El Gobierno ha renovado la autorización de explotación de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) y permitirá que sus dos reactores sigan operativos hasta el 8 de junio de 2030. Este viernes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la decisión gubernamental que supone retrasar el calendario de cierre que estaba previsto inicialmente para 2027 y 2028.
La prórroga afecta a las unidades I y II de la planta extremeña que son propiedad de Iberdrola, Endesa y Naturgy. Las empresas pidieron formalmente ampliar su funcionamiento en octubre de 2025 comenzando un procedimiento que ha contado con el visto bueno del CSN (Comité de Seguridad Nacional).
El cierre de la Unidad I estaba programada para el 1 de noviembre de 2027 y el de la Unidad II debía producirse el 31 de octubre de 2028. Con esta nueva autorización podrán permanecer conectadas hasta junio de 2030, una ampliación de 31 y 19 meses respectivamente.
El CSN ha respaldado la prórroga
La continuidad de la central de Almaraz está condicionada a que se cumplan todas las exigencias de seguridad nuclear y de protección radiológica establecidas por el CSN. El organismo regulador emitió el pasado 16 de julio un informe positivo en el que concluyó que esta instalación reunía las condiciones necesarias para operar en el periodo solicitado.
Como se detalla en esta orden ministerial, las empresas propietarias tendrán que respetar estos límites, instrucciones técnicas y condiciones de seguridad que se han incorporado a la autorización. Una vez que se ha recibido el aval del CSN, el expediente fue remitido al Gobierno para que adoptase la decisión definitiva.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha optado al final por mantener en funcionamiento los dos grupos durante un periodo adicional específico.
Un cambio de contexto con la energía como gran perjudicada
El Gobierno ha justificado la medida por el cambio de contexto que se está viviendo a nivel internacional en el que la energía está resultando la gran perjudicada. De este modo se aprecia la volatilidad del precio del gas que ha provocado la crisis de Oriente Medio, y que aumenta la vulnerabilidad derivada de la dependencia de los combustibles fósiles a pesar de los avances que se están llevando a cabo en materia de transición energética.
A pesar de ello, el Ejecutivo de Sánchez ha asegurado que la ampliación de la vida útil de Almaraz tendrá un impacto leve sobre los objetivos energéticos y que no va a comprometer los compromisos adquiridos con Europa.
La prórroga no cambia tampoco el calendario previsto para el resto de las centrales ni la fecha establecida para el cierre definitivo del parque nuclear español que sigue fijada en 2035. En cuanto a los residuos radioactivos, Enresa considera que el aumento asociado al funcionamiento adicional de Almaraz no será significativo.
No sería necesario ampliar las instalaciones de almacenamiento existentes o previstas y tampoco trasladar costes adicionales a los consumidores o a las PGE (Presupuestos Generales del Estado).
El Gobierno ha pedido a Iberdrola, Endesa y Naturgy que se impliquen más en la búsqueda de alternativas industriales y laborales para la zona. La ampliación deberá valer, en palabras del Ministerio, para continuar con los avances en diálogo social y para preparar una transición justa para los trabajadores y los municipios afectados por el futuro cierre.
Sumar rechaza la prórroga de la central nuclear
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun ha rechazado en nombre de su partido (Sumar) la prórroga a la central nuclear de Almaraz hasta 2030 y ha acusado al PSOE de incumplir el acuerdo de guobierno firmado hasta 2030. El socio minotritario del Ejecutivo ha considerado que esta decisión responde a las presiones de las compañías energéticas.
La formación ha defendido que las inversiones deben ir hacia las energías renovables, el almacenamiento y la mejora de las redes exigiendo mantener el calendario de cierre previsto para 2035 conservando el impuesto a las centrales y garantizando que sean las mismas empresas quienes asuman el coste de los residuos y desmantelamiento.
Además solicita que se auditen las cuentas de Enresa y que se apruebe un plan de transición industrial y laboral para el entorno de Almaraz.
