La subida del precio de la vivienda y de los alquileres, que por supuesto afecta de forma directa a los arrendamientos de los locales comerciales, hace que cada vez seamás difícil para los autónomos sostener sus negocios. Esto es lo que ha denunciado la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), que advierte de lo que se conoce como "doble alquiler", avisando de las dificultades por las que tienen que pasar los trabajadores por cuenta propia para mantener su establecimiento físico a la vez que seguir pagando también el alquiler de las viviendas donde viven. Desde la organización advierten de que esta doble presión inmobiliaria resulta "difícilmente sostenible", especialmente en las grandes ciudades y en las zonas donde la especulación y los precios han registrado mayores incrementos.
No es la primera vez que la organización defiende a las pymes y a su resistencia en medio de un encarecimiento del mercado inmobiliario y de los precios de las materias primas descontrolado, ya que el pasado mes de julio, Uatae también avisó sobre el cierre del pequeño comercio en los barrios, recordando a las administraciones que los pequeños negocios locales “no piden nostalgia sino reglas para competir”. Una reivindicación que ahora tiene más sentido si cabe, ya que, tal y como denuncia la secretaria general de Uatae, María José Landaburu, "puedes vender más, trabajar más horas o intentar ajustar gastos, pero hay costes fijos que han alcanzado un nivel que un pequeño negocio sencillamente no puede compensar".
La progresiva desaparición del comercio tradicional de proximidad
Esta presión inmobiliaria hace que todas aquellas actividades que necesitan sí o sí un sitio en el que trabajar, ya sea una oficina, un almacén o una tienda por ejemplo, les cueste cada vez más resistir, especialmente si a ello le sumamos también el aumento de los precios en las materias primas o los carburantes, como hemos visto en los últimos datos del IPC. Para estos negocios no existe la posibilidad de llevar toda su actividad a internet o a una vivienda particular. Son los casos del pequeño comercio tradicional, la hostelería, las peluquerías, los talleres o los servicios de proximidad.
El precio de los arrendamientos comerciales está destruyendo el tejido comercial de los barrios, forzando la progresiva sustitución de las tiendas tradicionales por operadores con una gran capacidad financiera vinculados a grandes cadenas corporativas, o dejando locales definitivamente vacíos a la espera de arrendatarios capaces de pagar rentas abusivas. "Cuando desaparece una librería, una ferretería, una frutería o un bar de toda la vida porque no puede pagar el alquiler, no estamos hablando únicamente del cierre de un comercio; estamos cambiando también el barrio y recuperar ese tejido después es extraordinariamente difícil", denuncia con preocupación Landaburu.
Emprender cada vez es más difícil por culpa del mercado inmobiliario
Viendo como evoluciona todo, desde la organización consideran "especialmente preocupante" la barrera que pone el mercado inmobiliario delante de aquellos que desean emprender un negocio, sobre todo para los que lo hacen por primera vez o no tienen muchas fuentes de financiación. Y es que el acceso inicial a un local comercial exige desembolsar sumas inasumibles de dinero en concepto de fianzas, avales bancarios, garantías adicionales, reformas de adaptación y el primer mes de alquiler, convirtiéndose en una barrera insalvable incluso antes de levantar la persiana por primera vez.
Por ello, Uatae ha reclamado de forma urgente políticas públicas conjuntas que abran el debate y aporten soluciones específicas. Entre las propuestas destacan medidas que incentiven la salida al mercado de locales vacíos a precios razonables, mecanismos públicos o municipales de intermediación, ayudas vinculadas al mantenimiento de actividades consideradas esenciales para el barrio y un mayor aprovechamiento del parque de locales comerciales de titularidad pública. De igual manera, exigen que las futuras políticas de vivienda contemplen la realidad financiera variable de los autónomos, que encuentran serias trabas para acreditar solvencia al carecer de ingresos fijos mensuales. "Estamos hablando mucho de quién puede permitirse vivir en nuestras ciudades, pero tenemos que empezar a preguntarnos también quién puede permitirse trabajar en ellas", ha concluido María José Landaburu.
