La firma destina el 20% de sus beneficios a proyectos científicos y permite que sean los propios usuarios quienes decidan qué iniciativas reciben la financiación.
El tribunal avala que el trabajador destinó el dinero a emprender su propia empresa y recrimina a la administración por la falta de justificación de la deuda.
Un autónomo necesita un mínimo de 15 años cotizados a la Seguridad Social para tener derecho a pensión de jubilación, aunque solo cobraría el 50% de la base reguladora. Para cobrar el 100% en 2026 hacen falta 36 años y 6 meses de cotización efectiva.
A diferencia de los otros trabajadores por cuenta propia, en este grupo no se han congelado las cuotas para este 2026 y tendrán que pagar hasta 1.620 euros más.
España exige cuota fija mensual a los autónomos, incluso con pocos ingresos, mientras que el Reino Unido permite que quienes ganan menos mantengan su actividad casi sin coste fiscal ni cotizaciones, protegiendo así el arranque de los negocios.
Beariz, situado en Ourense, es una alternativa perfecta para quien quiera mudarse y comenzar de cero emprendiendo un nuevo negocio ya que hay muchas oportunidades de trabajo.
El Tribunal Supremo explica que la incapacidad temporal también cuenta como ingreso fiscalmente computable y que no se pueden excluir del cálculo los días en los que la autónoma estuvo de baja.
Los autónomos pueden deducir de su declaración de la Renta todos los gastos vinculados a su actividad: la cuota de la Seguridad Social, el alquiler del local, el teléfono, las dietas, los seguros y hasta una parte de los suministros del hogar si trabajan desde casa.
El TSJ explica que no podía compatibilizar la pensión con la actividad porque las primeras solicitudes no eran válidas y el alta en autónomos no llegó hasta después.
El Alto Tribunal aclara que ese tiempo en el RETA no puede incluirse en el reparto de responsabilidades porque entonces no existía una cobertura específica de contingencias profesionales.
La Seguridad Social recordó al pensionista que mantener el alta en el RETA es incompatible con percibir la pensión completa de jubilación, aunque no desarrolle actividad, por lo que la justicia entiende que debe devolver el dinero de su pensión.
La falta de una comunicación oficial deja en el aire las obligaciones fiscales de 400.000 trabajadores por cuenta propia a pocos días del cierre del trimestre.
La Comisión Europea, además de instar a que España adopte las dos directivas europeas en materia de IVA, ha solicitado sanciones económicas. Es el único país de la UE que no las ha transpuesto.
La pescadera contó en redes sociales que una clienta le pidió abrir unas ostras compradas en Mercadona y, tras negarse, le solicitó una hoja de reclamaciones e incluso llamó a la policía.
Al iniciar una actividad por cuenta propia, el pensionista mantiene el cobro íntegro de su prestación siempre que sus ganancias anuales se mantengan por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.
Indemnización de 7.500 euros por exigir a una empleada registrar su jornada mediante reconocimiento facial y derecho a romper el contrato con otra indemnización adicinal. Más de 50.000 euros en total.
El Gobierno advierte de posibles subidas del petróleo y del gas y prepara una respuesta similar a la aplicada durante la pandemia o la crisis energética.
El Alto Tribunal aclara que los ingresos deben calcularse en términos netos y que, si no superan el salario mínimo interprofesional, la Seguridad Social no puede imponer el alta ni exigir cotizaciones al pensionista autónomo.
La Ley permite regularizar la deuda mediante la “invitación al pago”, pero si no se salda puede paralizarse el reconocimiento o incluso suspenderse la pensión.
Begoña se mostró molesta tras recibir la carta de Hacienda reclamándole 1.740 euros por realizar su trabajo. A pesar del golpe económico, confiesa que "seguiremos creciendo".
Empezó en 2021 con 40.000 euros de préstamo, un hijo recién nacido y cero clientes, y hoy vende entre 250 y 300 ascensores al año en España y Portugal.
La organización sostiene que la diferencia en la minoración puede alcanzar hasta 804 euros y traducirse en 2.500 euros menos anuales con ingresos equivalentes.
La Justicia confirma las sanciones tras detectar alquileres sin sentido económico y beneficios fiscales aplicados pese a declarar más de 643.000 euros en pérdidas.
La Justicia avala el alta de oficio en el RETA al considerar que dirigir una explotación agraria también es actividad profesional, aunque no se realice trabajo físico.