Sentencias - Página 4

El propietario quiso quedarse con la totalidad de la fianza para cubrir el coste de las reparaciones, pero la mayoría de ellas se hicieron para mejorar el local, no para reparar daños.

El TSJ de Valencia le dio la razón y falló que no se puede excluir la aplicación de esa compensación a este caso aunque la LGSS la supedite a la existencia de hijos o hijas nacidos o adoptados. Sin embargo, el INSS ha recurrido en casación.

En el convenio los hechos se califican como una falta grave, no muy grave, determinando el TSJ de Canarias que no reunía la gravedad suficiente para aplicar el despido disciplinario.

La justicia les confirma que deben ser reconocidas como herederas forzosas, pero no anula el testamento. Les recuerda que heredar no garantiza obtener bienes si el caudal hereditario está en negativo.

El tribunal explicó que la empresa no garantizó su derecho de defensa mediante un simple correo electrónico y que actuó contra sus propios actos al haber permitido previamente el cambio de horario.

Los demandantes aportaron informes genealógicos y certificados culturales pero no fue suficiente para demostrar una “especial vinculación” con España.

La justicia aclara que basta con heredar para tener derecho al uso y que no hay prescripción mientras no se extinga el condominio.

Para la justicia, supone una transgresión de la buena fe contractual y abuso de la confianza. Además, tenía sanciones previas por abandono de su puesto de trabajo.

El Tribunal Supremo le da la razón porque el artículo 8.3 del Real Decreto 1132/2002 establece que al ser una jubilación flexible, la viuda tiene derecho a optar por la base reguladora más alta sumando las nuevas cotizaciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma el grado de incapacidad absoluta al considerar que las secuelas del trabajador, obligado al uso de pañal, le impiden desempeñar cualquier profesión con un mínimo de "higiene, privacidad, decoro y dignidad".

La administración, perteneciente a la Xunta de Galicia, se la denegó basándose en un dictamen del EVI que solo tenía “meras negaciones ayunas de toda precisión”.

Aunque se declara la nulidad del despido, el TSJ de Andalucía no obliga a su readmisión, por lo que a la indemnización por daños morales, se suma la del despido improcedente y los salarios de tramitación.

La justicia confirma que no puede ampliar una plaza de garaje invadiendo el paso común, aunque tenga menos metros de los que dice el Registro de la Propiedad.

Se aplica en todos los sectores y convenios, coincidiendo el Alto Tribunal con la Audiencia Nacional.

La casera puede descontar de la fianza ese importe por limpieza extraordinaria, pero rechaza el resto por falta de pruebas.

Para la justicia sus patologías no son estructurales ni permanentes y no reúnen la gravedad suficiente.

El plazo indicado en el periodo de prueba debía considerarse nulo y, por ende, también el despido que se le comunicó tras la finalización del mismo.

El TSJ de Valencia concluye que la empresa incumplió las normativas de seguridad laboral, por lo que debe ser indemnizada.

La justicia confirma que no actuaron con desconocimiento, sabían que no se podía construir porque el Ayuntamiento les había denegado previamente la licencia.

Un hombre que tenía concedido teletrabajo durante más de 15 años, murió en su domicilio en 2021 y ahora un tribunal da la razón al empleador por falta de pruebas.

El TSJ de Cantabria considera que las secuelas de la mujer, que trabajaba como administrativa, la inhabilitan para cualquier actividad laboral.

La falta de oferta de alquiler social del propietario al inquilino no impide que este pida del desahucio por ocupación en precario.

La justicia confirma que no puede sumarse al caudal hereditario un dinero donado válidamente en vida, aunque la sobrina demandante quedara fuera del reparto.

La justicia considera su conducta un incumplimiento grave del contrato de alquiler y ordena su desalojo, además del pago de una indemnización por los daños ocasionados por las obras.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha respaldado la decisión del Servicio Público de Empleo Estatal de retirar el paro a una mujer que no avisó de su viaje a México.

La justicia considera que el uso de esta expresión supone una vulneración de su derecho al honor.

No puede sumarse al caudal hereditario un inmueble usado por el padre y su pareja porque no constaba registrado a su nombre ni existía título de propiedad.

La justicia considera que el contrato de alquiler sigue vigente hasta que el casero recupera efectivamente la posesión del inmueble, dejar las llaves dentro de la vivienda no es suficiente.

El tribunal tuvo en cuenta el estrés al que estaba sometido el trabajador, con jornadas laborales de “hasta 70 y 80 horas semanales” y problemas personales.

La mujer no puede reclamar la titularidad del terreno por accesión invertida, ya que el derecho ha prescrito al haber pasado más de tres décadas desde que finalizó la obra.

La justicia considera que los ingresos de la nueva pareja de la madre no eximen al padre de cumplir con su obligación de pagar la pensión de alimentos al hijo.

Decir “me voy” tras una discusión y darse de baja inmediatamente después, no se puede entender como una dimisión voluntaria.

