltas al trabajo sin justificar de la trabajadora acreditaban el despido, aunque hubiera estado de baja.
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