Aunque la comunidad permitía instalar aparatos de aire acondicionado en las terrazas, la Audiencia entiende que esa libertad tiene un límite: no causar molestias ni perjudicar el uso normal de la vivienda colindante.
Comunidad de vecinos
Aunque la caída se produjo por la existencia de agua en el suelo, la Audiencia considera que no se acreditó una actuación negligente de la comunidad.
La ley distingue si el propietario de una finca puede actuar sobre las ramas o raíces del vecino que invaden su parcela.
Los vecinos denuncian facturas acumuladas por la regularización de los gastos de 2023 y 2024 de electricidad y gas de las zonas comunes.
Aunque la junta había denegado el permiso, la Audiencia considera que la comunidad no justificó su negativa, que no había prohibición estatutaria y que la instalación no perforaba la fachada.
Quien adquiere un piso o local en una comunidad de vecinos puede verse obligado a asumir determinadas cuotas impagadas por el anterior propietario, incluso aunque desconociera la existencia de la deuda en el momento de la compra.
La Sala de lo Civil confirma que la prohibición estatutaria del hospedaje impide destinar los pisos a vivienda de uso turístico aunque la norma no mencione esta modalidad.
Una comunidad de propietarios puede prohibir las viviendas turísticas sin necesidad de unanimidad, solo necesita una mayoría de tres quintos.
Aunque la comunidad ya tenga viviendas de uso turístico autorizadas, la LPH hace referencia a una aprobación expresa para el propietario que quiera destinar su vivienda a esta actividad.
La normativa obliga a realizar obras de accesibilidad cuando las pidan personas mayores de 70 años, aunque los tribunales recuerdan que este derecho también tiene límites si perjudica gravemente a otros propietarios.
El propietario ignoró durante meses las advertencias y permitió una situación insalubre que afectó a la salud y calidad de vida de los afectados.
La nueva normativa permite suspender o denegar el registro de viviendas turísticas si no cuentan con la aprobación expresa de la comunidad de propietarios
Aunque la instalación era obligatoria por existir personas mayores de 70 años, las obras perjudicaban gravemente a otros vecinos y no podían ejecutarse en esas condiciones.
Un mal aislamiento provoca problemas como la aparición de moho y un uso mayor de la calefacción en invierno que dispara la factura de la luz.
No se puede bloquear unilateralmente un acceso utilizado durante años por otros vecinos y recuerda que cualquier conflicto sobre el paso debe resolverse en los tribunales y no mediante vías de hecho.
Los animales vivían solos dentro del inmueble y que las molestias afectaban gravemente al descanso y la intimidad del resto de propietarios.
La comunidad puede regular el uso de los elementos comunes por motivos de seguridad y control de accesos.
La jubilada aseguraba que el fisioterapeuta no podía acceder a la vivienda tras el cierre del camino compartido.
Con caracter general el acceso de animales a las piscinas comunitarias está limitado por la normativa autonómica y las comunidades de vecinos no pueden autorizarlo mediante acuerdos internos.
No puede obligarse a pagar a un propietario si las normas internas del edificio le excluyen expresamente de ese gasto.
El vecino la denunció al ayuntamiento alegando que la jardinera atentaba contra su intimidad porque la anciana se pasaba horas delante de ella cuidando las plantas.
Aunque no utilice el servicio, debe asumir el coste porque la instalación aumenta el valor del inmueble y puede beneficiarse de ella en el futuro.
No todas las piscinas comunitarias deben adaptarse por ley y no se pueden imponer obras sin base legal ni una votación válida.
Los vecinos denuncian ruido, pérdida de privacidad y aseguran que la construcción no es una oficina como se declaró.
Un portal no puede actuar como comunidad independiente ni tomar decisiones si no está previsto en el título constitutivo, según la Ley de Propiedad Horizontal y la jurisprudencia.
El Alto Tribunal considera que la acción no estaba prescrita porque no se pedía solo retirar la construcción, sino restituir el derecho de propiedad de los comuneros sobre el elemento común
La ley establece que el rellano es un espacio común y por tanto, colocar un paragüero, u otros objetos personales depende de la autorización de la comunidad.
Una comunidad puede excluir del pago de ciertos servicios a quienes no se benefician, según la Ley de Propiedad Horizontal y la doctrina del Supremo.
La normativa establece que los propietarios ausentes pueden ver su voto computado como favorable si no manifiestan su oposición tras ser notificados del acuerdo.
