Comunidad de vecinos

El experto advierte de que tener autorización de la comunidad no basta, ya que también puede hacer falta licencia municipal y el Ayuntamiento puede sancionar si se hace sin ella.

La Ley de Propiedad Horizontal permite que las comunidades aprueben cuotas especiales o incrementen los gastos comunes de las viviendas de uso turístico, siempre que no superen el 20%.

La ley permite que algunos propietarios no paguen determinadas mejoras o nuevas instalaciones si votan en contra y el coste supera el importe de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes.

No cumplir con esta obligación puede suponer sanciones económicas, la suspensión del servicio o incluso el cierre de la instalación.

La nueva normativa financia obras de accesibilidad, seguridad, habitabilidad y sostenibilidad en edificios residenciales colectivos.

La Ley de Propiedad Horizontal permite que un propietario no pague determinadas mejoras si vota en contra y el coste supera el importe de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes.

La instalación alteraba un elemento común y perjudicaba a la vecina, por lo que no podía hacerse sin permiso de la comunidad.

La normativa permite exigir el pago a través de un proceso monitorio especial, autoriza la aplicación de medidas disuasorias y faculta a la comunidad, en caso de oposición del deudor, para solicitar el embargo preventivo de los bienes del infractor.

Dejar sin ascensor una vivienda situada en una planta alta supone una limitación grave del uso de la casa y permite resolver el contrato de alquiler.

La normativa prohíbe realizar alteraciones en el edificio que menoscaben la seguridad, afecten a la estructura exterior o perjudiquen de forma directa los derechos de otros propietarios.

La Ley de Propiedad Horizontal permite modificar instalaciones dentro de una vivienda, pero no cuando perjudican los derechos de otro propietario o generan molestias al resto de vecinos.

La Ley de Propiedad Horizontal permite aprobar cuotas especiales o incrementar la participación en los gastos comunes de las viviendas destinadas a uso turístico.

No basta con alegar que el jacuzzi pesa demasiado o causa humedades, sino que la comunidad debe probarlo con pruebas suficientes.

No se pueden abrir ventanas con vistas sobre la finca vecina si no se respetan las distancias legales y no existe una servidumbre que lo permita.

La comunidad no puede actuar directamente, pero sí iniciar una acción judicial si el propietario o inquilino mantiene actividades prohibidas, dañosas, molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas

Los dos ancianos apenas pueden salir de casa y tienen que pedir ayuda a familiares para subir la compra.

La normativa obliga a construir los tejados y cubiertas de forma que el agua de lluvia no caiga sobre la finca del vecino ni le cause daños.

La propuesta busca recuperar las reuniones por videoconferencia en las comunidades de propietarios y avanzar en el uso del domicilio electrónico y el Libro de Actas Digital.

La justicia rechaza que tuviera permiso para colocar la caldera en una zona común del edificio y recuerda que los demás vecinos la instalaron dentro de sus cocinas.

La construcción de la casa de los vecinos quedó paralizada durante casi dos años por esa invasión y los propietarios del terreno colindante tuvieron que seguir viviendo de alquiler.

Aunque la comunidad permitía instalar aparatos de aire acondicionado en las terrazas, la Audiencia entiende que esa libertad tiene un límite: no causar molestias ni perjudicar el uso normal de la vivienda colindante.

Aunque la caída se produjo por la existencia de agua en el suelo, la Audiencia considera que no se acreditó una actuación negligente de la comunidad.

La ley distingue si el propietario de una finca puede actuar sobre las ramas o raíces del vecino que invaden su parcela.

Los vecinos denuncian facturas acumuladas por la regularización de los gastos de 2023 y 2024 de electricidad y gas de las zonas comunes.

Aunque la junta había denegado el permiso, la Audiencia considera que la comunidad no justificó su negativa, que no había prohibición estatutaria y que la instalación no perforaba la fachada.

Quien adquiere un piso o local en una comunidad de vecinos puede verse obligado a asumir determinadas cuotas impagadas por el anterior propietario, incluso aunque desconociera la existencia de la deuda en el momento de la compra.

La Sala de lo Civil confirma que la prohibición estatutaria del hospedaje impide destinar los pisos a vivienda de uso turístico aunque la norma no mencione esta modalidad.

Una comunidad de propietarios puede prohibir las viviendas turísticas sin necesidad de unanimidad, solo necesita una mayoría de tres quintos.

Aunque la comunidad ya tenga viviendas de uso turístico autorizadas, la LPH hace referencia a una aprobación expresa para el propietario que quiera destinar su vivienda a esta actividad.

