El Tribunal determina que las secuelas derivadas del cáncer de mama y el resto de patologías son suficientes para alcanzar el grado de incapacidad permanente absoluta.
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El Tribunal Supremo aclara que las cotizaciones realizadas durante la suspensión de la jubilación deben computarse para recalcular la base reguladora de la pensión de viudedad, permitiendo a la beneficiaria optar por la más favorable.
Además, el incidente generó un alto riesgo para los demás trabajadores de la fábrica. La justicia considera que se trata de una falta muy grave por abandono del puesto y daños en la maquinaria.
La justicia determina que no alcanza la gravedad suficiente para considerarse una transgresión de la buena fe contractual que justifique el despido.
La Administración no puede ejecutar una deuda tributaria si la sanción no es firme, y eso exige una notificación válida al contribuyente.
El Alto Tribunal fija doctrina al señalar que las pensiones de incapacidad reconocidas por sentencia firme se declaran íntegramente en el IRPF del año en que la resolución gana firmeza, aunque los atrasos correspondan a varios ejercicios.
El tribunal destaca en la sentencia que el valor era irrelevante, ya que costaba 6,91 euros, pero esta acción supuso una pérdida de confianza.
Aunque el salario sea mensual, el descanso semanal también se genera día a día y debe incluirse en el finiquito si el contrato termina antes de completar la semana.
El dinero del último año en la cuenta del fallecido se incluye en la herencia si el heredero no justifica su destino, salvo prueba en contrario o gastos acreditados.
El TSJ de Galicia explica que las cotizaciones por jubilación abonadas por el SEPE y las pagadas por convenio especial no son rentas computables para extinguir una pensión no contributiva de invalidez.
La justicia reconoce que un propietario puede demandar sin acuerdo previo de la junta, pero rechaza la petición al no ver probadas actividades molestas, peligrosas o ilícitas.
Para el Tribunal una única expresión aislada no basta para extinguir la relación laboral si ha estado más de 15 años sin tener ningún incidente.
El tribunal entiende el teletrabajo como un “ajuste razonable” para proteger la salud mental de la trabajadora.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha avalado la decisión del INSS que reclamó los cobros indebidos al detectar una irregularidad.
El trabajador estuvo 93 días en tratamiento médico y rehabilitador, debiendo el empresario abonarle una indemnización de 5.094 euros.
El Alto Tribunal recuerda que el plazo de 20 días hábiles para impugnar el despido arranca con la baja en la Seguridad Social, aunque el INSS todavía no haya resuelto la incapacidad permanente.
Si el empleado conoce la decisión empresarial y no actúa dentro del plazo previsto, la acción de despido caduca aunque después discuta si esa extinción fue correcta, aclara el Supremo.
Además, toda la plantilla se encontraba teletrabajando menos ella, por lo que la justificación de la empresa no era objetiva.
La Seguridad Social denegó la pensión al no cumplir con el registro formal, requisito obligatorio tal y como regula el artículo 221 de la Ley General de la Seguridad Social. La justicia da la razón al INSS rechazando flexibilidad pese a la convivencia y a los dos hijos en común.
Anteriormente, tanto un Juzgado de lo Social de Córdoba como el TSJ de Andalucía determinaron que las prácticas eran conocidas y toleradas por el banco.
La Justicia corrige a la Seguridad Social y dictamina que no se puede exigir el reintegro de cobros indebidos si la cantidad no supera el 65% del límite y hay menores en la familia.
No comunicó al Servicio Público de Empleo Estatal ni el cambio de residencia ni su incorporación al trabajo.
La justicia avala la decisión de una comunidad de propietarios que prohibía este tipo de cerramientos al considerar que alteran elementos comunes.
El TSJ de Canarias considera acreditado un sistema reiterado de sustracción a pesar de la ausencia de un perjuicio económico cuantificado.
No se encuentran en situación legal de desempleo porque pueden pedir su reincorporación en la primera empresa en cualquier momento.
La justicia considera que la combinación de su afección cardíaca con el consumo de tóxicos hacía imposible que el trabajador mantuviera la capacidad física necesaria para ejercer como fontanero, por lo que le reconocen la incapacidad permanente total del 55% sobre una base reguladora de 807,94 euros.
A la hora de solicitar la pensión de jubilación contaba con una deuda de 1.624,97 euros de cuotas no abonadas cuando era autónomo, motivo por el que la Seguridad Social le denegó la pensión.
Para la justicia, la cadena de supermercados no demostró que la trabajadora fuera culpable, siendo las pruebas insuficientes.
El Alto Tribunal considera que limitar el uso de la herencia más allá de los 18 años vulnera la legítima de los herederos forzosos.
La Sala ha considerado probado que estaba realizando tareas propias de hostelería claramente incompatibles con su incapacidad temporal.
