Sentencias - Página 2

Los trabajadores no pueden perder parte de su nómina por disfrutar de sus días de permiso, por lo que deben percibir los complementos habituales que habrían cobrado de haber trabajado, según establece el Alto Tribunal.

Aunque la comunidad alegaba que ya había reparado la cubierta, un informe pericial demostró que las filtraciones continuaban y que las obras realizadas para arreglarlas carecían de rigor técnico.

La Audiencia Provincial reconoce que, tras décadas fuera del mercado laboral, pensar que podrá superar el desequilibrio económico sería puro “futurismo o adivinación”. Además, reconoce una indemnización en forma de compensatoria de 80.000 euros.

El despido es nulo, disfrutando el trabajador de una reducción de jornada para cuidar de su hijo, y deben readmitirle y pagarle los salarios de tramitación.

La Justicia explica que, en este caso excepcional para parejas de hecho, la ley impide cobrar la viudedad si el solicitante ya tiene reconocida otra pensión contributiva de la Seguridad Social.

Aunque alegaba que eran hechos aislados, la Audiencia considera que existía un comportamiento reiterado que justifica resolver el contrato.

La Audiencia concluye que captó a varios trabajadores con una oferta “ventajosa” que luego derivó en salarios por debajo de convenio, falta de alta en la Seguridad Social y viviendas “insalubres”.

La justicia determina que fijar distintas indemnizaciones por tramos de edad es legal atendiendo al perjuicio económico mayor que sufren los más jóvenes.

Aunque la mujer alegó que no pudo comunicarlo porque dio positivo en Covid, la Justicia entiende que debía haber avisado al SEPE de su salida al extranjero mientras cobraba la prestación.

El Alto Tribunal considera abusivas varias condiciones del préstamo firmado por la pareja con la entidad.

La Justicia rechazar explica que la deducción del 95% no se aplica si no se prueba que el arrendamiento era una verdadera actividad económica en la fecha del fallecimiento.

La propietaria tiene que pagar los gastos de burofax, certificado de deuda y abogado al considerar que fueron necesarios para reclamar el impago.

Las cotizaciones del subsidio no cuentan como renta a la hora de calcular los ingresos de la unidad familiar, tanto para el acceso a la pensión no contributiva como para establecer su cuantía.

Para el tribunal, no se acreditó un empeoramiento de las lesiones, estableciendo que debe seguir percibiendo la pensión en su grado total, sin cambios.

El TSJ explica que ese inmueble no puede computarse como patrimonio, ya que seguía siendo su vivienda habitual pese a su traslado temporal a otra localidad.

La Junta de Andalucía entendía que el heredero no podía aplicar la reducción del 90% en el Impuesto sobre Sucesiones porque la finca perdió meses después la condición de explotación prioritaria.

El Alto Tribunal aclara que la baja por incapacidad temporal no puede restarse del cálculo para acceder a esta ayuda.

El Tribunal Supremo explica que la incapacidad temporal también cuenta como ingreso fiscalmente computable y que no se pueden excluir del cálculo los días en los que la autónoma estuvo de baja.

Apeló a los supuestos previstos en el artículo 1.3 del Estatuto de los Trabajadores, pero no pudo probar los vínculos familiares o ‘colaboración gratuita’.

La prima anual por objetivos se puede reducir proporcionalmente a los días efectivamente trabajados, pero no se puede excluir los períodos de baja a la hora de acceder a la misma.

La compensación no se considera prescrita porque la compañía no demostró que hubiera actuado con diligencia para incitar al trabajador a disfrutar de sus vacaciones de forma efectiva.

El Tribunal Supremo explica que cobrar una prestación por incapacidad temporal debe contar como equivalente a la actividad laboral a efectos de renovar la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena.

Un juzgado de Almería declara improcedente la extinción al entender que la empresa puso fin a la relación laboral sin causa ni forma legal.

La Seguridad Social explicó que para cobrar la pensión y trabajar hay que solicitarlo, algo que la Justicia los avala y por lo que debe devolver el dinero de su pensión.

El tribunal consideró que había indicios de discriminación por razón de enfermedad y la empresa no justificó las causas reales del despido.

La Justicia rechaza que figurar como titular indistinta del banco le diera derecho a quedarse con el dinero y confirma que debe reintegrarlo a la masa hereditaria con intereses.

El Alto Tribunal explica que el artículo 7.d) de la ley del IRPF solo protege indemnizaciones por daños personales, no las que reparan un perjuicio económico.

Aunque el acceso se restringe, la Audiencia considera que no se vulneran derechos ni se acredita daño económico real.

Tuvo que demandar hasta dos veces a la entidad bancaria para conseguir su reingreso, consiguiéndolo en el segundo procedimiento judicial.

El Alto Tribunal confirma que este derecho estuvo vigente durante años con el convenio provincial y ahora no puede ser eliminado.

El Alto Tribunal concluye que solo será ganancial la parte de la vivienda que se haya pagado realmente con dinero común, aunque la compra se realizara antes del matrimonio.

