Denuncian que son más de 900.000 personas afectadas por el abuso de la temporalidad, aunque para la Administración son “meros núnemros sin rostro ni familia”.
El decreto con la prórroga de los alquileres ha sido derogado en el Congreso con 177 votos en contra, dejando en un limbo legal a cientos de inquilinos.
La ayuda se encuentra en el Plan Estatal de Vivienda, y está pensada para facilitar el acceso a una primera vivienda así como a repoblar las áreas rurales.
El Gobierno está estudiando ampliar el plazo de adaptación para las pymes y tanto Trabajo como Economía están de acuerdo en la necesidad de implantar un sistema digitalizado.
El proyecto fija un máximo de 22 alumnos en Primaria y 25 en Secundaria y rebaja las horas lectivas, aunque aún debe superar su tramitación parlamentaria.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 destinará 7.000 millones de euros a la mejora de las zonas rurales y a la rehabilitación o construcción de nuevos inmuebles.
El Ejecutivo se apoya en que el 85% de los turismos circulan con un solo ocupante para promover medidas de “alta ocupación” que reduzcan las emisiones.
El Secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey ha recordado que la norma permite realizar ajustes y apela a la negociación colectiva para la subida de salarios.
El ministro señala la alta tasa temporalidad en las administraciones autonómicas como el foco del problema y asegura que el Gobierno sigue trabajando para reducirla.
Los trabajadores de la Administración General del Estado ahora deberán esperar a que los ministerios y organismos disponen de un mes para adaptar los horarios.
En la orden del día de este encuentro no aparece nada relativo a la sentencia del TJUE sobre la temporalidad de los interinos, aunque se espera que UGT, CCOO y CSIF lo pongan sobre la mesa.
El Ejecutivo garantiza un esfuerzo “importante” en la oferta de empleo público de 2026 para mejorar la atención y rechaza que exista un colapso generalizado en las citas.
La ministra Elma Saiz detalla tras el Consejo de Ministros cómo se tramitarán las solicitudes y defiende la medida como “uno de los grandes hitos de la legislatura”.
El Ministerio de Trabajo ha anunciado iniciativas para mejorar la integración laboral de jóvenes extranjeros y cubrir la demanda en sectores con falta de mano de obra.
El Ejecutivo defiende que la medida es “temporal” y la mantendrá hasta el 30 de junio pese al aviso de la Comisión Europea sobre su incompatibilidad con la normativa comunitaria.
El ministro reprocha a los ‘populares’ su negativa a negociar el decreto de vivienda y advierte de consecuencias políticas en plena crisis habitacional
El recibo medio con tarifa PVPC baja a 71,35 euros frente a los 73,19 de febrero tras la entrada en vigor del IVA al 10% y del impuesto eléctrico al 0,5%
Las microempresas alertan de su menor crecimiento y del impacto del aumento de costes energéticos y financieros en un contexto de incertidumbre internacional.
El Secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey ha explicado que el documento está siendo “extremadamente dialogado” y con las asociaciones de empleadas de hogar.
El Ejecutivo defiende que trabaja en nuevas previsiones macroeconómicas ante la incertidumbre internacional y recalca que mantiene su compromiso de presentar las cuentas públicas.
El nuevo vicepresidente primero defiende que las pymes dispongan de un año para adaptarse al sistema digital, mientras que Trabajo mantiene que el plazo razonable sigue siendo de seis meses y rechaza alterar el núcleo de la reforma.
La cuantía se sitúa en 33,62 euros tras el aumento de las bases mínimas de cotización, en línea con la subida del salario mínimo interprofesional para 2026.
El Consejo de Gobierno ha aprobado este programa dotado con 9 millones de euros para los jóvenes menores de 30 años que residan en la Comunidad de Madrid.
La futura regulación exigirá a las grandes superficies ofrecer información accesible sobre alérgenos y sustancias peligrosas a personas con discapacidad visual.
Algunas comunidades autónomas no garantizan la asistencia sanitaria a personas migrantes según un informe impulsado por el Consejo de Farmacéuticos de España.
El acuerdo, ya respaldado por UGT, podría entrar en vigor a mediados de abril si se suman CCOO y CSIF, que reclaman incorporar a personal penitenciario, sanitario y educativo.