Incapacidad permanente - Página 2

La pensión por incapacidad permanente total se mantiene si el trabajador pasa a una profesión distinta de la habitual, pero queda suspendida si sigue en la misma empresa con el mismo puesto adaptado a sus limitaciones.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones consigue un superávit de 3.422 millones de euros hasta marzo tras ingresar un 7,8% más por las cuotas.

A pesar de que la trabajadora pedía la incapacidad permanente absoluta o parcial, y que su empresa la despidió por no ser apta, la justicia señala que sus patologías crónicas no merman su capacidad para desempeñar su oficio.

El nuevo proceso de incapacidad temporal abre un cómputo independiente y no impide reclamar contra la resolución denegatoria.

Sus lesiones le impiden realizar tareas básicas como hacer camas o fregar, ya que no puede realizar esfuerzos ni mantener posturas prolongadas con la espalda.

La pensión media de jubilación sube hasta los 1.569,7 euros mensuales, aunque en la Minería del Carbón la cuantía media alcanza los 2.998,3 euros al mes.

El tribunal ha concluido que no existe una bajada de su rendimiento a pesar de que cuenta con una discapacidad reconocida del 41%.

No existe una modalidad de jubilación anticipada por enfermedad grave. La vía habitual es la incapacidad permanente, que se transforma automáticamente en jubilación al cumplir la edad legal.

La Ley General de la Seguridad Social exige al menos cinco años cotizados, aunque el periodo puede ser mayor en función de la edad del trabajador.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias concluye que no cumple los requisitos legales para acceder a la incapacidad permanente total.

El Alto Tribunal aclara que distinguir entre fijos y temporales para esta compensación carece de justificación objetiva y razonable y constituye una discriminación laboral.

La Justicia explica que el que exista una leve mejoría médica no basta para retirar una incapacidad permanente absoluta si no existe una recuperación real de la capacidad laboral, por lo que la Seguridad Social no puede denegar la pensión cuando las limitaciones impiden trabajar en cualquier profesión.

El empleado solicitó reincorporarse a su puesto si era posible realizar “ajustes razonables” para adaptarlo, tal y como exige la normativa europea y la doctrina del TJUE.

El Tribunal determina que las secuelas derivadas del cáncer de mama y el resto de patologías son suficientes para alcanzar el grado de incapacidad permanente absoluta.

La demora de calificación prorroga la incapacidad temporal hasta los dos años, pero cruzar esa frontera no abre la puerta automática a la pensión de la Seguridad Social.

Madrid roza las 100.000 pensiones de incapacidad permanente y supera la media nacional con una prestación media de 1.356,1 euros.

Aunque se agote el plazo máximo de la incapacidad temporal de 545 días, si no hay resolución expresa se mantiene la protección económica mientras se espera la citación del Equipo de Valoración de Incapacidades.

Aunque se agote el plazo de la incapacidad temporal de 545 días, si no hay resolución expresa, se mantiene la protección económica mientras se espera la citación del Equipo de Valoración de Incapacidades.

El Alto Tribunal fija doctrina al señalar que las pensiones de incapacidad reconocidas por sentencia firme se declaran íntegramente en el IRPF del año en que la resolución gana firmeza, aunque los atrasos correspondan a varios ejercicios.

El sindicato de Pepe Álvarez considera que la subida de la incapacidad temporal es consecuencia directa del deterioro del sistema sanitario y alerta de la importancia de la prevención del suicidio en las empresas.

El Alto Tribunal recuerda que el plazo de 20 días hábiles para impugnar el despido arranca con la baja en la Seguridad Social, aunque el INSS todavía no haya resuelto la incapacidad permanente.

Si el empleado conoce la decisión empresarial y no actúa dentro del plazo previsto, la acción de despido caduca aunque después discuta si esa extinción fue correcta, aclara el Supremo.

La justicia considera que la combinación de su afección cardíaca con el consumo de tóxicos hacía imposible que el trabajador mantuviera la capacidad física necesaria para ejercer como fontanero, por lo que le reconocen la incapacidad permanente total del 55% sobre una base reguladora de 807,94 euros.

Aunque la trabajadora pidió que se elevara su grado a incapacidad permanente absoluta por agravación psiquiátrica, la justicia concluye que sus limitaciones actuales no son más graves que las de hace años.

Trabajaba como auxiliar administrativa con tareas informáticas y sus patologías le impiden salir de casa o conducir.

El INSS se la había denegado por la vía administrativa, corrigiendo esta decisión el TSJ de Asturias.

El cálculo de la base reguladora se realiza sobre las retribuciones efectivas del año anterior y permite a los afectados cobrar un recargo adicional a cargo de la empresa si hubo negligencia en la prevención de riesgos.

Aunque la trabajadora pidió que se le reconociera la incapacidad permanente absoluta o, subsidiariamente, la total para su profesión habitual, la justicia señala que sus secuelas actuales no le impiden ejercer como contable.

El Tribunal Supremo unifica doctrina y permite utilizar las cotizaciones previas a la incapacidad para acceder a esta ayuda, evitando que el pensionista quede desprotegido al perder un empleo compatible.

La trabajadora acreditó sufrir polialgias, aplastamientos vertebrales, artrosis en las manos y dolor generalizado que le impedían agarrar objetos o trabajar de pie, motivos suficientes para que el TSJ le reconociera la prestación.