La mujer no tenía la obligación de informar sobre la otra pensión generada por el mismo fallecido y la justicia responsabiliza exclusivamente a la Seguridad Social, que disponía de todos los datos y aun así tardó años en corregir el error.

La validez de las cláusulas que configuran una indemnización por cese deben impugnarse por la vía del procedimiento de despido, y no por el ordinario como hizo el trabajador.

El SEPE no puede reclamar el desempleo cobrado aunque el trabajador cumpla los requisitos para la jubilación anticipada con coeficientes reductores.

Para el Tribunal, la trabajadora sufre una lumbalgia cronificada definitiva que le impide realizar cualquier trabajo, por liviano o sedentario que sea, con un mínimo de eficacia.

Las trabajadoras encadenaron cambios de empresa sin explicación mientras seguían limpiando los mismos centros, hasta que fueron dadas de baja sin aviso ni trámite alguno, en un cese que ahora la justicia considera irregular y carente de toda justificación.

Los propietarios defendían que no se podía considerar una relación labora, pero el TSJ de Castilla y León determina que sí, fijando que se daban las condiciones de dependencia y ajenidad propias de la misma.

La clienta se llevó productos del supermercado como un jamón ibérico o chorizo de Pamplona y al pasar por caja pagó 27,09 euros en lugar de 71,86 euros.

La comunidad permitió que el propietario de una de las viviendas hiciera una obra no autorizada en un patio de uso privativo que provocó filtraciones en el techo del vecino.

El TSJ de Castilla-La Mancha, en contra de lo que decía la Seguridad Social, considera que la mujer no puede realizar actividad profesional alguna, aun cuando no sea de carácter físico, por el dolor de la migraña.

El TSJ de Cataluña, al igual que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, considera que forzó su despido para cobrar la ayuda, tratándose realmente de un cese voluntario.

La madre había desheredado a los hijos por maltrato y abandono, pero una trabajadora de Mercadona testificó que había la había visto junto a su hija haciendo la compra en varias ocasiones.

Estas actuaciones deben correr a cargo del propietario, salvo que se haya pactado expresamente lo contrario.

El TSJ de Madrid considera que sus lesiones le privan de la capacidad necesaria para desarrollar, con el rendimiento exigible, cualquier clase de actividad laboral reglada, incluso la más sencilla.

El tribunal avaló el uso de las cámaras de vigilancia por parte del supermercado valenciano ya que sospechaban de hurtos. Luego, la trabajadora reconoció los hechos.

Aunque el propietario no utilice la calefacción, debe contribuir al gasto común porque el servicio mejora el valor del edificio y está a su disposición.

El Servicio Público de Empleo Estatal le denegó el subsidio para mayores de 52 años, porque solo tenía 667 días cotizados dentro de los últimos 15 años, quedándose 63 días por debajo del mínimo exigido.

La denegación se basa en el artículo 195.1 de la Ley General de la Seguridad Social, que impide reconocer una incapacidad permanente cuando el trabajador ya ha alcanzado la edad ordinaria de jubilación.

El abuelo desheredó tanto al nieto como a la hija por falta de relación familiar, pero la justicia considera que en el caso de nieto no se pudo demostrar que la falta de relación fuera por su culpa.

La Agencia Tributaria se dio cuenta de que tanto su familia como su patrimonio estaba en España mientras decía que vivía en Andorra, situación que era incompatible.

Para tener derecho al complemento a mínimos en la pensión de jubilación hay que sumar todos los ingresos, incluidos el bruto de los planes de pensiones y no solo la ganancia generada.

La Justicia dio la razón a la empresa que en la carta de despido explicó que la trabajadora desatendió a unos clientes para comer cangrejo que había puesto a cocer ella misma

La clave está en si el testamento incluye o no una sustitución vulgar. En este caso, si lo hacía y el nieto hereda directamente, aplicándose el parentesco más favorable.

La mujer no acreditó los dos años de convivencia previa que exige el artículo 219.2 de la Ley General de la Seguridad Social cuando el matrimonio dura menos de un año y no existen hijos comunes.

El tribunal ha dado por válidas las grabaciones de las cámaras de seguridad y rechaza que se vulnerasen los derechos del trabajador.

La justicia explica que abonar las cuotas del RETA, aun sin trabajar supone una incompatibilidad con el cobro de la pensión aunque el pensionista alegue el cese de la actividad y culpe a la administración de no darle de baja.

El Tribunal concluye que existió fraude de ley en la contratación y que la causa alegada para el cese no era real.

El TSX de Galicia considera nulo el despido por discriminación por discapacidad. Además, también deben abonarle los salarios de tramitación.

El TSJ entiende que la Seguridad Social reconoció la ayuda sin consultar los datos fiscales que ya tenía en su poder, generando una "confianza legítima" en la beneficiaria que impide exigir la devolución años después.