La Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados ha dado luz verde este martes al dictamen de ley que permitirá a los mutualistas trasladar sus derechos económicos acumulados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Esta es una demanda histórica de miles de profesionales que están colegiados en sus respectivos colegios profesionales.
El texto ha sido aprobado sin votos en contra aunque PP, Vox y Junts se han abstenido y han criticado la postura del Gobierno de coalición al vetar varias enmiendas que han considerado “clave”.
Con este paso adelante, la reforma entra en el último tramo parlamentario con la votación definitiva en el Pleno del Congreso que estaba prevista para esta semana pero se ha pospuesto al 10 de junio. Luego, el proyecto debe pasar por el Senado antes de ser publicado en el BOE.
47.000 autónomos cercanos a la edad de jubilación se quedan fuera
El principal choque político ha llegado con el veto del Gobierno a una enmienda pactada entre el partido de Santiago Abascal (Vox) y el de Carles Puigdemont (Junts) que apuntaba al traspaso al RETA también de aquellos mutualistas que tienen reconocido el periodo mínimo para acceder a la pensión de jubilación de la Seguridad Social.
La medida habría supuesto beneficios para unos 47.000 profesionales, muchos de ellos a punto de llegar a la edad de jubilación que pedían poder integrar sus cotizaciones en el sistema público de los trabajadores autónomos.
Pero el Ejecutivo ha apelado al artículo 134.6 de la Constitución Española que permite el bloqueo de iniciativas parlamentarias que impliquen un aumento del gasto o una reducción de ingresos públicos.
La portavoz del PP en la comisión, María Jesús Moro, ha criticado el rechazo a esta propuesta sobre la que “no existe coste presupuestario”, una postura respaldada por Vox y Junts que señalaron al Gobierno por limitar el alcance de la reforma.
Tres meses para regular el traspaso
Entre las medidas que sí ha aprobado el Gobierno se encuentra una enmienda presentada por Sumar, ERC y EH Bildu para que se desarrolle reglamentariamente el plazo de tres meses desde que se apruebe la ley, las condiciones concretas para la transferencia de derechos económicos y su paso a periodos cotizados dentro del RETA.
Otra de las novedades aprobadas permitirá que los mutualistas que hayan cumplido 52 años antes del 31 de diciembre de 2026 puedan computar cada mes cotizado en la mutualidad alternativa como un mes de alta en el régimen de autónomos a efectos del cálculo de la pensión.
No tendrá impacto en el IRPF
La comisión también dio el visto bueno a una enmienda transaccional impulsada por PSOE, Sumar, ERC, PNV, EH Bildu y Coalición Canaria para que el traspaso de derechos económicos desde las mutualidades alternativas al RETA no tenga efectos fiscales en el IRPF.
Además, la futura ley obligará a las mutualidades a reforzar la transparencia sobre la gestión de los fondos de sus afiliados. Deberán remitir informes semestrales detallando la evolución de los fondos, las operaciones realizadas, los costes asociados y su situación financiera y de solvencia.

