Comunidad de vecinos

El alto tribunal confirma que la comunidad conocía y toleró la instalación durante más de una década y no se opuso a las obras hasta que estuvieron terminadas, vulnerando la buena fe.

El Alto Tribunal aclara que la comunidad puede demandar también al arrendatario cuando es quien ocupa de hecho el espacio común, aunque solo los propietarios puedan impugnar los acuerdos de la junta.

La familia lleva dos años con el miedo de que su casa se derrumbe por un montículo de tierra del vecino que invade su parcela provocando daños estructurales y filtraciones en su vivienda.

El tribunal reconoce que pudo intervenir en la junta y mostrar su oposición, pero concluye que, al no estar al corriente de pago, su voto no era válido ni podía computarse para las mayorías exigidas.

La justicia considera que el nuevo propietario no es deudor personal de las cuotas anteriores, aunque el inmueble responda como garantía.

El alto tribunal confirma que no toda obra nueva obliga a acudir al interdicto específico si el despojo ya está consumado y la intervención es de escasa entidad.

La normativa obliga a respetar los elementos comunes y permite a la comunidad pedir que se retiren objetos del rellano.

Aunque las obras tienen el permiso del consejo del pueblo, los vecinos critican que su diseño no encaja con el entorno y que podía causar inundaciones

La empresa alteró un elemento común sin autorización de la comunidad para adecuar el sistema de climatización de unas oficinas a las que cambió el uso a vivienda.

El Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas señala que muchos problemas vecinales no nacen del desacuerdo, sino de fallos formales que generan inseguridad jurídica.

Aunque la terraza sea de uso privativo, la comunidad debe asumir la reparación si el problema afecta a la cubierta del edificio.

Tu comunidad puede subirte los gastos comunes hasta un 20% si alquilas tu piso a turistas. Solo necesitan un acuerdo por mayoría en junta para compensar el desgaste de las zonas compartidas, según la ley.

Un juzgado le obliga a retirar una instalación fotovoltaica de 1,2 kW pese a que el propietario reunió firmas de apoyo, en un caso que vuelve a poner el foco en el vacío legal sobre las fotovoltaicas en balcones.

Los acuerdos adoptados por la mayoría fueron válidos y las coacciones sufridas en la junta no anulaban la decisión de iniciar acciones judiciales.

La normativa establece que cualquier instalación que afecte a la fachada o a la estética del edificio debe contar con la aprobación de la comunidad de propietarios.

La reforma refuerza el control vecinal sobre las viviendas turísticas, permite ajustar cuotas hasta un 20 por ciento y deja claro que no hay efectos retroactivos.

Hacienda exige a las comunidades comunicar las operaciones anuales con terceros que superen el límite legal, incluso aunque no desarrollen actividad empresarial.

Aunque pagaron correctamente las obras, la falta de un Informe de Evaluación del Edificio actualizado tras la finalización de los trabajos impide conceder la subvención.

El comprador detectó una demanda contra la comunidad y derramas millonarias que ni el vendedor, ni el notario ni la agencia le habían comunicado.

Aunque sea de uso exclusivo, la estructura y los elementos esenciales de la terraza siguen siendo comunes, lo que influye en las reparaciones y en quién debe asumir los daños

Tras meses de espera, el ayuntamiento asegura que ha emitido varios avisos al propietario y que, tras no obtener respuesta, gestionará la retirada de los residuos.

Aunque el inquilino pueda asumir los gastos de comunidad, el pacto solo es válido si el contrato fija expresamente su importe anual conforme al artículo 20 de la LAU.

El alto tribunal confirma que la ampliación ejecutada en la vivienda alteró la fachada y el título constitutivo sin el acuerdo unánime exigido por la Ley de Propiedad Horizontal.

La pareja instaló la decoración e incluso un pozo sin las licencias oportunas y recibió varias quejas por el impacto visual y la iluminación, aunque el ayuntamiento finalmente las autorizó.

El Alto Tribunal establece que las subvenciones públicas destinadas a la rehabilitación de la vivienda habitual no cuentan como ingresos para el Ingreso Mínimo Vital.

Asegura que el seto de cinco metros bloquea por completo la luz de su jardín y que la tasa municipal le impide reclamar formalmente su poda.

El Alto Tribunal aclara que los permisos municipales no legitiman el uso de elementos comunes si la comunidad no lo autoriza o revoca ese consentimiento.

Negarse sin causa justificada no es una opción válida y la renuncia solo tiene efectos si cuenta con respaldo legal o comunitario.

Basta con una comunicación previa a la comunidad, siempre que la instalación no cause perjuicios ni afecte a la seguridad del edificio.

La justicia considera que el historial de actividades molestas, peligrosas e ilícitas hacía insoportable la vida de los vecinos, por lo que valida el desalojo.