El tribunal rechaza que los informes sobre apellidos sean suficientes si no cumplen los requisitos legales y recuerda que deben valorarse con rigor.

La Seguridad Social ha cometido el error, por lo que al no existir mala fe, no tendrá que devolver nada, según concluye la Justicia.

El Alto Tribunal confirma que los empleados cedidos por una empresa de trabajo temporal tienen derecho a la misma indemnización por incapacidad permanente que los de plantilla directa de la empresa donde prestaban sus servicios.

Lo que debe traerse a colación no es el bien donado en sí, sino su valor en el momento en que se evalúan los bienes que se heredan.

Aunque no fueran recogidas por el propietario, las notificaciones realizadas por la comunidad fueron válildas, por lo que tendrá que pagar las cuotas pendientes.

El tribunal aclara que, en los contratos fijos discontinuos a tiempo parcial, la baja por accidente laboral no se calcula con lo cotizado en una sola jornada, sino con las bases de cotización de los meses anteriores.

El Alto Tribunal explica que el descanso semanal no puede absorber el descanso diario y que ambos deben sumarse, de forma que si el convenio reconoce 48 horas semanales y 12 horas entre jornadas, el mínimo exigible pasa a ser de 60 horas consecutivas.

Todo depende de que el error fuese solo de la Administración y de que la ayuda cubriese necesidades básicas.

El Alto Tribunal aclara que, en estos casos, la prestación debe fijarse con las bases de cotización del período anterior para evitar resultados que no reflejen el salario real del trabajador.

La Justicia le impone una indemnización por daños patrimoniales y de imagen tras certificar que el sanitario abandonaba la asistencia a domicilio para gestionar un negocio propio.

La Seguridad Social rechazó computar sus cotizaciones por deudas, pero la Justicia aclara que si se cumple un plan de pagos aprobado judicialmente, esas cuotas sí cuentan para la pensión.

El Alto Tribunal explica que, aunque la empresa no actuara con mala fe y pagara después las cotizaciones no prescritas, debe responder por la parte de la jubilación que quedó reducida por esa falta de cotización.

La justicia recuerda que ese beneficio era personal y que la normativa interna prohibía expresamente emitir la factura a nombre de terceros.

La indemnización por extinción del contrato indefinido no fijo por cobertura reglamentaria de la plaza es de 20 días de salario por año trabajado.

La dueña eliminó parte de la fachada trasera para conectar sus locales con una nave de otra comunidad, sin autorización de los vecinos.

Fue readmitida tras un primer despido nulo y, para la Justicia, el segundo cese, basado en la supuesta desaparición de bidones de pintura y en varios insultos, no quedó acreditado y vulneró su garantía de indemnidad.

Si los trabajadores temporales realizan las mismas funciones y están incluidos en el ámbito del mismo convenio colectivo, no se les puede pagar un salario inferior por haber sido contratados dentro de un programa público de empleo, ya que eso sería contrario al principio de igualdad.

El artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores permite el despido disciplinario cuando existe un “incumplimiento grave y culpable” y, en estos casos, los tribunales analizan si la actividad realizada durante la baja vulnera la buena fe contractual o perjudica la recuperación.

Pidió disfrutar 148 días de vacaciones acumuladas y, para la Justicia, esas circunstancias junto con su baja por enfermedad profesional, muestran que la empresa no acreditó una dimisión clara y que el despido fue nulo.

Aunque la trabajadora pidió que al menos se le reconociera la incapacidad permanente total para su profesión habitual, la justicia concluye que sus limitaciones actuales no le impiden ejercer como camarera.

La justicia considera que no es posible mantener contacto íntimos en el lugar de trabajo y menos todavía durante la jornada laboral.

La justicia determina que la crianza no implica abandonar el mercado laboral, por lo que permite aplicar la doctrina del paréntesis.

El Alto Tribunal aclara que ese tiempo en el RETA no puede incluirse en el reparto de responsabilidades porque entonces no existía una cobertura específica de contingencias profesionales.

El juzgado aplica la Ley de Segunda Oportunidad y amplía la exoneración de deuda pública al considerar que actuó de buena fe.

La justicia explica que ya cobraba una pensión de orfandad, por lo que no podía volver a percibir la prestación por hijo a cargo con discapacidad.

La empresa no pudo demostrar las faltas que le imputaban en la carta de despido y la justicia establece que actuaron como represalia por haber reclamado el primer despido y haber denunciado a la Inspección de Trabajo.

La empleada, que contaba con una adaptación del puesto por motivos médicos, defendió que Mercadona le seguía asignando funciones en zonas frías pese a que debía evitar ese tipo de ambientes por prescripción facultativa.

El TSJ de Canarias confirma la denegación porque no alcanzaba la edad mínima exigida y, además, el recurso se presentó con defectos formales que impidieron rebatir correctamente la sentencia.

La sentencia del TSJ de Madrid tumba la ordenanza por defectos sustanciales en su tramitación y deja en el aire uno de los tributos más controvertidos del mandato de Almeida