La normativa obliga a realizar obras de accesibilidad cuando las pidan personas mayores de 70 años, aunque los tribunales recuerdan que este derecho también tiene límites si perjudica gravemente a otros propietarios.

El propietario ignoró durante meses las advertencias y permitió una situación insalubre que afectó a la salud y calidad de vida de los afectados.

La nueva normativa permite suspender o denegar el registro de viviendas turísticas si no cuentan con la aprobación expresa de la comunidad de propietarios

Aunque la instalación era obligatoria por existir personas mayores de 70 años, las obras perjudicaban gravemente a otros vecinos y no podían ejecutarse en esas condiciones.

Un mal aislamiento provoca problemas como la aparición de moho y un uso mayor de la calefacción en invierno que dispara la factura de la luz.

No se puede bloquear unilateralmente un acceso utilizado durante años por otros vecinos y recuerda que cualquier conflicto sobre el paso debe resolverse en los tribunales y no mediante vías de hecho.

Los animales vivían solos dentro del inmueble y que las molestias afectaban gravemente al descanso y la intimidad del resto de propietarios.

La comunidad puede regular el uso de los elementos comunes por motivos de seguridad y control de accesos.

La jubilada aseguraba que el fisioterapeuta no podía acceder a la vivienda tras el cierre del camino compartido.

Con caracter general el acceso de animales a las piscinas comunitarias está limitado por la normativa autonómica y las comunidades de vecinos no pueden autorizarlo mediante acuerdos internos.

No puede obligarse a pagar a un propietario si las normas internas del edificio le excluyen expresamente de ese gasto.

El vecino la denunció al ayuntamiento alegando que la jardinera atentaba contra su intimidad porque la anciana se pasaba horas delante de ella cuidando las plantas.

Aunque no utilice el servicio, debe asumir el coste porque la instalación aumenta el valor del inmueble y puede beneficiarse de ella en el futuro.

No todas las piscinas comunitarias deben adaptarse por ley y no se pueden imponer obras sin base legal ni una votación válida.

Los vecinos denuncian ruido, pérdida de privacidad y aseguran que la construcción no es una oficina como se declaró.

Un portal no puede actuar como comunidad independiente ni tomar decisiones si no está previsto en el título constitutivo, según la Ley de Propiedad Horizontal y la jurisprudencia.

El Alto Tribunal considera que la acción no estaba prescrita porque no se pedía solo retirar la construcción, sino restituir el derecho de propiedad de los comuneros sobre el elemento común

La ley establece que el rellano es un espacio común y por tanto, colocar un paragüero, u otros objetos personales depende de la autorización de la comunidad.

Una comunidad puede excluir del pago de ciertos servicios a quienes no se benefician, según la Ley de Propiedad Horizontal y la doctrina del Supremo.

La normativa establece que los propietarios ausentes pueden ver su voto computado como favorable si no manifiestan su oposición tras ser notificados del acuerdo.

La justicia confirma que la propietaria actuó como tercera al abonar una deuda que no podía asumir el edificio y tendrán que devolvérselo.

La justicia reconoce que un propietario puede demandar sin acuerdo previo de la junta, pero rechaza la petición al no ver probadas actividades molestas, peligrosas o ilícitas.

Los hermanos talaron una hilera de cipreses de 10 metros tras una disputa por el límite de la finca y ahora deberán afrontar una elevada indemnización.

La mujer asegura que su nueva vecina incluso le hizo fotos y advirtió con acudir al ayuntamiento si no retiraba la colada.

La justicia avala la decisión de una comunidad de propietarios que prohibía este tipo de cerramientos al considerar que alteran elementos comunes.

El propietario asegura que las cuotas han pasado de unos 230 a 810 euros lo que está hundiendo el valor de las viviendas en su urbanización.

Ninguno de los dos logra quedarse con todo el terreno: uno recupera una parte y el otro no consigue demostrar que la adquirió por el uso con el paso del tiempo.

La Ley de Propiedad Horizontal permite prohibir plantas en fachadas si comprometen la seguridad, la estética del edificio o causan molestias por el riego.

Los residentes proponen limitar a dos plazas por vivienda, pero una de las afectadas cuestiona si debe aceptar la petición.

Los propietarios denunciaban ruidos, amenazas y comportamientos violentos de forma reiterada. La convivencia era insostenible y debía protegerse al resto de vecinos.

El Ayuntamiento exigía autorización de los vecinos para ejercer la actividad, aunque el tribunal concluye que esa condición no está prevista en la ley.