El Pleno del Congreso de los Diputados afronta este 11 de junio una votación decisiva para el futuro de los profesionales colegiados, al debatir el dictamen final de la proposición de ley que crea la esperada “pasarela” hacia el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
Esta normativa permitirá a los mutualistas alternativos transferir sus derechos económicos acumulados a la Seguridad Social, buscando dar solución a las pensiones de baja cuantía que han motivado las quejas del sector durante los últimos años. Tras superar su trámite en Comisión sin ningún voto en contra, el texto legal se somete a su última prueba en la Cámara Baja antes de pasar al Senado, en un debate que estará marcado por el acuerdo para mantener vivo el actual modelo de mutualidades y por la fuerte polémica generada tras el veto del Gobierno a varias enmiendas clave de la oposición por motivos presupuestarios.
En concreto, la Cámara Baja votará primero las enmiendas al articulado que los grupos parlamentarios han dejado ‘vivas’ durante la tramitación y después será sometido a voto un dictamen final con todas las modificaciones incluidas. Una vez superada su tramitación en el Congreso, el texto después se irá al Senado, donde tendrá que afrontar una tramitación similar a la de la Cámara Baja con las fases de ponencia, comisión y pleno, y donde los grupos parlamentarios podrán seguir introduciendo cambios en el articulado del texto.
Ahora, todo cambio que se introduzca en el Senado tendrá que ser ratificado después en el Congreso antes de remitir el texto al Boletín Oficial del Estado (BOE).
Los ‘vetos’ del Gobierno, foco de polémica
La aprobación del dictamen en la Comisión salió adelante la abstención de PP, Vox y Junts. Estos criticaron las ‘formas’ Gobierno durante la tramitación, especialmente por su veto a distintas enmiendas transaccionales de los grupos por motivos presupuestarios.
Una de esas enmiendas vetadas fue la pactada entre PP y Junts, que pretendía permitir el traspaso de derechos económicos al RETA a aquellos mutualistas que ya tuvieran reconocido el período mínimo para acceder a la pensión de jubilación en el sistema de la Seguridad Social. Un rechazo que impide que unos 47.000 mutualistas puedan beneficiarse de ella.
Sobre esto, el Gobierno se ha amparado en la potestad que le reconoce el artículo 134.6 de la Constitución, mediante el cual puede frenar la tramitación de toda proposición o enmienda que suponga un aumento del gasto o una disminución de los ingresos en los presupuestos.
Aun con el respaldo legal, la maniobra ha generado una fuerte reacción en la oposición: el Grupo Popular planteó en el debate serias dudas sobre la compatibilidad del veto con el Reglamento del Congreso y la propia Constitución. Por su parte, Junts elevó sus quejas anunciando la presentación de una solicitud de amparo ante la Mesa del Congreso para dejar constancia de su rechazo a las inadmisiones.
Un plazo de 3 meses para desarrollar la pasarela al RETA
A pesar de todo, la comisión aprobó un dictamen que logró incluir diferentes enmiendas de los grupos parlamentarios. Entre ellas, la enmienda transaccional de Sumar, ERC y EH Bildu, la cual obliga a definir por vía reglamentaria, en un plazo estricto de tres meses tras la aprobación de la ley, las condiciones exactas para transferir los derechos económicos acumulados y convertirlos en periodos de cotización del RETA.
Estos mismos grupos lograron sacar adelante que los mutualistas que hayan cumplido 52 años a fecha de 31 de diciembre de 2026 puedan computarse cada mes que hayan cotizado en su mutualidad alternativa como un mes completo de alta en el RETA en la pensión de jubilación, a los “exclusivos efectos “de calcular el porcentaje aplicable a la base reguladora de dicha pensión.
El texto también garantiza que la transferencia de estos derechos económicos hacia la Seguridad Social no tendrá ninguna consecuencia fiscal ni penalización en el IRPF de los mutualistas.
Informe de las mutualidades
El dictamen recoge la obligación de las mutualidades de elaborar un informe semestral detallado, que deberá exponer la situación y evolución de los fondos de los afiliados, incluyendo el valor actual actuarial de las rentas iniciales (calculado bajo criterios equitativos y contrastables) y el detalle de cualquier operación cuyos costes puedan llegar a repercutir sobre los propios mutualistas. Además, las entidades también deberán facilitar la documentación relativa a su actividad ordinaria.
En paralelo, la norma refuerza el control institucional sobre estas entidades alternativas al RETA, de modo que las mutualidades estarán obligadas a remitir a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) toda la información necesaria para someterse a una supervisión continua. Esto implicará la entrega de sus estados contables y financieros, análisis económicos, evaluaciones de cumplimiento normativo y reportes exhaustivos sobre la evolución de sus riesgos y niveles de solvencia.
El sistema de mutualidades convivirá con el RETA
En la comisión también se aprobaron enmiendas de PP y Junts a pesar de que contaron con el voto en contra de PSOE y Sumar. Una de ellas, de Junts, que ya se ha incorporado a la ley elimina la obligación para los mutualistas de suscribirse, después del 1 de enero de 2027, al Régimen de Autónomos y mantiene el sistema de mutualismo alternativo, de manera que se mantiene el régimen de mutualidades alternativas.
En este sentido, la norma establece que quienes opten por quedarse en la mutualidad tendrán garantizados los mismos derechos que el ordenamiento jurídico reconoce a los trabajadores autónomos, siempre que la financiación de dichos derechos no dependa estrictamente de las cotizaciones al RETA. Junts también incluyó una enmienda que obliga al Gobierno a elaborar un informe de evaluación sobre este sistema alternativo antes del 31 de diciembre de 2030.
Pasando a las enmiendas del Partido Popular, el Gobierno, en el plazo máximo de un año, deberá aprobar las reformas normativas necesarias para dotar al sistema de mayores garantías de transparencia. El objetivo es reforzar la información, supervisión y control de las mutualidades en beneficio de todos los profesionales colegiados que decidan mantenerse en este modelo de previsión social con carácter alternativo al régimen de Seguridad Social.
Por último, hay que señalar que, según ha manifestado el Consejo General de la Abogacía Española en un informe, el dictamen actual presenta una leve inconsistencia técnica que previsiblemente deberá subsanarse durante su paso por el Senado: el texto contiene dos previsiones que no coinciden plenamente sobre la evaluación del régimen, ya que una disposición indica que se evaluará a 31 de diciembre de 2027, mientras que la enmienda de Junts fija el plazo antes del 31 de diciembre de 2030.
