Conseguir una subvención pública ha sido siempre un proceso estricto que requiere tener todo absolutamente en regla, y es que la Administración no perdona ni una sola irregularidad. Y sino que se lo digan a dos jóvenes ganaderos canarios que han perdido una ayuda de 47.500 euros tras confirmar la Justicia que su explotación era un auténtico desastre de incumplimientos, llegando al motivo tan absurdo de justificar ante los inspectores la falta de documentación en la granja alegando que se habían dejado los libros en casa.
Así lo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de fecha 8 de octubre de 2025 (que se puede consultar en la página del Poder Judicial), que ha desestimado el recurso de los dos cotitulares contra la resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca,. La administración les había concedido esta importante inyección económica para apoyar la creación de su empresa ganadera, llegando a pagarles una primera anualidad de 18.000 euros. Sin embargo, al llegar el momento de justificar la tercera anualidad, los técnicos han destapado una serie de deficiencias garrafales que han obligado a la Junta a denegarles lo que faltaba y a exigir el reintegro total de los fondos.
Un curso de 510 horas que no sirvió de nada
Y es que, para empezar, la normativa exige una formación mínima obligatoria. Los beneficiarios han intentado justificar sus conocimientos presentando un extenso título de 510 horas de "actividades auxiliares en ganadería", pero la Justicia ha avalado que esto no sirve si no cubre las materias exigidas por Europa.
El tribunal ha insertado un párrafo clave en la resolución explicando el problema: "No queda acreditada con el título aportado de actividades auxiliares en ganadería (510 horas) y su desglose por módulos, la formación mínima por áreas temáticas exigida, tanto en las bases reguladoras, como en la propia resolución de concesión [...] quedando acreditada únicamente el área de empresa agrícola y gestión empresarial". En concreto, de las 25 horas obligatorias de "cambio climático" solo habían cursado 2 horas; y de "métodos compatibles con el medio ambiente", apenas 4 horas. Tampoco ha ayudado que la propia explotación no figurase en el ansiado Registro de Explotaciones Agrarias Prioritarias de Canarias.
Tractores abandonados, estiércol y chapas cortantes
Encima, los jóvenes ganaderos han descuidado totalmente sus quehaceres diarios en la granja, puesto que la visita de inspección de octubre de 2019 ha sacado a la luz un escenario desolador en materia de higiene y bienestar animal.
El acta de los técnicos no ha dejado lugar a dudas y ha recogido literalmente que el corral de vacas en ordeño tiene un "techado es insuficiente para el número de animales albergados, en su interior se encuentra un tractor y un carro unifeed en estado de abandono con las ruedas completamente vacías, acumulación de estiércol en uno de sus laterales". Asimismo, el corral de recría contaba con un "vallado perimetral con uso de chapas metálicas con bordes cortantes" y en sus inmediaciones se observaban "restos óseos de bovinos y caprinos y un camión en estado de abandono". Para rematar, tenían albergados a "38 terneros sin identificación alguna".
"Los registros obligatorios los tiene en su domicilio"
Pero sin duda, el detalle más burocrático e insólito que ha terminado de dar la razón a la Consejería, ha sido la excusa aportada por los ganaderos para no enseñar sus papeles in situ. El acta de inspección plasma la surrealista escena: "En la explotación no hay evidencias de los registros obligatorios, manifestando el inspeccionado que los tiene en su domicilio".
A pesar de que los afectados han intentado poner excusas, diciendo que los incumplimientos no tenían la suficiente entidad como para quitarles todo el dinero y reclamando el principio de proporcionalidad, la Sala ha sido contundente. Los magistrados han plasmado en la sentencia que "hay dudas razonables que impiden apreciar que estemos en presencia de un cumplimiento que se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por la entidad una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos". Así, la Justicia ha confirmado que no se puede jugar con el dinero público, avalando la pérdida de la ayuda.
