Sentencias - Página 4

La justicia determina que los años de servicios constituían una relación laboral encubierta y no mercantil. Entre los indicios, tenía un sueldo fijo al margen de sus resultados.

El Tribunal Supremo considera que la ayuda debe ser indefinida, ya que debido a la edad de la mujer es casi imposible que pueda volver a encontrar trabajo, aunque le baja la pensión de 2.000 a 1.400 euros mensuales.

El Tribunal Supremo determina que estos días computan a la hora de ver si se alcanza el plazo de 3 meses exigido entre una baja voluntaria y un cese en periodo de prueba para cobrar la prestación por desempleo.

La empresa alteró un elemento común sin autorización de la comunidad para adecuar el sistema de climatización de unas oficinas a las que cambió el uso a vivienda.

El cobertizo estaba en zona de servidumbre, no en dominio público hidráulico, y la obligación de restitución había prescrito al llevar construido más de 15 años.

El trabajador conocía perfectamente la normativa de la empresa y le habían comunicado previamente en dos ocasiones sobre la misma.

La justicia determina que la de tractorista es una “profesión residual” que se vio obligado a ejercer tras serle retirado el permiso de conducir de vehículos profesionales por su cardiopatía.

La justicia explica que las “cotizaciones ficticias” generadas mientras se cobra esta ayuda no sirven para alcanzar el periodo mínimo de 15 años exigido por ley.

Aunque la terraza sea de uso privativo, la comunidad debe asumir la reparación si el problema afecta a la cubierta del edificio.

El tribunal obliga a la empresa a readmitirle o indemnizarle con 1.435 euros porque solo le dio un plazo de 24 horas para defenderse, vulnerando la normativa internacional.

El Alto Tribunal unifica doctrina y aclara que no existe discriminación, ya que la prestación de la madre biológica protege su recuperación física, un supuesto que no se da en el otro progenitor.

La Fiscalía solicita además casi 1 millón de euros entre multas e indemnización tras descubrirse deudas entre 2014 y 2018.

La justicia considera que el cese es conforme a derecho porque su plaza había sido cubierta reglamentariamente en un proceso de estabilización, pero sí condenó al Ayuntamiento a pagarle una indemnización de 32.630,40 euros.

El testamento solo atribuía a los hijos la nuda propiedad de dos pisos que y decía que la viuda, como heredera, tenía derecho al usufructo y a las rentas desde el fallecimiento del padre.

La justicia determina que el error de cálculo en sus días cotizados fue exclusivo del SEPE y, atendiendo a las circunstancias de la mujer, no podían exigirle la devolución del dinero cobrado.

Los dueños no acreditaron que ese trozo de terreno fuera de su propiedad y el ayuntamiento no tiene que devolverlo, por lo que mantiene su uso como parte del arcén de la carretera.

La desheredación se considera injusta porque no quedó acreditada una ausencia de relación familiar, ya que existieron visitas, llamadas y 132 días de mensajes intercambiados durante ocho años.

La Seguridad Social denegó la pensión al no cumplir con el registro formal es un requisito obligatorio tal y como regula el 221 de la Ley General de la Seguridad. La justicia da la razón rechazando flexibilidad pese a la convivencia.

Las conductas de la empresa denunciadas por la CIG vulneraban el derecho a la libertad sindical protegido en la Constitución Española.

Los acuerdos adoptados por la mayoría fueron válidos y las coacciones sufridas en la junta no anulaban la decisión de iniciar acciones judiciales.

El TSJ de Extremadura confirma que el requisito de no tener deudas con la Seguridad Social es indispensable y que las cuotas prescritas no sirven para cumplir el periodo mínimo exigido.

Asimismo, la justicia le ha reconocido una segunda indemnización de 7.501 euros por vulneración de su derecho a la propia imagen y la protección de sus datos personales.

El Alto Tribunal explica que los atrasos cobrados tras ganar un juicio al INSS deben declararse íntegramente en el año en que la sentencia es firme, respaldando el criterio de Hacienda, aunque avala aplicar una reducción del 30%.

A pesar de estar en situación de vulnerabilidad y tener una menor a su cargo la Seguridad Social le suspendió la prestación al computar como ingreso propio una subvención que recibió su comunidad de vecinos para rehabilitar el bloque.

La justicia confirmó la procedencia de su despido disciplinario por transgresión de la buena fe contractual.

La protocolización ante notario no retrasa el inicio del plazo para que Hacienda liquide el impuesto ni evita la prescripción.

Por otro lado, el Alto Tribunal avala que las empresas puedan exigir que se disfrute en periodos de una semana como mínimo.

El TSJ de Galicia considera que hubo discriminación por razón de sexo y que se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva.

El inmueble no reunía las condiciones mínimas de habitabilidad, que la segregación se hizo sin licencia y que los defectos estructurales lo hacían inhábil para el uso pactado.

