El TSJ de Murcia confirma la sanción y recuerda que el uso del agua pública exige concesión, incluso si procede de una comunidad de regantes.
Sentencias - Página 2
Era subdirector de una oficina y, además de crear esta red de financiación irregular, filtró información confidencial de 19 clientes.
La Justicia avala el pago del Ingreso Mínimo Vital a un beneficiario a pesar de que el INSS reclamaba más de 4.800 euros por cobro indebido.
Aunque no existía relación entre el padre y sus hijos durante años, el alto tribunal considera que el conflicto familiar venía del divorcio y no puede justificar la desheredación.
El TSJ de Cataluña confirma que no se probó la contratación ficticia y que la beneficiaria, que había trabajado 5 días, tenía derecho a cobrar el paro.
La trabajadora acreditó sufrir 18 puntos de dolor, dolor crónico en el hemicuerpo izquierdo, discopatía lumbar y labilidad emocional que le impedían hacer frente a las exigencias físicas de su profesión, motivos suficientes para que el TSJ le reconociera la prestación.
Aceptar una indemnización menor, estar cerca de la edad de jubilación o firmar en el SMAC no implica automáticamente tener que pagar IRPF si no se demuestra un acuerdo previo entre empresa y trabajador.
Para la justicia estas actividades no son incompatibles con sus limitaciones físicas, recordando que estar de baja no tiene por qué requerir reposo absoluto.
El tribunal considera que las dolencias no limitan de forma suficiente su capacidad para conducir, pese a los informes médicos y al uso de analgésicos opioides.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña concluyó que pasó más de 183 días al año en España, desde donde dirigía sus empresas y no acreditó su residencia en el extranjero.
El cierre de caminos tras la compra de una finca provocó la intervención del alcalde, que condenado por actuar sin autorización.
La administración rechazó la solicitud del trabajador al considerar que no estaba al corriente de sus cuotas, ignorando que un juez mercantil había extinguido legalmente su deuda millonaria tras un proceso de concurso de acreedores.
El Alto Tribunal mantiene el préstamo de 41.500 euros que el demandante firmó en 2017 al 12,50% pero declara nulas casi todas las cláusulas accesorias del contrato por su carácter abusivo.
El Tribunal Supremo confirma en una sentencia que la indemnización de 1.800 euros por denegar el complemento del artículo 60 de la LGSS no se reduce aunque la Seguridad Social reconozca el derecho antes del juicio.
La Justicia reconoce que la dedicación al hogar y al cuidado de los hijos mermó sus oportunidades laborales frente al éxito de su marido, pero rechaza hacer la pensión vitalicia al poseer la mujer un patrimonio inmobiliario cercano a los tres millones de euros.
Anula seis cláusulas de un crédito de 41.500 euros pero rechaza que el interés del 16,38% TAE sea usurario
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias ha concluido que el fallo fue del SEPE y aplica la doctrina europea que evita exigir el reintegro de ayudas de subsistencia.
El Alto Tribunal ha aclarado cuándo las interrupciones entre contratos temporales no hacen perder la antigüedad, incluso aunque duren varios meses.
No todas las piscinas comunitarias deben adaptarse por ley y no se pueden imponer obras sin base legal ni una votación válida.
El TSJ gallego rechaza aplicarle la exención por "buena fe" al comprobar que la beneficiaria entregó un certificado de empadronamiento incompleto que no reflejaba a las otras personas que residían en su domicilio.
El trabajador tenía un contrato indefinido desde 2001 y cobraba más de 6.000 euros al mes, ahora la empresa deberá pagarle o readmitirlo en su puesto.
La justicia dio prioridad al informe del INSS frente a los aportados por la trabajadora, considerando que algunas de estas lesiones que aseguraba la empleada no estaban acreditadas.
La justicia declara el despido nulo por vulneración de su derecho a la intimidad y discriminación por razón de salud.
Un portal no puede actuar como comunidad independiente ni tomar decisiones si no está previsto en el título constitutivo, según la Ley de Propiedad Horizontal y la jurisprudencia.
Para el tribunal, el despido fue discriminatorio, ya que ocurrió tras sufrir el infarto y estar de baja por incapacidad temporal a pesar de que la empresa alegó causas organizativas.
La empresa debe pagarte las horas del permiso como si estuvieras trabajando y no hace falta que tu convenio lo diga expresamente.
A pesar de que la trabajadora pedía la incapacidad permanente absoluta o parcial, y que su empresa la despidió por no ser apta, la justicia señala que sus patologías crónicas no merman su capacidad para desempeñar su oficio.
El Alto Tribunal aclara que cuando se pactan arras penitenciales, el desistimiento de la promotora no genera derecho a reclamar daños y perjuicios por no llevar a cabo la obra.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha rechazado que cobrar 44.000 euros suponga perder las ayudas sociales y ha anulado la devolución del dinero.
Una vez cumplido el plazo legal del contrato, el propietario puede recuperar la vivienda sin alegar causa, incluso si los inquilinos tienen hijos y están en situación de vulnerabilidad.
