Sentencias - Página 4

La Justicia confirma que el incremento del 20% de la incapacidad permanente total es un complemento de naturaleza prestacional, por lo que sus efectos económicos solo se retrotraen tres meses desde la fecha en que se solicita.

El TSJ vasco ha considerado que las rentas pactadas tras la salida del banco, aunque no sean un sueldo, se podrán equiparar a pagos embargables.

Confirma una liquidación de Hacienda de 191.714,50 euros por no practicar retenciones en las indemnizaciones abonadas a seis exempleados mayores de 61 años.

La empresa comprobó que el empleado mandaba localización de un punto cuando en realidad estaba en otro.

La propietaria acreditó una causa de necesidad válida, ya que su hija era adulta, trabajaba por cuenta ajena y quería hacer vida independiente.

El tribunal explica que, aunque podía hacer algunas actividades, seguía necesitando supervisión continua de sus padres para medicarse, asearse o salir a la calle.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aplica la doctrina del paréntesis y reconoce el derecho a cobrar pese a no llegar a la carencia específica de los últimos quince años.

El TSJ explica que el retraso en invertir el dinero obtenido por la capitalización del paro no convierte la ayuda en indebida, ya que la norma solo exige destinar la prestación al proyecto aprobado y no cumplir un plazo estricto de un mes.

Aunque la junta había denegado el permiso, la Audiencia considera que la comunidad no justificó su negativa, que no había prohibición estatutaria y que la instalación no perforaba la fachada.

La sentencia reconoce el derecho de los trabajadores del sector a disfrutar de un día adicional de descanso cuando un festivo nacional, autonómico o local se solape con su día de libranza.

La justicia confirma que tiene secuelas importantes y una incapacidad permanente total, pero no absoluta, porque las imágenes muestran que puede realizar actividades básicas de la vida diaria.

La Justicia ha rechazado exigir un nivel mínimo de renta tasado para acreditar que un hijo de más de 21 años está “a cargo” de un ciudadano español.

La justicia determina que estas actividades no afectaban negativamente a su lesión ni retrasaban su recuperación, por lo que no hubo transgresión de la buena fe contractual.

Los trabajos adicionales deben abonarse cuando el propietario los acepta y se beneficia de ellos, aunque el presupuesto inicial fuera cerrado.

La Seguridad Social había reclamado 1.760 euros al considerar que la búsqueda de empleo estando de baja médica era una actividad no autorizada.

La justicia confirma que la donación debe reducirse porque no se probó que los demás legitimarios hubieran recibido en vida las cantidades que les correspondían.

No le comunicaron su despido y se enteró de que ya no seguía prestando servicios en el hospital por el mensaje de baja de la Seguridad Social.

En la denuncia también se hace referencia a movimientos bancarios, pagos mensuales o transferencias que está investigando la Fiscalía.

La justicia concede la custodia al padre pese a que el informe psicosocial no lo recomendaba, al considerar que la decisión de la hija era firme, madura y meditada.

El empresario tendrá que pagar más de 25.000 euros en concepto de indemnización por despido improcedente, salarios de tramitación y vacaciones pendientes.

No basta con firmar un alquiler de menos de un año para considerarlo temporal, debe existir una causa real que justifique esa duración limitada.

El TSJ de Cataluña concluye que el extrabajador superó ampliamente el plazo legal de un año que fija el Estatuto de los Trabajadores para reclamar daños derivados de la relación laboral.

La Audiencia Provincial corrige la sentencia inicial, que limitaba la ayuda a nueve años, al concluir que la total ausencia de trayectoria profesional de la exesposa hace prácticamente imposible su regreso al mercado laboral en condiciones que superen el desequilibrio económico.

Dispensar una donación de colación no impide computarla para comprobar si se han respetado los derechos mínimos de los demás hijos herederos.

La Seguridad Social le había denegado cualquier tipo de grado de incapacidad al considerar que sus patologías no eran definitivas ni mermaban su capacidad laboral.

El Alto Tribunal considera que el endeudamiento no constituye una actuación dolosa ni gravemente negligente.

El Alto Tribunal aclara que el porcentaje se aplica siempre sobre la cuantía inicial reconocida y que la reducción al 50% propia de la jubilación activa no afecta al cálculo del complemento por hijo.

La Sala de lo Civil confirma que la prohibición estatutaria del hospedaje impide destinar los pisos a vivienda de uso turístico aunque la norma no mencione esta modalidad.

La Audiencia de Oviedo concluye que la hija era la verdadera titular de la ganadería familiar y deja fuera de la herencia tanto la explotación como varias fincas y maquinaria agrícola.

En ocasiones, el trabajador despedido pagaba en efectivo a los clientes pero no registraba la operación de modo que se podía quedar con esos productos o parte del dinero.

Una comunidad de propietarios puede prohibir las viviendas turísticas sin necesidad de unanimidad, solo necesita una mayoría de tres quintos.

