Incapacidad permanente - Página 2

La Seguridad Social le había denegado cualquier tipo de grado de incapacidad al considerar que sus patologías no eran definitivas ni mermaban su capacidad laboral.

Bankinter, Unicaja y Caja de Ingenieros adelantan el ingreso a este viernes 22; CaixaBank lo hace el domingo 24; el resto de la gran banca paga el lunes 25 de mayo.

En un primer momento, el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) de la Seguridad Social consideró que las lesiones que padecía no alcanzaban un grado suficiente que disminuyera su capacidad laboral, por lo que la pensión fue denegada.

El letrado, conocido en redes como Un tío legal, explica en un vídeo que la prórroga hasta los 545 días es automática, pero recuerda que el trabajador con lesiones irreversibles puede solicitar la pensión antes sin esperar a esa fecha.

La sentencia sostiene que aparecen periodos en los que no estaba inscrito como demandante de empleo que no quedaron justificados por causas ajenas a su voluntad.

El abogado aclara que ese aviso solo indica que el organismo ha visto motivos para estudiar el caso y que aún quedan por delante el tribunal médico y la resolución definitiva.

Cobraba una pensión de incapacidad permanente total pero la justicia aumentó el grado por su grave deterioro psiquiátrico y cognitivo.

La mayoría de pensiones que reconoce la Seguridad Social son de incapacidad permanente total, que inhabilita para la profesión habitual y no para cualquier puesto, según el artículo 194.4 de la Ley General de la Seguridad Social.

La Audiencia de Tarragona ha considerado probado que manipuló la documentación y suplantó identidades para conseguir préstamos, tarjetas financieras y créditos al consumo.

La Gran Invalidez alcanza los 2.591 euros de media frente a los 566 del SOVI. El sistema mantiene en vigor 35.198 pensiones por necesidad de tercera persona

La pérdida de fuerza, la falta de sensibilidad y los temblores en la mano tras su proceso oncológico son incompatibles con la precisión manual que exige su oficio.

El Tribunal Supremo explica que una multa posterior a la empresa no sirve para cambiar la calificación de la incapacidad de común a laboral.

Para el Tribunal, su 'síndrome de espalda fallida' junto al trastorno adaptativo y la distimia comprometen las tres posturas básicas y le impiden retener "capacidad laboral suficiente para ejercer ninguna actividad profesional reglada".

Determina que el requisito de los 15 años cotizados no es una carencia propia del subsidio sino un reflejo del acceso futuro a la jubilación.

Aplica el artículo 193.1 de la LGSS frente al desarrollo reglamentario cuando las dolencias se agravan tras la denegación administrativa.

La Justicia considera que pedir el permiso de compatibilidad un año y medio después de haber dejado el trabajo no permite cubrir hacia atrás las dos mensualidades de pensión ya cobradas en aquel periodo.

La doctrina del Tribunal Supremo blinda al autónomo frente a los recibos retroactivos del RETA si se da de baja inmediatamente tras la resolución y permite recuperar las cuotas pagadas durante un recurso judicial.

La Seguridad Social le retiró la pensión al considerar que podía volver a trabajar, pero el tribunal entiende que sus problemas de salud y consumo de drogas le impedían conducir un autobús con seguridad.

La trabajadora acreditó sufrir 18 puntos de dolor, dolor crónico en el hemicuerpo izquierdo, discopatía lumbar y labilidad emocional que le impedían hacer frente a las exigencias físicas de su profesión, motivos suficientes para que el TSJ le reconociera la prestación.

El tribunal considera que las dolencias no limitan de forma suficiente su capacidad para conducir, pese a los informes médicos y al uso de analgésicos opioides.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias ha concluido que el fallo fue del SEPE y aplica la doctrina europea que evita exigir el reintegro de ayudas de subsistencia.

La justicia dio prioridad al informe del INSS frente a los aportados por la trabajadora, considerando que algunas de estas lesiones que aseguraba la empleada no estaban acreditadas.

La pensión por incapacidad permanente total se mantiene si el trabajador pasa a una profesión distinta de la habitual, pero queda suspendida si sigue en la misma empresa con el mismo puesto adaptado a sus limitaciones.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones consigue un superávit de 3.422 millones de euros hasta marzo tras ingresar un 7,8% más por las cuotas.

A pesar de que la trabajadora pedía la incapacidad permanente absoluta o parcial, y que su empresa la despidió por no ser apta, la justicia señala que sus patologías crónicas no merman su capacidad para desempeñar su oficio.

El nuevo proceso de incapacidad temporal abre un cómputo independiente y no impide reclamar contra la resolución denegatoria.

Sus lesiones le impiden realizar tareas básicas como hacer camas o fregar, ya que no puede realizar esfuerzos ni mantener posturas prolongadas con la espalda.

La pensión media de jubilación sube hasta los 1.569,7 euros mensuales, aunque en la Minería del Carbón la cuantía media alcanza los 2.998,3 euros al mes.

El tribunal ha concluido que no existe una bajada de su rendimiento a pesar de que cuenta con una discapacidad reconocida del 41%.

No existe una modalidad de jubilación anticipada por enfermedad grave. La vía habitual es la incapacidad permanente, que se transforma automáticamente en jubilación al cumplir la edad legal.

