El Gobierno ha frenado en el Congreso de los Diputados la tramitación de una proposición de ley presentada por Junts con la que pretendían facilitar el acceso de los trabajadores autónomos a la prestación contributiva de desempleo (el paro) cuando tuvieran que cerrar sus negocios. La intención del partido de Miriam Nogueras era que se reconociese el cese de actividad del autónomo cuando terminase su actividad, sin tener que acreditar si el motivo era causas económicas, técnicas, productivas u organizativas.
El texto fue registrado en el mes de mayo por el partido liderado por Puigdemont y planteaba una reforma en profundidad del trabajo por cuenta propia de modo que se mejorase la protección social de los autónomos simplificando trámites administrativos.
Las medidas que contenía este documento estaban orientadas a la agilización del proceso de acceso al paro para los autónomos, pero también la reserva de una cuota mínima para trabajadores por cuenta propia y las microempresas en la participación de contratos públicos realizando ajustes en el sistema de cotización por ingresos reales.
Cuando la propuesta tiene un impacto en los presupuestos, ya sea por gasto o bajada de ingresos, el Gobierno puede aferrarse a la Constitución donde aparece la potestad de vetar la tramitación de la propuesta de modo que no altere las cuentas públicas.
Qué dice la Constitución en estos casos
Atendiendo a lo que marca el artículo 134.6 de la Carta Magna, “toda proposición o enmienda que suponga aumentar los créditos o disminuir los ingresos presupuestarios, requerirá la conformidad del Gobierno para ser tramitada”.
Por eso, el Gobierno de Sánchez ha presentado ahora un escrito en la misma Cámara Baja con la tramitación de ley al que ha tenido acceso Europa Press y donde se constata que la Mesa del Congreso admitirá a trámite este escrito y que la propuesta no se llegará a debatir.