La empresa cometió discriminación por razón de discapacidad al extinguir el contrato sin intentar adaptar el puesto a sus limitaciones, tras casi dos años de baja, ni reubicarle.
La Audiencia Provincial de Valencia explica que la Seguridad Social tiene cuatro años, no quince, para reclamar el dinero pagado de más, aunque sea a los herederos.
Repitió el mismo patrón con al menos ocho clientes. A raíz de las quejas de varios de ellos, la entidad bancaria realizó una auditoría que reveló estas irregularidades.
El hombre, mientras cobraba la pensión, se dio de alta como autónomo en varios periodos sin solicitar expresamente la compatibilidad a la Seguridad Social, por lo que su jubilación se consideró incompatible.
La Audiencia Nacional aclara que el descanso semanal se devenga durante la jornada trabajada, no al finalizar la semana
Cada modificación del tipo de interés equivale a un nuevo contrato a efectos de apreciar la usura.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha ha confirmado el despido porque la conducta del empleado rompía la confianza laboral.
Sus lesiones le impiden realizar tareas básicas como hacer camas o fregar, ya que no puede realizar esfuerzos ni mantener posturas prolongadas con la espalda.
Aclara que el maltrato psicológico debe ser imputable de forma exclusiva al heredero para justificar la pérdida de la legítima.
La empresa aplicó una cláusula de jubilación forzosa pactada en un contrato individual, sin estar vinculada al convenio colectivo ni a políticas de empleo.
La falta de acceso real a su finca por las dificultades del terreno y la negativa del vecino a dejarle pasar, llevaron el conflicto a los tribunales, que han reconocido el derecho de paso con indemnización al propietario afectado.
El tribunal ha concluido que no existe una bajada de su rendimiento a pesar de que cuenta con una discapacidad reconocida del 41%.
Un empleado de Aldi que ese día estaba ejerciendo de responsable de turno, tenía contrato indefinido y llevaba dos años trabajando en el supermercado cuando se produjo el despido.
Deben contar con autorización para acceder a los centros de trabajo si comparten dirección con la sede social de la empresa, muy habitual en las pymes. La decisión ha provocado el rechazo del sindicato de inspectores.
El fallo establece que la dedicación al hogar merece una compensación económica independientemente de la fortuna del marido, pero suprime la pensión vitalicia al quedar acreditado que fue su estado de salud, y no el matrimonio, lo que le impidió seguir trabajando.
Una comunidad puede excluir del pago de ciertos servicios a quienes no se benefician, según la Ley de Propiedad Horizontal y la doctrina del Supremo.
No informar de ingresos en el momento en que se producen puede suponer la pérdida del subsidio y la obligación de devolver las prestaciones, incluso aunque se declaren después en el IRPF.
El tribunal descarta acoso laboral y recuerda que las decisiones empresariales pueden estar justificadas si son razonables.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias concluye que no cumple los requisitos legales para acceder a la incapacidad permanente total.
El Tribunal Supremo avala la procedencia del despido de un empleado que era ya conocido por prácticas similares en el estadio del Osasuna.
El TSJ aclara que la reclamación de la Administración es correcta, ya que la beneficiaria superó ampliamente el umbral legal al sumar más de 79.000 euros en otros bienes y ahorros, pese a que su vivienda habitual no computara como patrimonio.
El trabajador intentó que se le aplicara la doctrina del paréntesis al tener solo 22 días cotizados de los 730 exigidos por la carencia específica, pero el Tribunal Supremo recuerda que esta no puede aplicarse de forma fragmentada para escoger el periodo más favorable.
La Justicia explica que CaixaBank no puede exigir el pago directo a los hijos del fallecido, aunque sí ejecutar la vivienda hipotecada incluida en la herencia, ya que la deuda recae sobre la herencia yacente y no sobre el patrimonio personal de los herederos.
El tribunal ha rechazado que se produjo una falta de coordinación administrativa, pero esto no la exime de pagar el dinero cobrado de más.
Aunque la causa del despido era válida, no se cumplieron los requisitos formales que exige la ley a la hora de comunicárselo a la trabajadora.
El Alto Tribunal aclara que distinguir entre fijos y temporales para esta compensación carece de justificación objetiva y razonable y constituye una discriminación laboral.
La justicia confirma que la propietaria actuó como tercera al abonar una deuda que no podía asumir el edificio y tendrán que devolvérselo.
La Justicia explica que el que exista una leve mejoría médica no basta para retirar una incapacidad permanente absoluta si no existe una recuperación real de la capacidad laboral, por lo que la Seguridad Social no puede denegar la pensión cuando las limitaciones impiden trabajar en cualquier profesión.
La demandante alegó que, como legataria de bienes específicos, la ley no permite que se le impute el ajuar doméstico, tal como recoge el artículo 23.2 del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
El empleado solicitó reincorporarse a su puesto si era posible realizar “ajustes razonables” para adaptarlo, tal y como exige la normativa europea y la doctrina del TJUE.
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