La Ley General de la Seguridad Social exige al menos cinco años cotizados, aunque el periodo puede ser mayor en función de la edad del trabajador.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias concluye que no cumple los requisitos legales para acceder a la incapacidad permanente total.

El Alto Tribunal aclara que distinguir entre fijos y temporales para esta compensación carece de justificación objetiva y razonable y constituye una discriminación laboral.

La Justicia explica que el que exista una leve mejoría médica no basta para retirar una incapacidad permanente absoluta si no existe una recuperación real de la capacidad laboral, por lo que la Seguridad Social no puede denegar la pensión cuando las limitaciones impiden trabajar en cualquier profesión.

El empleado solicitó reincorporarse a su puesto si era posible realizar “ajustes razonables” para adaptarlo, tal y como exige la normativa europea y la doctrina del TJUE.

El Tribunal determina que las secuelas derivadas del cáncer de mama y el resto de patologías son suficientes para alcanzar el grado de incapacidad permanente absoluta.

La demora de calificación prorroga la incapacidad temporal hasta los dos años, pero cruzar esa frontera no abre la puerta automática a la pensión de la Seguridad Social.

Madrid roza las 100.000 pensiones de incapacidad permanente y supera la media nacional con una prestación media de 1.356,1 euros.

Aunque se agote el plazo máximo de la incapacidad temporal de 545 días, si no hay resolución expresa se mantiene la protección económica mientras se espera la citación del Equipo de Valoración de Incapacidades.

Aunque se agote el plazo de la incapacidad temporal de 545 días, si no hay resolución expresa, se mantiene la protección económica mientras se espera la citación del Equipo de Valoración de Incapacidades.

El Alto Tribunal fija doctrina al señalar que las pensiones de incapacidad reconocidas por sentencia firme se declaran íntegramente en el IRPF del año en que la resolución gana firmeza, aunque los atrasos correspondan a varios ejercicios.

El sindicato de Pepe Álvarez considera que la subida de la incapacidad temporal es consecuencia directa del deterioro del sistema sanitario y alerta de la importancia de la prevención del suicidio en las empresas.

El Alto Tribunal recuerda que el plazo de 20 días hábiles para impugnar el despido arranca con la baja en la Seguridad Social, aunque el INSS todavía no haya resuelto la incapacidad permanente.

Si el empleado conoce la decisión empresarial y no actúa dentro del plazo previsto, la acción de despido caduca aunque después discuta si esa extinción fue correcta, aclara el Supremo.

La justicia considera que la combinación de su afección cardíaca con el consumo de tóxicos hacía imposible que el trabajador mantuviera la capacidad física necesaria para ejercer como fontanero, por lo que le reconocen la incapacidad permanente total del 55% sobre una base reguladora de 807,94 euros.

Aunque la trabajadora pidió que se elevara su grado a incapacidad permanente absoluta por agravación psiquiátrica, la justicia concluye que sus limitaciones actuales no son más graves que las de hace años.

Trabajaba como auxiliar administrativa con tareas informáticas y sus patologías le impiden salir de casa o conducir.

El INSS se la había denegado por la vía administrativa, corrigiendo esta decisión el TSJ de Asturias.

El cálculo de la base reguladora se realiza sobre las retribuciones efectivas del año anterior y permite a los afectados cobrar un recargo adicional a cargo de la empresa si hubo negligencia en la prevención de riesgos.

El Tribunal Supremo unifica doctrina y permite utilizar las cotizaciones previas a la incapacidad para acceder a esta ayuda, evitando que el pensionista quede desprotegido al perder un empleo compatible.

La trabajadora acreditó sufrir polialgias, aplastamientos vertebrales, artrosis en las manos y dolor generalizado que le impedían agarrar objetos o trabajar de pie, motivos suficientes para que el TSJ le reconociera la prestación.

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, explica las exenciones por edad y discapacidad, los mínimos personales que aumentan a partir de los 65 años y las deducciones familiares que permiten a miles de jubilados pagar menos en la Declaración de la Renta 2025.

El Alto Tribunal explica que la Seguridad Social no puede dejar sin efecto una sentencia firme abriendo por su cuenta un procedimiento de revisión por mejoría antes incluso de que el fallo judicial adquiera firmeza.

La Seguridad Social reconoce el desempleo como situación asimilada al alta para acceder a esta prestación contributiva.

Ignacio de la Calzada avisa de la confusión que rodea la próxima ampliación del Real Decreto 370/2023, que sumará once patologías al listado oficial que da derecho a retirarse a los 56 años con el 100% de la pensión sin recortes ni coeficientes reductores.

El TSJ de Cataluña corrige el criterio del INSS y le reconoce una pensión de incapacidad permanente total para su profesión habitual.

El Alto Tribunal aclara que, aunque el INSS tenga potestad para revisar las incapacidades, esta herramienta no se puede utilizar para suspender el cumplimiento de una resolución judicial favorable al trabajador.

La abogada explica que, al imputarse toda la cuantía en un solo ejercicio, la carga fiscal es mayor, ya que el IRPF es un impuesto progresivo.

El Alto Tribunal aclara que, aunque la pensión se reconozca con efectos retroactivos, esos importes no se reparten entre los ejercicios anteriores, sino que se imputan al año en que la resolución judicial adquiere firmeza.

El tribunal señala que un “no apto” para un puesto específico en una empresa no equivale automáticamente a estar incapacitado para toda una profesión u oficio general.