El grupo Atitlan, propiedad de Aritza Rodero, yerno de Juan Roig, reconvertirá la antigua central nuclear de Lemóniz (Vizcaya) en una piscifactoría con capacidad para producir 3.000 toneladas de lenguado al año. La operación se ejecutará a través de Sea Eight, la división de acuicultura de la compañía, e implicará una inversión de 170 millones de euros y la creación de 200 puestos de trabajo, según anunciaron los responsables del proyecto durante la presentación junto al lehendakari Imanol Pradales.
La central de Lemóniz nunca llegó a producir energía. Cuarenta años después del abandono del proyecto, el complejo vizcaíno se reorienta a la acuicultura industrial dentro del plan del Gobierno vasco para la reconversión de suelo industrial. Los terrenos sobre los que se asentará la piscifactoría son propiedad del Ejecutivo autonómico y la iniciativa se desarrollará a través de la concesionaria Aquacría Basordas, que se integrará en Sea Eight.
Lenguado “premium” con tecnología propia y operaciones en cuatro plantas más
Sea Eight ya opera otras instalaciones de cría de lenguado en Gijón, Cambados y en las localidades portuguesas de Torreira y Póvoa de Varzim. La compañía produce lenguado “premium de acuicultura sostenible”, según el comunicado del grupo, y emplea tecnología propia basada en RAS (Recirculating Aquaculture Systems), un sistema de recirculación de agua que “permite la escalabilidad y minimiza el impacto en el medio marino”.
Atitlan, con sedes en Valencia, Madrid y Oporto, está liderado por Roberto Centeno y Aritza Rodero, fundadores y consejeros delegados de la compañía. El grupo, vinculado al patrimonio de la familia Roig (fundadores de Mercadona), lleva diversificando su actividad fuera del retail desde hace años, con inversiones en sectores como la energía, el agua y la alimentación.
Con la apertura de Lemóniz, Sea Eight reforzará su posición como referente internacional en el segmento del lenguado de acuicultura y consolidará su red ibérica de plantas. Las obras avanzarán dentro del marco de colaboración público-privada suscrito con el Ejecutivo vasco, que mantiene la propiedad del suelo industrial mientras la operación queda en manos del grupo valenciano.