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, explica las exenciones por edad y discapacidad, los mínimos personales que aumentan a partir de los 65 años y las deducciones familiares que permiten a miles de jubilados pagar menos en la Declaración de la Renta 2025.

El Alto Tribunal explica que la Seguridad Social no puede dejar sin efecto una sentencia firme abriendo por su cuenta un procedimiento de revisión por mejoría antes incluso de que el fallo judicial adquiera firmeza.

La Seguridad Social reconoce el desempleo como situación asimilada al alta para acceder a esta prestación contributiva.

Ignacio de la Calzada avisa de la confusión que rodea la próxima ampliación del Real Decreto 370/2023, que sumará once patologías al listado oficial que da derecho a retirarse a los 56 años con el 100% de la pensión sin recortes ni coeficientes reductores.

El TSJ de Cataluña corrige el criterio del INSS y le reconoce una pensión de incapacidad permanente total para su profesión habitual.

El Alto Tribunal aclara que, aunque el INSS tenga potestad para revisar las incapacidades, esta herramienta no se puede utilizar para suspender el cumplimiento de una resolución judicial favorable al trabajador.

La abogada explica que, al imputarse toda la cuantía en un solo ejercicio, la carga fiscal es mayor, ya que el IRPF es un impuesto progresivo.

El Alto Tribunal aclara que, aunque la pensión se reconozca con efectos retroactivos, esos importes no se reparten entre los ejercicios anteriores, sino que se imputan al año en que la resolución judicial adquiere firmeza.

El tribunal señala que un “no apto” para un puesto específico en una empresa no equivale automáticamente a estar incapacitado para toda una profesión u oficio general.

El abogado Víctor Arpa explica que patologías como la rotura del manguito rotador, la artrosis o las secuelas de una operación pueden dar derecho a la incapacidad permanente total, con una pensión del 55% de la base reguladora, o incluso a la absoluta.

Aunque la Seguridad Social no puede adelantar la revisión libremente, sí que puede hacerlo en casos concretos, como cuando el pensionista está trabajando o existe error de diagnóstico.

Para el tribunal, no se acreditó un empeoramiento de las lesiones, estableciendo que debe seguir percibiendo la pensión en su grado total, sin cambios.

Aunque la limpiadora solicitó que se le reconociera la incapacidad permanente absoluta, la justicia concluye que sus limitaciones actuales no le impiden desarrollar otras profesiones distintas de la habitual.

El TSJ explica que artículo 195.1 de la Ley General de la Seguridad Social impide acceder a la incapacidad permanente cuando en la fecha del hecho causante el trabajador ya tiene la edad ordinaria de jubilación y cumple los requisitos para jubilarse.

El Alto Tribunal confirma que los empleados cedidos por una empresa de trabajo temporal tienen derecho a la misma indemnización por incapacidad permanente que los de plantilla directa de la empresa donde prestaban sus servicios.

Las cotizaciones usadas para la incapacidad permanente sí pueden computarse para acceder a este subsidio para mayores de 52 años, explica el Tribunal Supremo.

La obligación de presentar el IRPF depende de cuánto cobra el pensionista, de cuántos pagadores tiene y del tipo de pensión que cobra. Hay pensiones que están exentas independientemente de la cuantía.

La incapacidad permanente parcial se cobra en un pago único equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora. Esta es la cuantía máxima en 2026.

Esta supone la tercera partida de mayor gasto dentro del sistema de la Seguridad Social, siendo superada por las de jubilación, que representa el 73,2%, y las de viudedad, que es el 15,9%.

La pensión de jubilación media sube y llega a los 1.568,5 euros mensuales y la pensión de viudedad se sitúa en los 973,4 euros al mes.

El artículo 195 de la Ley General de la Seguridad Social fija la carencia previa cuando la prestación deriva de contingencias comunes.

Aunque la trabajadora pidió que al menos se le reconociera la incapacidad permanente total para su profesión habitual, la justicia concluye que sus limitaciones actuales no le impiden ejercer como camarera.

El informe de síntesis del EVI recoge textualmente las actividades observadas al trabajador para justificar que no presenta reducciones funcionales graves que le incapaciten para su profesión.

El Alto Tribunal aclara que ese tiempo en el RETA no puede incluirse en el reparto de responsabilidades porque entonces no existía una cobertura específica de contingencias profesionales.

El abogado laboralista en incapacidades aclara que la pensión no suma años ni mejora la base de cotización, aunque sí existe una excepción que puede cambiar el cálculo al llegar a la edad de retiro.

El balcón es parte integrante de la vivienda y, por tanto, un ámbito reservado para la vida personal al que no se puede acceder sin consentimiento o resolución judicial.

La denegación se basa en el artículo 195.1 de la Ley General de la Seguridad Social, que impide reconocer la incapacidad permanente cuando el trabajador ya cobra la jubilación ordinaria.

La reforma que entró en vigor el 1 de noviembre de 2024 suprimió expresamente esa posibilidad, aunque existe una excepción para quienes hayan vuelto a trabajar después de obtener la pensión.

Aunque la revisión de la incapacidad permanente suele situarse en torno a los dos años, la Ley General de la Seguridad Social permite adelantarla en determinados supuestos, incluso antes de que se cumpla ese plazo.

Aunque la Seguridad Social sostenía que no había perdido la capacidad necesaria para ejercer su profesión, la justicia determina que sus lesiones en la espalda y el hombro derecho sí le impiden seguir trabajando como conductor.