El Alto Tribunal aclara que las empresas no pueden obligar a iniciar este derecho el día exacto del accidente o ingreso hospitalario, ya que esto devalúa su verdadera finalidad.

El propietario no logró demostrar que los daños fueran culpa del arrendatario y la justicia recuerda que la ley no permite cobrar al inquilino el desgaste habitual de una vivienda.

Registró más de seis meses de inactividad total, no comunicó formalmente la imposibilidad de realizar el informe y no pidió que el expediente se reasignase.

La empresa presentó como prueba las grabaciones de la cámara de vigilancia y el recuento de la caja para avalar el despido disciplinario.

La justicia considera probado que la mujer utilizó el contrato temporal para acceder al pago único del paro y financiar así la apertura de su propia guardería junto a una excompañera.

Aunque las causas eran válidas, la justicia reconoce la improcedencia porque la diferencia con la indemnización que le correspondía era casi de un 25%, considerando que no era un mero “error de cuenta”.

El Supremo considera "gestión ordinaria" extinguir la ayuda y exigir el reintegro cuando el beneficiario supera el límite de ingresos años después.

Tras tres requerimientos sin éxito, la empresa acudió a la vía judicial y la justicia ha condenado al empleado a devolver el material o abonar 25.556,38 euros de compensación.

El propietario ignoró durante meses las advertencias y permitió una situación insalubre que afectó a la salud y calidad de vida de los afectados.

El BOE publica una sentencia del Constitucional en la que confirma que condenar en costas al consumidor cuando una cláusula se declara abusiva puede disuadirle de reclamar.

La Justicia ha corregido a la Agencia Tributaria y avala la exención fiscal de un empleado al que su empresa encargaba algunos trabajos por Europa.

Es suficiente que el propietario comunique que necesita la vivienda para un familiar de primer grado ya que la ley permite recuperar el piso a partir del primer año de contrato, siempre que el mismo recoja dicha cláusula.

La sentencia rechaza descontar gastos como teléfono e internet y avala que las ayudas sociales puedan revisarse años después cuando haya sospechas de ingresos no declarados.

Apenas unos días antes, fue sancionado por el mismo motivo, alegando la misma excusa de que acudió a la feria para “recoger las llaves del coche”.

En un primer momento, el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) de la Seguridad Social consideró que las lesiones que padecía no alcanzaban un grado suficiente que disminuyera su capacidad laboral, por lo que la pensión fue denegada.

El Supremo aplica por primera vez la sentencia europea del caso Obadal y reconoce la fijeza a una operaria del Ayuntamiento de Madrid que llevaba trece años con seis contratos temporales sucesivos.

La Justicia considera que una condena por lesiones y una detención por malos tratos familiares son suficientes para rechazar la nacionalidad por residencia.

Las trabajadoras participaron en una pelea física violenta que acabó con el despido disciplinario de ambas, si bien solo la que sufrió el corte decidió impugnarlo.

La justicia le permite dejar de pagar la pensión de alimentos a esos 2 hijos porque considera que son independientes económicamente y reduce de 400 a 200 euros la de otro hijo de 23 años que sigue estudiando.

El tribunal explica que, aunque por regla general ambas prestaciones son compatibles, la ley fija excepciones estrictas para divorcios antiguos donde se obliga a optar por una sola pensión.

Al reconocer el derecho al padre por vía judicial, la Seguridad Social suprimió el plus de la madre y le exigió reintegrar las cantidades cobradas, pero el tribunal confirma que la prestación no es exclusiva.

Aunque la instalación era obligatoria por existir personas mayores de 70 años, las obras perjudicaban gravemente a otros vecinos y no podían ejecutarse en esas condiciones.

Compartir baño y zonas comunes no impide que el contrato quede protegido por la Ley de Arrendamientos Urbanos si cubre una necesidad de vivienda permanente.

La sentencia sostiene que aparecen periodos en los que no estaba inscrito como demandante de empleo que no quedaron justificados por causas ajenas a su voluntad.

El tribunal concluye que la empresa no actuó de forma discriminatoria, sino que la trabajadora no alcanzó los objetivos necesarios para cobrar el incentivo.

El jefe le reprochó que su baja les costaba dinero, perjudicaba a los demás y era una falta de respecto, lo que para la justicia supone un incumplimiento grave, al atentar contra la dignidad del trabajador.

No puede bloquear unilateralmente el paso que su vecino venía utilizando históricamente para acceder a su vivienda. Las acciones posesorias protegen frente a cierres realizados “por las malas”.

Aunque el error inicial fue de la Administración, el tribunal concluye que cobrar dos ayudas incompatibles obliga a su reintegro, aplicando el límite legal de los últimos cuatro años.

El TSJ de Cataluña concluye que la falta de inscripción en el Registro Civil español no invalida un matrimonio celebrado en el extranjero.