El cálculo de la base reguladora se realiza sobre las retribuciones efectivas del año anterior y permite a los afectados cobrar un recargo adicional a cargo de la empresa si hubo negligencia en la prevención de riesgos.
Aunque la trabajadora pidió que se le reconociera la incapacidad permanente absoluta o, subsidiariamente, la total para su profesión habitual, la justicia señala que sus secuelas actuales no le impiden ejercer como contable.
El Tribunal Supremo unifica doctrina y permite utilizar las cotizaciones previas a la incapacidad para acceder a esta ayuda, evitando que el pensionista quede desprotegido al perder un empleo compatible.
La trabajadora acreditó sufrir polialgias, aplastamientos vertebrales, artrosis en las manos y dolor generalizado que le impedían agarrar objetos o trabajar de pie, motivos suficientes para que el TSJ le reconociera la prestación.
Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, explica las exenciones por edad y discapacidad, los mínimos personales que aumentan a partir de los 65 años y las deducciones familiares que permiten a miles de jubilados pagar menos en la Declaración de la Renta 2025.
El Alto Tribunal explica que la Seguridad Social no puede dejar sin efecto una sentencia firme abriendo por su cuenta un procedimiento de revisión por mejoría antes incluso de que el fallo judicial adquiera firmeza.
Ignacio de la Calzada avisa de la confusión que rodea la próxima ampliación del Real Decreto 370/2023, que sumará once patologías al listado oficial que da derecho a retirarse a los 56 años con el 100% de la pensión sin recortes ni coeficientes reductores.
El Alto Tribunal aclara que, aunque el INSS tenga potestad para revisar las incapacidades, esta herramienta no se puede utilizar para suspender el cumplimiento de una resolución judicial favorable al trabajador.
El Alto Tribunal aclara que, aunque la pensión se reconozca con efectos retroactivos, esos importes no se reparten entre los ejercicios anteriores, sino que se imputan al año en que la resolución judicial adquiere firmeza.
El tribunal señala que un “no apto” para un puesto específico en una empresa no equivale automáticamente a estar incapacitado para toda una profesión u oficio general.
La trabajadora solicitó que se le reconociera la incapacidad permanente absoluta o la total para su puesto habitual, pero el tribunal dice que sus limitaciones físicas y psicológicas actuales no le impiden desarrollar su trabajo en la oficina.
El abogado Víctor Arpa explica que patologías como la rotura del manguito rotador, la artrosis o las secuelas de una operación pueden dar derecho a la incapacidad permanente total, con una pensión del 55% de la base reguladora, o incluso a la absoluta.
Aunque la Seguridad Social no puede adelantar la revisión libremente, sí que puede hacerlo en casos concretos, como cuando el pensionista está trabajando o existe error de diagnóstico.
Para el tribunal, no se acreditó un empeoramiento de las lesiones, estableciendo que debe seguir percibiendo la pensión en su grado total, sin cambios.
Aunque la limpiadora solicitó que se le reconociera la incapacidad permanente absoluta, la justicia concluye que sus limitaciones actuales no le impiden desarrollar otras profesiones distintas de la habitual.
El TSJ explica que artículo 195.1 de la Ley General de la Seguridad Social impide acceder a la incapacidad permanente cuando en la fecha del hecho causante el trabajador ya tiene la edad ordinaria de jubilación y cumple los requisitos para jubilarse.
El Alto Tribunal confirma que los empleados cedidos por una empresa de trabajo temporal tienen derecho a la misma indemnización por incapacidad permanente que los de plantilla directa de la empresa donde prestaban sus servicios.
Las cotizaciones usadas para la incapacidad permanente sí pueden computarse para acceder a este subsidio para mayores de 52 años, explica el Tribunal Supremo.
La obligación de presentar el IRPF depende de cuánto cobra el pensionista, de cuántos pagadores tiene y del tipo de pensión que cobra. Hay pensiones que están exentas independientemente de la cuantía.
Esta supone la tercera partida de mayor gasto dentro del sistema de la Seguridad Social, siendo superada por las de jubilación, que representa el 73,2%, y las de viudedad, que es el 15,9%.
Aunque la trabajadora pidió que al menos se le reconociera la incapacidad permanente total para su profesión habitual, la justicia concluye que sus limitaciones actuales no le impiden ejercer como camarera.
El informe de síntesis del EVI recoge textualmente las actividades observadas al trabajador para justificar que no presenta reducciones funcionales graves que le incapaciten para su profesión.
El Alto Tribunal aclara que ese tiempo en el RETA no puede incluirse en el reparto de responsabilidades porque entonces no existía una cobertura específica de contingencias profesionales.
El abogado laboralista en incapacidades aclara que la pensión no suma años ni mejora la base de cotización, aunque sí existe una excepción que puede cambiar el cálculo al llegar a la edad de retiro.
