Comunidad de vecinos - Página 2

El Alto Tribunal considera que la acción no estaba prescrita porque no se pedía solo retirar la construcción, sino restituir el derecho de propiedad de los comuneros sobre el elemento común

La ley establece que el rellano es un espacio común y por tanto, colocar un paragüero, u otros objetos personales depende de la autorización de la comunidad.

Una comunidad puede excluir del pago de ciertos servicios a quienes no se benefician, según la Ley de Propiedad Horizontal y la doctrina del Supremo.

La normativa establece que los propietarios ausentes pueden ver su voto computado como favorable si no manifiestan su oposición tras ser notificados del acuerdo.

La justicia confirma que la propietaria actuó como tercera al abonar una deuda que no podía asumir el edificio y tendrán que devolvérselo.

La justicia reconoce que un propietario puede demandar sin acuerdo previo de la junta, pero rechaza la petición al no ver probadas actividades molestas, peligrosas o ilícitas.

Los hermanos talaron una hilera de cipreses de 10 metros tras una disputa por el límite de la finca y ahora deberán afrontar una elevada indemnización.

La mujer asegura que su nueva vecina incluso le hizo fotos y advirtió con acudir al ayuntamiento si no retiraba la colada.

La justicia avala la decisión de una comunidad de propietarios que prohibía este tipo de cerramientos al considerar que alteran elementos comunes.

El propietario asegura que las cuotas han pasado de unos 230 a 810 euros lo que está hundiendo el valor de las viviendas en su urbanización.

Ninguno de los dos logra quedarse con todo el terreno: uno recupera una parte y el otro no consigue demostrar que la adquirió por el uso con el paso del tiempo.

La Ley de Propiedad Horizontal permite prohibir plantas en fachadas si comprometen la seguridad, la estética del edificio o causan molestias por el riego.

Los residentes proponen limitar a dos plazas por vivienda, pero una de las afectadas cuestiona si debe aceptar la petición.

Los propietarios denunciaban ruidos, amenazas y comportamientos violentos de forma reiterada. La convivencia era insostenible y debía protegerse al resto de vecinos.

El Ayuntamiento exigía autorización de los vecinos para ejercer la actividad, aunque el tribunal concluye que esa condición no está prevista en la ley.

La azotea es un elemento común y los propietarios actuales deben responder, aunque las instalaciones ya existieran cuando adquirió la vivienda

Aunque el dueño sostenía que la ocupación afectaba a una mayor superficie, los informes no acreditaron que el espacio bajo la escalera fuera de su propiedad.

La normativa permite exigir su retirada si supone un riesgo para el edificio o causa molestias a otros vecinos

Aunque alegaban que era un sistema antiguo y compartido, el tribunal concluye que no existe servidumbre y ordena eliminar las canalizaciones que atravesaban la vivienda

La normativa obliga a la comunidad a asumir el coste cuando lo piden personas mayores o con discapacidad, incluso si algunos vecinos están en contra.

La Ley de Propiedad Horizontal permite a la comunidad impedir el acceso a la piscina y otras zonas comunes a los vecinos que no cumplan con las normas.

Aunque la comunidad alegaba que ya había reparado la cubierta, un informe pericial demostró que las filtraciones continuaban y que las obras realizadas para arreglarlas carecían de rigor técnico.

Aunque los propietarios alegaban acuerdos previos que lo permitían, la Audiencia considera que sin autorización expresa no pueden alterar la fachada.

La propietaria tiene que pagar los gastos de burofax, certificado de deuda y abogado al considerar que fueron necesarios para reclamar el impago.

La normativa permite limitar o impedir su uso cuando generen molestias, supongan un riesgo o estén prohibidas en los estatutos de la comunidad

Aunque el acceso se restringe, la Audiencia considera que no se vulneran derechos ni se acredita daño económico real.

La normativa permite a la comunidad impedir su instalación e incluso exigir su retirada si se colocan sin autorización y afectan a la fachada del edificio.

La justicia avala que el Ayuntamiento entre a inspeccionar la vivienda y el estado de los 20 gatos tras una denuncia de los vecinos, y confirma que la entrada es legal por razones de salud y bienestar animal.

Aunque no fueran recogidas por el propietario, las notificaciones realizadas por la comunidad fueron válildas, por lo que tendrá que pagar las cuotas pendientes.

Pese a la gravedad del ataque, la justicia considera no había pruebas suficientes de conflictos vecinales reiterados que justificasen la rescisión del contrato.

La dueña eliminó parte de la fachada trasera para conectar sus locales con una nave de otra comunidad, sin autorización de los vecinos.