La justicia considera nulo el acuerdo de la comunidad que ordenaba a un propietario retirar un cerramiento de cañizo en un murete interior de su propiedad.

La normativa prevé expresamente la celebración de Juntas en segunda convocatoria y permite que los acuerdos adoptados sean obligatorios, aunque la asistencia de propietarios sea mínima.

La justicia confirma la validez del acuerdo de la junta de vecinos para prohibir fumar al considerar que los vecinos tienen derecho a un espacio libre de humos

La justicia confirma que el propietario tiene que retirar el huerto urbano que instaló en su patio de uso privado y que provocó filtraciones y desprendimientos en el garaje.

La normativa permite a la comunidad regular el uso del ascensor como elemento común, siempre que la prohibición se apruebe en Junta y sea razonable y proporcionada.

La Justicia confirma la condena por delito de odio, además de cárcel tiene que pagar 4.680 euros entre multa e indemnización por las conductas humillantes o amenazantes.

La Justicia confirma que los locales comerciales debían contribuir a las reparaciones y mantenimiento de elementos comunes, aunque los estatutos les eximan de ciertos gastos.

La Justicia confirma la multa por un delito de coacciones al considerar que el propietario puso en riesgo a los trabajadores mientras usaban herramientas eléctricas en una zona de linde.

La justicia avala la legalidad de las obras de accesibilidad aprobadas por mayoría y rechaza que el espacio afectado sea un trastero protegido.

Las cuotas comunitarias prescriben a los cinco años y no a los quince, aunque se hayan generado antes de la reforma legal.

Los vecinos denunciaron que la vivienda rompía con la estética del resto de viviendas de barrio, y el Ayuntamiento ordenó su demolición al descubrir que se había construido un sótano sin licencia.

La Audiencia descarta que la actividad del bar sea molesta o ilegal, aunque confirma la ocupación indebida del patio comunitario.

El accidente se debió únicamente al deterioro de la rampa y a la ausencia de conservación durante más de veinte años, por lo que la comunidad está obligada a pagar por la falta de mantenimiento.

Los nuevos propietarios deben abonar todas las cuotas atrasadas y no solo las previstas por la LPH porque aceptaron expresamente hacerse cargo del importe total en la escritura de compraventa.

El uso real de los elementos comunes del garaje es determinante a la hora de repetir los gastos.

El propietario la construyó para proteger a su familia, pero el ayuntamiento considera que incumple la normativa urbanística y la comunidad está dividida.

La Audiencia confirma que la instalación invadía una zona de paso del garaje y parte del espacio de otra plaza, dificultando el acceso su trastero.

Empezó como una obra ilegal, pero terminó en una venganza que le ha costado la demolición de la obra y una posible sanción por no pagar impuestos.

La ley limita las modificaciones que los vecinos pueden hacer sobre los patios, aunque estos sean de uso privativo y permite a la comunidad exigir la retirada del tendedero en determinados casos.

El vecino ya alquilaba la vivienda desde antes de la entrada en vigor de la nueva redacción de la LPH y la justicia considera que solo puede aplicarse la subida a nuevos pisos turísticos, no a los que lo hacían de antes.

El juez le exige que ponga a la venta su vivienda, valorada en casi medio millón de euros, pero ella resiste encerrada tras seis años de guerra vecinal.

Asegura que la situación es “muy molesta y perturbadora”, y se plantea enviarle una carta para pedirle a su vecina que deje de copiarla en todo.

La justicia condena al restaurante a pagar una multa y deshacer las obras que había hecho en el sistema de ventilación sin el permiso de la comunidad ni las licencias oportunas.

Cuando se trata de obras necesarias para el edificio, los propietarios estarán obligados a pagar la derrama, aunque no acudiesen a la junta, votasen en contra o no vayan a beneficiarse.

Asegura que el sistema colectivo de calefacción a gas genera facturas opacas e injustas y propone individualizar el consumo porque considera inaceptable pagar el calor de otros.

La justicia ordena la retirada del toldo porque los estatutos de la comunidad prohibían expresamente cubrir estos espacios.

Si un coche aparca fuera de los límites de su plaza de garaje, dificultando las maniobras o acceso a las plazas de otros vecinos, la comunidad puede tomar medidas e incluso llegar a los tribunales.

Los estatutos obligaban a mantener la zona libre de objetos y prohibían expresamente el uso del espacio para actividades recreativas.

La cerca se había instalado por error dentro de su terreno. Aunque desmontarla sin permiso podía acarrearle graves sanciones, su vecino optó por no llevar el caso a los tribunales.

Fumar en el balcón de una vivienda no está prohibido de forma general, pero puede convertirse en un problema legal cuando el humo afecta de manera continuada a otros vecinos del edificio.