Sentencias - Página 3

La justicia considera que no es posible mantener contacto íntimos en el lugar de trabajo y menos todavía durante la jornada laboral.

La justicia determina que la crianza no implica abandonar el mercado laboral, por lo que permite aplicar la doctrina del paréntesis.

El Alto Tribunal aclara que ese tiempo en el RETA no puede incluirse en el reparto de responsabilidades porque entonces no existía una cobertura específica de contingencias profesionales.

El juzgado aplica la Ley de Segunda Oportunidad y amplía la exoneración de deuda pública al considerar que actuó de buena fe.

La justicia explica que ya cobraba una pensión de orfandad, por lo que no podía volver a percibir la prestación por hijo a cargo con discapacidad.

La empresa no pudo demostrar las faltas que le imputaban en la carta de despido y la justicia establece que actuaron como represalia por haber reclamado el primer despido y haber denunciado a la Inspección de Trabajo.

La empleada, que contaba con una adaptación del puesto por motivos médicos, defendió que Mercadona le seguía asignando funciones en zonas frías pese a que debía evitar ese tipo de ambientes por prescripción facultativa.

El TSJ de Canarias confirma la denegación porque no alcanzaba la edad mínima exigida y, además, el recurso se presentó con defectos formales que impidieron rebatir correctamente la sentencia.

La sentencia del TSJ de Madrid tumba la ordenanza por defectos sustanciales en su tramitación y deja en el aire uno de los tributos más controvertidos del mandato de Almeida

La mala conservación de la vía pública supuso un riesgo objetivo y declara que es responsabilidad del Ayuntamiento su correcto mantenimiento.

El cierre del único camino y la exigencia de una elevada compensación económica acabaron en los tribunales tras años de enfrentamientos entre vecinos.

La exención de algunos vecinos puede trasladar el coste al resto si está justificada y se aprueba por mayoría

Los intereses por retraso pueden incluirse en el procedimiento de desahucio sin necesidad de acudir a otro juicio independiente

La Justicia mantiene la pensión al no existir cambios económicos y porque la ruptura entre padre e hijo no es imputable únicamente al joven.

El balcón es parte integrante de la vivienda y, por tanto, un ámbito reservado para la vida personal al que no se puede acceder sin consentimiento o resolución judicial.

Los herederos no tenían ningún derecho de propiedad sobre el terreno, pese a haberlo registrado, y solo eran ocupantes en condición de colonos.

La Seguridad Social cruzó los datos del padrón municipal y comprobó que en el domicilio vivían cinco personas y no las dos que el beneficiario había declarado en su solicitud de la prestación.

La sentencia fija que, en los procedimientos iniciados después de la reforma de 2013, la ejecución hipotecaria termina cuando el decreto de adjudicación es firme. Eso impide reabrir años después el debate sobre una cláusula abusiva si el propietario ya perdió la vivienda.

La justicia explica que las cuotas impagadas del RETA, aunque estén prescritas, no sirven para cumplir la carencia específica que exige la Ley General de la Seguridad Social.

El alto tribunal quiere aclarar si la cobertura legal actual basta cuando están en juego datos sanitarios y otros derechos fundamentales.

Como parte del tratamiento, tomaba ansiolíticos y antidepresivos, incompatibles con la ingesta de alcohol.

La Sala de lo Social confirma el caso de una trabajadora de Papa John’s que dejó de acudir a su puesto tras unas vacaciones y no respondió a los requerimientos de la empresa. La resolución, explica en que la dimisión no siempre exige una renuncia escrita.

Al empezar a cobrar una pensión especial de jubilación de la minería del carbón, la Seguridad Social detectó que era incompatible con la de viudedad y suspendió esta última.

El consistorio permitió el uso público de un vial privado sin pagar su mantenimiento y durante años evitó que la comunidad pudiera cancelar la servidumbre de esas calles.

Denegaron la rehabilitación de un edificio situado sobre un cauce público aplicando una normativa posterior a la solicitud para justificar su negativa.

El trabajador, que estaba de baja por depresión y cuidando de su madre enferma, defendió que no actuó con mala fe, pero aun así la Justicia concluye que conocía su obligación de volver al puesto y confirma el despido disciplinario.

La sentencia deja sin efecto la obligación que imponía la normativa de Murcia a las empresas de vehículos con conductor. El tribunal entiende que esa exigencia no encaja con un servicio que opera con precios libres y que el usuario conoce antes de contratar.

El Tribunal Supremo aclara que identificar de quién viene el dinero no basta para librarse de Hacienda si el contrato y los movimientos bancarios no lo corroboran.

La mujer no estaba obligada a avisar a la Seguridad Social de que otra persona también recibía una pensión relacionada con el mismo familiar fallecido, y fue la propia Seguridad Social quien tardó años en darse cuenta de la situación.

La STS 5378/2025, de 27 de noviembre, fija doctrina: para que Hacienda no califique una transferencia como ganancia patrimonial no justificada, hay que acreditar tres requisitos, no uno.

El juzgado confirma que la comunidad puede limitar la tenencia de animales si existe una norma previa en los estatutos y recuerda que la Ley de bienestar animal no reconoce un derecho absoluto a tener mascotas.