Aunque la trabajadora pidió que se elevara su grado a incapacidad permanente absoluta por agravación psiquiátrica, la justicia concluye que sus limitaciones actuales no son más graves que las de hace años.
La mujer no comunicó a la Seguridad Social el fallecimiento del titular de la pensión, lo que permitió seguir la prestación.
Trabajaba como auxiliar administrativa con tareas informáticas y sus patologías le impiden salir de casa o conducir.
La Justicia explica que las herederas mantienen el derecho a elevar a escritura pública el acuerdo firmado por sus padres en 1987, dando por cumplido el contrato tras décadas sin que el banco reclamara la cantidad restante.
El TSJ de Cataluña respalda el criterio de Hacienda y aclara cómo deben declararse los ingresos y gastos de estas viviendas en el IRPF.
La Sala ha aplicado la doctrina europea sobre confianza legítima concluyendo que el reintegro sería una carga “excesiva” tras años de cobro aprobados por los servicios sociales.
Ninguno de los dos logra quedarse con todo el terreno: uno recupera una parte y el otro no consigue demostrar que la adquirió por el uso con el paso del tiempo.
El Tribunal da la razón a la pensionista y reduce la deuda a 2.606,52 euros, confirmando que el INSS no justificó el cálculo de la cantidad reclamada pese a que la mujer superaba el límite de ingresos.
La sentencia reconoce el derecho de un pensionista afectado por un despido colectivo (ERE) a cobrar este plus y anula el criterio de la Seguridad Social que lo calificaba como jubilación "voluntaria".
Al incumplir el requisito legal de solicitar la ayuda antes de iniciar la actividad, la justicia confirma la decisión del SEPE, y deberá devolver todo el dinero.
El INSS se la había denegado por la vía administrativa, corrigiendo esta decisión el TSJ de Asturias.
La discapacidad de los hijos impide su independencia y que la mejora económica del padre justifica elevar la pensión.
Aunque no se demostró una influencia real en la conducción, la simple presencia en el organismo ya es una infracción lo suficientemente grave para aplicar el despido.
La empleada tenía más de 5 años de antigüedad en la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos cobrando un sueldo de 1.900 euros.
Aunque la trabajadora pidió que se le reconociera la incapacidad permanente absoluta o, subsidiariamente, la total para su profesión habitual, la justicia señala que sus secuelas actuales no le impiden ejercer como contable.
El TSJ de Asturias concluye que despedir a un trabajador justo después de agotar la incapacidad temporal genera indicios de discriminación por razón de salud y obliga a la empresa a demostrar que el cese no tuvo relación con la enfermedad.
No logra demostrar que el terreno sea exclusivamente suyo y el tribunal concluye que deberá seguir compartiéndolo con el otro propietario.
La justicia lo declara improcedente porque solo le ayudó a levantarse, no cobró por ello y no volvió a su domicilio.
La justicia determina que hubo discriminación indirecta por razón de sexo, al mantener una interpretación de la normativa contraria al derecho comunitario y a la jurisprudencia del TJUE.
Los propietarios denunciaban ruidos, amenazas y comportamientos violentos de forma reiterada. La convivencia era insostenible y debía protegerse al resto de vecinos.
La Audiencia Provincial de Barcelona considera que existe incumplimiento del deber de información en un producto complejo y de alto riesgo.
La justicia considera que el importe fijado guarda la debida proporcionalidad según los ingresos de ambos progenitores y el gasto estimado de la menor.
La trabajadora acreditó sufrir polialgias, aplastamientos vertebrales, artrosis en las manos y dolor generalizado que le impedían agarrar objetos o trabajar de pie, motivos suficientes para que el TSJ le reconociera la prestación.
Trabajaba de terapeuta ocupacional en una residencia de mayores y la justicia ha declarado responsable solidario al ayuntamiento, al ser el titular de la misma.
La Justicia aclara que el cumplimiento de un plan de pagos en un concurso de acreedores equivale a estar al corriente de las cuotas, por lo que la Seguridad Social no puede excluir esos años del cálculo de la prestación.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tuvo en cuenta además que el trabajador faltó a su puesto de trabajo y desestimó el recurso que este había interpuesto.
Para mantener la pensión no contributiva de jubilación es necesario que la unidad no supere un mínimo
El Ayuntamiento exigía autorización de los vecinos para ejercer la actividad, aunque el tribunal concluye que esa condición no está prevista en la ley.
Se abre la puerta a la conversión de más de 800.000 funcionarios interinos en fijos, pudiendo ser una forma de sancionar a la Administración a falta de otras medidas.
El TSJ de Madrid confirma la denegación al no quedar acreditado que la madre fuera pensionista contributiva ni que el solicitante careciera de medios propios de vida.
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