El Gobierno ha impedido en el Congreso tramitar una proposición de ley de Junts que pretendía facilitar el acceso al paro a los trabajadores autónomos, de forma que se les reconociese automáticamente cuando cerrasen su negocio. El objetivo de la formación era que no tengan que acreditar la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos, como ocurre actualmente, siempre que cesen definitivamente su actividad o traspasen el negocio.
Fue en mayo cuando la formación de Carles Puigdemont presentó la proposición de ley en la Cámara Baja, para reformar diferentes aspectos del trabajo por cuenta propia con el objetivo de mejorar las condiciones de este colectivo.
Entre estas mejoras, el texto planteaba un acceso al paro y a la situación de cese de actividad más rápido. En concreto, Junts plantea reducir los umbrales exigidos para acceder a esta última prestación, de manera que bastase con una caída de ingresos del 65% y una reducción del 50% de jornada o suspensión de contratos, frente al 75% y el 60% que exige ahora la Ley General de la Seguridad Social.
En la proposición también pedían reservar una cuota mínima para autónomos y microempresas en la participación de contratos públicos; y también ajustes en el sistema de cotización por rendimientos reales y en los procedimientos de regularización, con el propósito de acortar plazos y evitar “sobrecotizaciones prolongadas”.
El Gobierno veta la propuesta
Para impedir su tramitación parlamentaria, el Gobierno se ha amparado en la potestad que le reconoce el artículo 134.6 de la Constitución, mediante el cual puede frenar la tramitación de toda proposición o enmienda que suponga un aumento del gasto o una disminución de los ingresos en los presupuestos.
De ese modo, tal y como ha podido saber Europa Press, el Ejecutivo ha presentado en la Cámara Baja un escrito de disconformidad con la tramitación de la ley de Juntos. Así, la Mesa del Congreso, en manos del PSOE y Sumar, admitirá a trámite dicho escrito, por lo que la propuesta legislativa no se llegará siquiera a debatir.
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, se ha hecho eco de esta noticia en su cuenta de ‘X’ (antes ‘Twitter’), mostrando su descontento con la decisión del Gobierno y señalando que “no tienen vergüenza”.