Ofrecía el apartamento como una experiencia con spa en Airbnb y Booking, pero las molestias, el riesgo estructural y la actividad no autorizada acabaron en los tribunales.

La exención de algunos vecinos puede trasladar el coste al resto si está justificada y se aprueba por mayoría

Aunque el patio sea un elemento común, su uso está sujeto a normas y límites que pueden impedir tender ropa.

La normativa establece que no se pueden realizar actividades que resulten molestas o insalubres para otros vecinos, lo que permite intervenir en casos en los que los olores son persistentes.

El consistorio permitió el uso público de un vial privado sin pagar su mantenimiento y durante años evitó que la comunidad pudiera cancelar la servidumbre de esas calles.

El juzgado confirma que la comunidad puede limitar la tenencia de animales si existe una norma previa en los estatutos y recuerda que la Ley de bienestar animal no reconoce un derecho absoluto a tener mascotas.

Corresponde al propietario podar el seto o árbol si este no lo lleva a cabo, el Defensor del Pueblo explica cuál es el proceso a seguir.

El alto tribunal confirma que la comunidad conocía y toleró la instalación durante más de una década y no se opuso a las obras hasta que estuvieron terminadas, vulnerando la buena fe.

El Alto Tribunal aclara que la comunidad puede demandar también al arrendatario cuando es quien ocupa de hecho el espacio común, aunque solo los propietarios puedan impugnar los acuerdos de la junta.

La familia lleva dos años con el miedo de que su casa se derrumbe por un montículo de tierra del vecino que invade su parcela provocando daños estructurales y filtraciones en su vivienda.

El tribunal reconoce que pudo intervenir en la junta y mostrar su oposición, pero concluye que, al no estar al corriente de pago, su voto no era válido ni podía computarse para las mayorías exigidas.

La justicia considera que el nuevo propietario no es deudor personal de las cuotas anteriores, aunque el inmueble responda como garantía.

El alto tribunal confirma que no toda obra nueva obliga a acudir al interdicto específico si el despojo ya está consumado y la intervención es de escasa entidad.

La normativa obliga a respetar los elementos comunes y permite a la comunidad pedir que se retiren objetos del rellano.

Aunque las obras tienen el permiso del consejo del pueblo, los vecinos critican que su diseño no encaja con el entorno y que podía causar inundaciones

La empresa alteró un elemento común sin autorización de la comunidad para adecuar el sistema de climatización de unas oficinas a las que cambió el uso a vivienda.

El Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas señala que muchos problemas vecinales no nacen del desacuerdo, sino de fallos formales que generan inseguridad jurídica.

Aunque la terraza sea de uso privativo, la comunidad debe asumir la reparación si el problema afecta a la cubierta del edificio.

Tu comunidad puede subirte los gastos comunes hasta un 20% si alquilas tu piso a turistas. Solo necesitan un acuerdo por mayoría en junta para compensar el desgaste de las zonas compartidas, según la ley.

Un juzgado le obliga a retirar una instalación fotovoltaica de 1,2 kW pese a que el propietario reunió firmas de apoyo, en un caso que vuelve a poner el foco en el vacío legal sobre las fotovoltaicas en balcones.

Los acuerdos adoptados por la mayoría fueron válidos y las coacciones sufridas en la junta no anulaban la decisión de iniciar acciones judiciales.

La normativa establece que cualquier instalación que afecte a la fachada o a la estética del edificio debe contar con la aprobación de la comunidad de propietarios.

La reforma refuerza el control vecinal sobre las viviendas turísticas, permite ajustar cuotas hasta un 20 por ciento y deja claro que no hay efectos retroactivos.

Hacienda exige a las comunidades comunicar las operaciones anuales con terceros que superen el límite legal, incluso aunque no desarrollen actividad empresarial.

Aunque pagaron correctamente las obras, la falta de un Informe de Evaluación del Edificio actualizado tras la finalización de los trabajos impide conceder la subvención.

El comprador detectó una demanda contra la comunidad y derramas millonarias que ni el vendedor, ni el notario ni la agencia le habían comunicado.

Aunque sea de uso exclusivo, la estructura y los elementos esenciales de la terraza siguen siendo comunes, lo que influye en las reparaciones y en quién debe asumir los daños

Tras meses de espera, el ayuntamiento asegura que ha emitido varios avisos al propietario y que, tras no obtener respuesta, gestionará la retirada de los residuos.

Aunque el inquilino pueda asumir los gastos de comunidad, el pacto solo es válido si el contrato fija expresamente su importe anual conforme al artículo 20 de la LAU.