La justicia finalmente le ha reconocido recibir la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

La Seguridad Social sostenía que podía desempeñar trabajos livianos o sedentarios, pero el tribunal explica que la afectación cognitiva y funcional es tan grave que le impide “el desempeño de cualquier tipo de trabajo”.

La mujer no presentó el certificado DELE A2 que acredita el nivel básico de idioma ni superó el examen CCSE.

El Alto Tribunal aclara que no reconocer esta cuantía a un interino cuando sufre una incapacidad vulnera el principio de igualdad y la normativa europea.

Para el TSJ, los informes solo acreditan “limitación para tareas de muy altos requerimientos físicos” y eso no basta para declarar una incapacidad total en un trabajo cuya exigencia se sitúa en un nivel “de mediana a alta intensidad”, no “muy alta”.

La justicia avala al Ayuntamiento y recuerda que las casas móviles son asimilables a viviendas prefabricadas, por lo que su ubicación está sujeta a control urbanístico.

Le soltó expresiones vejatorias como “piensa ahora lo que te vas a ahorrar en tintes”, fundamentando la empresa el despido por transgresión de la buena fe y maltrato verbal hacia los compañeros.

La justicia finalmente ha determinado que salir al descanso no es una acción ajena al trabajo, sino que se produce “con ocasión” del mismo.

El TSJ de Andalucía considera “daño desproporcionado” la acción de extirparle músculo y nervio por un tumor que era benigno.

La Justicia confirma la multa por extraer agua sin concesión y aclara que ser propietario de la finca no implica ser dueño del recurso hídrico.

El Supremo aclara que, en los choques múltiples, los perjudicados pierden el derecho a indemnización si dejan pasar el límite de un año sin reclamar a cada compañía implicada de forma individual.

En las Clases Pasivas, la viudedad se extingue “cuando el beneficiario contraiga matrimonio”, aunque la convivencia real no arranque hasta meses después por trámites de visado e inscripción.

El Supremo aclara que el acceso a esta modalidad requiere un acuerdo novatorio entre las partes y que el mero "fomento" en la negociación colectiva no supone un derecho automático para el empleado.

La justicia determina que sus lesiones son lo suficientemente graves para seguir desarrollando su profesión de jefe de taller, en contra de lo que defendía la Seguridad Social.

La justicia declaró el despido improcedente pero la trabajadora tuvo que acudir de nuevo a los tribunales para que la baja tras el infarto se considerara accidente laboral.

El tribunal explica que el abono del coste de la Seguridad Social carece de causa una vez que el trabajador adquiere la condición de pensionista, por lo que la justicia entiende que debe reintegrar el dinero a la empresa.

Aunque pagaron correctamente las obras, la falta de un Informe de Evaluación del Edificio actualizado tras la finalización de los trabajos impide conceder la subvención.

El Tribunal Supremo protege la igualdad de condiciones en el trabajo a distancia y prohíbe que las empresas descuenten tiempo o exijan recuperar horas por incidentes técnicos ajenos o necesidades fisiológicas.

La justicia rechaza la queja del exdirectivo al comprobar que su reclamación no superaba los 3.000 euros de diferencia, el tope mínimo obligatorio para que un tribunal superior acepte estudiar el recurso.

El Tribunal Supremo ha dictaminado que las empresas no pueden obligar a los trabajadores a iniciar este permiso desde el momento del suceso, sino que lo dotan de flexibilidad.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma la pérdida íntegra del pago básico y la reducción del pago verde, además de una sanción económica por declarar parcelas sin acreditar su disponibilidad real.

La justicia confirma que un interés del 23% en un préstamo personal no es abusivo cuando el consumidor pudo conocer con claridad el coste real del crédito.

Presentar y pagar el impuesto de sucesiones no implica que se acepte tacitamente la herencia, para ello habrá de que demostrar que se han realizado otros actos que demuestren que se actua como heredero.

La multinacional le revisaba el bolso diariamente y le obligaba a mostrar el número IMEI de su móvil sin ninguna causa que lo justificara, superando los límites de la intimidad y dignidad personal protegidos por la Constitución Española.

La justicia declara el despido improcedente pero no admite la reclamación de los salarios pendientes de recibir porque no lo incluyó en la demanda, solo en el juicio oral.

El juzgado determina que la reducción de horas en la oficina no es un castigo, sino una decisión basada en las necesidades organizativas.

Aunque la empresa incumplió la ley, porque las vacaciones se deben avisar con al menos 2 meses de antelación, el trabajador tendría que haber reclamado por la vía judicial.

La entrada de un nuevo empleador que asume la plantilla y los medios materiales supone una sucesión de empresas, lo que invalida la imposición de un periodo de prueba para quienes ya desempeñaban las mismas funciones.

El TSJ da la razón al trabajador, ya que el cobro indebido fue por un error del SEPE y lo protege frente a una carga económica desproporcionada.

Se debe demostrar dependencia económica y una necesidad de vivienda real para poder mantenerlo.

La Audiencia Provincial considera que hubo incumplimiento del deber de información en un producto “complejo” y de “alto riesgo”.