Aunque la revisión de la incapacidad permanente suele situarse en torno a los dos años, la Ley General de la Seguridad Social permite adelantarla en determinados supuestos, incluso antes de que se cumpla ese plazo.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo corrige a la Audiencia de Palencia, que había extinguido el pago, al considerar que el esposo obtuvo un capital importante con el traspaso, aunque fija el fin de la ayuda en 2027 al llegar la edad de jubilación.

La justicia considera que la desobediencia y faltas al trabajo sin justificar de la trabajadora acreditaban el despido, aunque hubiera estado de baja.

La justicia considera que el supermercado no señalizó ni limpió la zona a pesar de que había riesgo de caída para los clientes.

La Justicia descarta la nulidad por discriminación, pero mantiene que la empresa deberá readmitirlo o abonarle una indemnización de 84.492 euros.

Aunque la Seguridad Social sostenía que no había perdido la capacidad necesaria para ejercer su profesión, la justicia determina que sus lesiones en la espalda y el hombro derecho sí le impiden seguir trabajando como conductor.

Para que una empresa pueda descontar deudas salariales unilateralmente, la deuda debe ser incontrovertida. Esto es, que no exista controversia por ninguna de las partes.

El tribunal considera que la apropiación de stock destinado a donaciones rompe la confianza laboral a pesar de tener 13 años de antigüedad.

Se reconoce la improcedencia porque la cadena de supermercados debería haber sancionado las faltas con el despido disciplinario, no entender que era una dimisión tácita.

La sentencia reconoce el derecho de un jubilado de Clases Pasivas a cobrar este plus pese a que ya lo percibía la madre y refuerza la posibilidad de reclamar atrasos desde la fecha de efectos de la pensión.

La explanada situada frente a la vivienda quedó incluida en la servidumbre continua de paso público y el cierre vulneraba el derecho de tránsito vecinal.

El TSJ de Madrid da la razón al trabajador porque no había ningún indicio objetivo de que quisiera usar el dinero para “ampliar un negocio existente”, como defendía el SEPE.

El Alto Tribunal desestima el recurso de la Seguridad Social y confirma que estos años deben figurar de forma clara en el historial del trabajador para evitar "lagunas" en su carrera.

El Tribunal Supremo aclara que los 15 años exigidos para la jubilación pueden computarse con toda la vida laboral, pero los requisitos ligados al desempleo deben cumplirse con trabajo posterior y compatible con la incapacidad.

El alto tribunal confirma que la comunidad conocía y toleró la instalación durante más de una década y no se opuso a las obras hasta que estuvieron terminadas, vulnerando la buena fe.

La conducta supone una transgresión de la buena fe contractual y abuso de la confianza que prevalece sobre su protección por estar embarazada.

El Alto Tribunal explica que la estricta protección de la Ley 57/1968 solo ampara a quienes adquieren un inmueble con fines residenciales, dando la razón a la aseguradora al quedar demostrado que el comprador buscaba hacer negocio y no fijar su domicilio habitual.

Aunque la Seguridad Social argumentó que sus lesiones no eran definitivas, la justicia confirma que su dolencia es irreversible y le impide afrontar la exigencia física de su oficio.

El Alto Tribunal aclara que la comunidad puede demandar también al arrendatario cuando es quien ocupa de hecho el espacio común, aunque solo los propietarios puedan impugnar los acuerdos de la junta.

El Alto Tribunal determina que denegar la ayuda al padre porque ya la cobra la madre supone una "discriminación por razón de sexo" y reconoce el derecho al cobro simultáneo con efectos retroactivos.

Alegó que el mal estado del cauce provocó inundaciones en sus tierras, pese a que el Tribunal concluyó que las obras no tenían carácter provisional y no existía ninguna urgencia que le impidiera pedir autorización.

Para el TSJ de Madrid, superó los límites del derecho a la libertad de expresión, tratándose de una conducta con la intención de insultar, menospreciar y difamar.

El Alto Tribunal explica que, a diferencia de otras ayudas asistenciales, tener descendencia en común no exime del requisito obligatorio de inscribir la pareja en un registro oficial con al menos dos años de antelación al fallecimiento para acceder a esta prestación de carácter contributivo.

El tribunal dictamina que los regalos de Año Nuevo Chino son propiedad personal del menor y prohíbe a los tutores usarlos para gastos propios.

Señala que el límite para invocar la abusividad termina con la firmeza del decreto de adjudicación, alineándose con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El hecho de que los deudores aún no hayan sido desalojados físicamente del inmueble no amplía el plazo legal en los procedimientos actuales.

El Tribunal Administrativo de Marsella obliga a un hospital a reconocer la patología como enfermedad profesional.

Existía una conversación de WhatsApp que evidenciaba la simulación del despido, preguntando la empleada si ya le habían “arreglado los papeles”. La justicia acabó enviando el caso a la Inspección de Trabajo.

La Seguridad Social le denegó la pensión hasta en tres ocasiones alegando que su enfermedad no era suficiente como para darle la incapacidad, siendo corregido por la justicia.

El tribunal explica que cobrar el complemento por mínimos de la pensión es incompatible con que los ingresos del cónyuge superen el límite legal , incluso si la Seguridad Social cometió un error al concederlo.