Comprar una casa ya de por sí es un paso difícil porque actualmente el precio de la vivienda está por las nubes, pero si cuando consigues dar el paso te encuentras con problemas, puede ser desesperante. Es lo que le ha ocurrido a un hombre en Francia, que se enamoró de un apartamento en plena ciudad de París que no era barato precisamente, ya que costaba casi un millón de euros. Esto no le frenó y decidió comprarlo, pero al cabo del tiempo descubrió que grupos de jóvenes pasaban las noches en ese barrio, cometiendo actos vandálicos, ocupando casas y generando ruidos incómodos noche tras noche. Por suerte la venta pudo ser anulada ya que el tribunal consideró que el vendedor no le había avisado de estos problemas al comprador.
Todo comenzó cuando Albert se decidió a comprar un apartamento de dos habitaciones y 75 metros cuadrados que se encontraba en el sexto piso de un hermoso edificio de piedra tallada en la Rue Croix-Nivert, en el distrito 15 de París. Firmó el contrato de compraventa por casi un millón de euros a través de Barnes Champ-de-Mars, una agencia inmobiliaria internacional de lujo que le había presentado la propiedad fuera del mercado, según asegura el medio Le Figaro Particulier.
Ocho meses después de comprar el piso, Albert comenzó a sufrir insomnio y decidió acudir a los tribunales para intentar anular la compraventa de la vivienda.
Jóvenes que consumen drogas, causan daños y ocupan zonas comunes
El foco del conflicto estaba justo frente al edificio, en las inmediaciones de una tienda que abre hasta altas horas de la noche. Allí, casi cada noche, se concentra un grupo de personas que ha alterado por completo la vida de los vecinos.
Según una petición dirigida al alcalde del distrito 15 de París, los residentes denuncian que "Estos jóvenes lo consideran su hogar", "fuman hachís y otras sustancias ilegales y posiblemente las venden", "obstruyen el tráfico", "vandalizan vehículos estacionados" y "ocupan ilegalmente los vestíbulos de los edificios aledaños".
La situación se volvió insoportable en el día a día para Albert, que terminó demandando al antiguo propietario del apartamento para solicitar la anulación de la venta. El procedimiento judicial acabó implicando a todas las partes que participaron en la operación: el comprador, la vendedora, la agencia inmobiliaria y el notario.
Podría haber un intento de ocultar la realidad del entorno
Para Albert la tranquilidad y la seguridad del inmueble son elementos decisivos cuando una persona decide comprar una vivienda. Por ello, considera que el silencio o las posibles omisiones del vendedor, de la agencia y del notario sobre el ambiente que rodeaba al apartamento afectaron directamente a su consentimiento.
En sus criterios de búsqueda, Albert había dejado claro a la agencia Barnes que quería un piso tranquilo. Sin embargo, asegura que ni el agente inmobiliario ni la vendedora le advirtieron en ningún momento de las reuniones nocturnas que se producían en la calle.
Tampoco encontró ninguna referencia a problemas de convivencia o molestias vecinales en las actas de las tres últimas juntas de propietarios que revisó antes de formalizar la compra.
El piso costaba casi un millón de euros
El caso resulta especialmente llamativo por el valor de la operación. El apartamento, de 75 metros cuadrados, se encuentra en la Rue de la Croix-Nivert, en el distrito 15 de París, y fue comprado por casi un millón de euros.
En principio, la vivienda parecía una inversión segura. Estaba situada en una zona con fama de tranquila y familiar. Sin embargo, poco después de mudarse, Albert comprobó que cada noche se repetían las mismas escenas frente al edificio.
Según explicó el abogado inmobiliario Xavier Demeuzoy en CNews, los jóvenes se reunían alrededor de un supermercado, “consumiendo drogas y causando disturbios, a pesar de que esto era de dominio público desde hacía varios años”.
El comprador también descubrió que desde hacía tiempo circulaban peticiones vecinales para poner fin a estas actividades, lo que reforzó su argumento de que el problema era conocido antes de la venta.
El juez ordena anular la compraventa
Ante la sensación de inseguridad, las molestias y el estrés que sufría, Albert inició un procedimiento judicial para dejar sin efecto la operación. El tribunal terminó dándole la razón.
El juez consideró acreditado el fraude, entendido como una conducta deliberada destinada a engañar a una de las partes de un contrato. Como consecuencia, ordenó la anulación de la venta, así como la devolución del precio de compra y de los gastos asociados.
Aunque el comprador también había implicado al notario y al agente inmobiliario, el juez descartó la responsabilidad de este último. Según explicó Xavier Demeuzoy, el agente actuó dentro de sus obligaciones porque el vendedor no le había informado de la existencia de estas reuniones nocturnas.
En este sentido, el abogado resumió que "no es responsabilidad de un agente diligente verificar esta actividad nocturna".
¿Nuevas obligaciones para los vendedores?
La sentencia es relevante porque podría ampliar el alcance de la información que debe facilitar un vendedor antes de cerrar una operación inmobiliaria. Hasta ahora, esa obligación se asociaba principalmente al estado de la vivienda o del propio edificio.
“Esta sentencia extiende la obligación del vendedor de proporcionar información, ya no solo al edificio en sí, sino también a lo que sucede en la calle y en las inmediaciones”, explicó Xavier Demeuzoy.
Esto abre la puerta a que determinados problemas graves y conocidos del entorno, como molestias recurrentes, inseguridad o conflictos vecinales, puedan influir en la validez de una compraventa si no se comunican al comprador.
El antiguo propietario podría recurrir
Pese a la victoria judicial de Albert, el caso podría no estar cerrado. Según el abogado, se espera que el antiguo propietario recurra la sentencia.
Además, el comprador no obtuvo toda la indemnización que reclamaba. Pedía 35.000 euros por daños morales, pero el juez solo le concedió 500 euros por este concepto.
Por ello, aunque ha logrado que se anule la venta, todavía podría tener que afrontar nuevos gastos si el procedimiento continúa en apelación o llega al Tribunal de Casación.