La justicia confirma que la propietaria actuó como tercera al abonar una deuda que no podía asumir el edificio y tendrán que devolvérselo.
La justicia reconoce que un propietario puede demandar sin acuerdo previo de la junta, pero rechaza la petición al no ver probadas actividades molestas, peligrosas o ilícitas.
Los hermanos talaron una hilera de cipreses de 10 metros tras una disputa por el límite de la finca y ahora deberán afrontar una elevada indemnización.
La mujer asegura que su nueva vecina incluso le hizo fotos y advirtió con acudir al ayuntamiento si no retiraba la colada.
La justicia avala la decisión de una comunidad de propietarios que prohibía este tipo de cerramientos al considerar que alteran elementos comunes.
El propietario asegura que las cuotas han pasado de unos 230 a 810 euros lo que está hundiendo el valor de las viviendas en su urbanización.
Ninguno de los dos logra quedarse con todo el terreno: uno recupera una parte y el otro no consigue demostrar que la adquirió por el uso con el paso del tiempo.
La Ley de Propiedad Horizontal permite prohibir plantas en fachadas si comprometen la seguridad, la estética del edificio o causan molestias por el riego.
Los residentes proponen limitar a dos plazas por vivienda, pero una de las afectadas cuestiona si debe aceptar la petición.
Los propietarios denunciaban ruidos, amenazas y comportamientos violentos de forma reiterada. La convivencia era insostenible y debía protegerse al resto de vecinos.
El Ayuntamiento exigía autorización de los vecinos para ejercer la actividad, aunque el tribunal concluye que esa condición no está prevista en la ley.
La azotea es un elemento común y los propietarios actuales deben responder, aunque las instalaciones ya existieran cuando adquirió la vivienda
Aunque el dueño sostenía que la ocupación afectaba a una mayor superficie, los informes no acreditaron que el espacio bajo la escalera fuera de su propiedad.
La normativa permite exigir su retirada si supone un riesgo para el edificio o causa molestias a otros vecinos
Aunque alegaban que era un sistema antiguo y compartido, el tribunal concluye que no existe servidumbre y ordena eliminar las canalizaciones que atravesaban la vivienda
La normativa obliga a la comunidad a asumir el coste cuando lo piden personas mayores o con discapacidad, incluso si algunos vecinos están en contra.
La Ley de Propiedad Horizontal permite a la comunidad impedir el acceso a la piscina y otras zonas comunes a los vecinos que no cumplan con las normas.
Aunque la comunidad alegaba que ya había reparado la cubierta, un informe pericial demostró que las filtraciones continuaban y que las obras realizadas para arreglarlas carecían de rigor técnico.
Aunque los propietarios alegaban acuerdos previos que lo permitían, la Audiencia considera que sin autorización expresa no pueden alterar la fachada.
La propietaria tiene que pagar los gastos de burofax, certificado de deuda y abogado al considerar que fueron necesarios para reclamar el impago.
La normativa permite limitar o impedir su uso cuando generen molestias, supongan un riesgo o estén prohibidas en los estatutos de la comunidad
Aunque el acceso se restringe, la Audiencia considera que no se vulneran derechos ni se acredita daño económico real.
La normativa permite a la comunidad impedir su instalación e incluso exigir su retirada si se colocan sin autorización y afectan a la fachada del edificio.
La justicia avala que el Ayuntamiento entre a inspeccionar la vivienda y el estado de los 20 gatos tras una denuncia de los vecinos, y confirma que la entrada es legal por razones de salud y bienestar animal.
Aunque no fueran recogidas por el propietario, las notificaciones realizadas por la comunidad fueron válildas, por lo que tendrá que pagar las cuotas pendientes.
Pese a la gravedad del ataque, la justicia considera no había pruebas suficientes de conflictos vecinales reiterados que justificasen la rescisión del contrato.
La dueña eliminó parte de la fachada trasera para conectar sus locales con una nave de otra comunidad, sin autorización de los vecinos.
Ofrecía el apartamento como una experiencia con spa en Airbnb y Booking, pero las molestias, el riesgo estructural y la actividad no autorizada acabaron en los tribunales.
La exención de algunos vecinos puede trasladar el coste al resto si está justificada y se aprueba por mayoría
Aunque el patio sea un elemento común, su uso está sujeto a normas y límites que pueden impedir tender ropa.
La normativa establece que no se pueden realizar actividades que resulten molestas o insalubres para otros vecinos, lo que permite intervenir en casos en los que los olores son persistentes.
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