El balcón es parte integrante de la vivienda y, por tanto, un ámbito reservado para la vida personal al que no se puede acceder sin consentimiento o resolución judicial.
La denegación se basa en el artículo 195.1 de la Ley General de la Seguridad Social, que impide reconocer la incapacidad permanente cuando el trabajador ya cobra la jubilación ordinaria.
La reforma que entró en vigor el 1 de noviembre de 2024 suprimió expresamente esa posibilidad, aunque existe una excepción para quienes hayan vuelto a trabajar después de obtener la pensión.
Aunque la revisión de la incapacidad permanente suele situarse en torno a los dos años, la Ley General de la Seguridad Social permite adelantarla en determinados supuestos, incluso antes de que se cumpla ese plazo.
Aunque la Seguridad Social sostenía que no había perdido la capacidad necesaria para ejercer su profesión, la justicia determina que sus lesiones en la espalda y el hombro derecho sí le impiden seguir trabajando como conductor.
El Tribunal Supremo aclara que los 15 años exigidos para la jubilación pueden computarse con toda la vida laboral, pero los requisitos ligados al desempleo deben cumplirse con trabajo posterior y compatible con la incapacidad.
Aunque la Seguridad Social argumentó que sus lesiones no eran definitivas, la justicia confirma que su dolencia es irreversible y le impide afrontar la exigencia física de su oficio.
El abogado laboralista explica que pedirla antes de tiempo, presentar mal la solicitud o rendirse tras la primera negativa puede complicar el acceso a esta pensión de la Seguridad Social.
La Seguridad Social le denegó la pensión hasta en tres ocasiones alegando que su enfermedad no era suficiente como para darle la incapacidad, siendo corregido por la justicia.
La normativa de la LGSS establece que la incomparecencia a las convocatorias provocará la pausa provisional del pago, diferenciando claramente entre la pérdida definitiva de una baja médica y la suspensión de una pensión.
La justicia determina que la de tractorista es una “profesión residual” que se vio obligado a ejercer tras serle retirado el permiso de conducir de vehículos profesionales por su cardiopatía.
El profesiograma recoge las funciones reales del puesto de trabajo y puede ser decisivo para demostrar ante la Seguridad Social o un juez que la lesión impide seguir ejerciendo la profesión habitual.
La prestación por desempleo generada antes de la pensión se extingue por provenir de las mismas cotizaciones, aunque se puede generar un nuevo derecho con otro empleo compatible.
Aunque la nueva Ley 2/2025 elimina el despido automático por invalidez, si el empleado no manifiesta su deseo de continuar, la empresa podrá dar por finalizada la relación laboral sin derecho a adaptación.
El Alto Tribunal explica que los atrasos cobrados tras ganar un juicio al INSS deben declararse íntegramente en el año en que la sentencia es firme, respaldando el criterio de Hacienda, aunque avala aplicar una reducción del 30%.
La Seguridad Social sostenía que podía desempeñar trabajos livianos o sedentarios, pero el tribunal explica que la afectación cognitiva y funcional es tan grave que le impide “el desempeño de cualquier tipo de trabajo”.
El Alto Tribunal aclara que no reconocer esta cuantía a un interino cuando sufre una incapacidad vulnera el principio de igualdad y la normativa europea.
Pidió que revisaran su grado para que le concedieran el grado mínimo de incapacidad permanente, y no el máximo, para así poder montar su propio negocio.
La justicia determina que sus lesiones son lo suficientemente graves para seguir desarrollando su profesión de jefe de taller, en contra de lo que defendía la Seguridad Social.
El abogado avisa de que el informe médico de síntesis es la base sobre la que decide el INSS y el documento que más pesa si el caso termina en un juicio.
Se trata del profesiograma, un informe que elabora la empresa y que este abogado tacha de “fundamental”, especialmente para la incapacidad permanente total.
La justicia, en contra de lo que defendía el INSS, determina que el cuadro psicopatológico de la mujer le impide realizar cualquier actividad laboral con un rendimiento mínimo.
Si el trabajador tiene la edad ordinaria de jubilación y los años cotizados necesarios, el INSS no reconocerá una incapacidad permanente por enfermedad común, obligando al afectado a solicitar la pensión de jubilación, según el artículo 195.1 de la LGSS.
El Tribunal Supremo avala que el plazo para reclamar cobros indebidos comienza cuando la administración descubre el fraude y no cuando concede la ayuda.
El tribunal explicó que la mujer padece secuelas graves y linfedema pero considera que su estado físico le permite desarrollar tareas sedentarias que no exijan gran esfuerzo físico.
La mujer trabajaba también de agricultura y la justicia considera que sus patologías le impiden realizar las funciones habituales de ambas profesiones.