No basta con firmar un alquiler de menos de un año para considerarlo temporal, debe existir una causa real que justifique esa duración limitada.
Alquiler
Denuncia la precariedad habitacional que sufren miles de universitarios y trabajadores ante el encarecimiento de los alquileres en la capital.
La Sala de lo Civil confirma que la prohibición estatutaria del hospedaje impide destinar los pisos a vivienda de uso turístico aunque la norma no mencione esta modalidad.
Aunque la comunidad ya tenga viviendas de uso turístico autorizadas, la LPH hace referencia a una aprobación expresa para el propietario que quiera destinar su vivienda a esta actividad.
El propietario no logró demostrar que los daños fueran culpa del arrendatario y la justicia recuerda que la ley no permite cobrar al inquilino el desgaste habitual de una vivienda.
El ministerio aclara que aunque le contrato de alquiler se firme por menos tiempo, el inquilino puede, sin necesidad de hacer renovaciones, permanecer en la vivienda hasta 5 años.
Es suficiente que el propietario comunique que necesita la vivienda para un familiar de primer grado ya que la ley permite recuperar el piso a partir del primer año de contrato, siempre que el mismo recoja dicha cláusula.
El Ministerio asegura que el Registro Único del Alquiler ha detectado más de 109.000 contratos irregulares y señala especialmente la situación de Madrid.
Compartir baño y zonas comunes no impide que el contrato quede protegido por la Ley de Arrendamientos Urbanos si cubre una necesidad de vivienda permanente.
La normativa protege la permanencia del arrendatario y establece una compensación económica en contratos de larga duración si el nuevo dueño decide rescindir el alquiler.
Fue suficiente que varias copropietarias comunicaran por burofax su voluntad de no renovar el contrato, aunque el piso perteneciera a más herederos y el inquilino alegara vulnerabilidad.
Aunque el contrato de alquiler tenga una duración inferior, la Ley de Arrendamientos Urbanos garantiza una permanencia mínima de hasta 7 años cuando el propietario es una persona jurídica.
Los inquilinos percibían 1.309 euros del Ingreso Mínimo Vital, una cifra superior a la pensión de Isabel, la propietaria de la vivienda.
El anciano ha convertido su casa de 195 metros cuadrados en un espacio compartido con jóvenes a los que ofrece un alquiler reducido a cambio de apoyo en el día a día.
La pensionista asegura que vive con 650 euros al mes y comparte vivienda con otras tres personas para poder salir adelante.
El experto financiero desvela cómo la subida del precio de los alquileres está transformando el acceso a la vivienda en España.
El tribunal aclara que una norma declarada inconstitucional no puede seguir aplicándose y que la vulnerabilidad no impide automáticamente recuperar la vivienda.
La normativa obliga al nuevo dueño de la vivienda a respetar el contrato de alquiler durante el plazo mínimo legal establecido.
El tribunal aclara que el contrato había alcanzado su duración máxima legal y pasó a tácita reconducción mensual, por lo que la propietaria podía resolverlo mediante preaviso.
El pensionista asegura que ha tenido que recurrir al Ingreso Mínimo Vital y compartir vivienda para poder afrontar el alquiler y los gastos básicos.
Siempre y cuando las actualizaciones de renta estén pactadas en el contrato de alquiler, el casero puede aplicar de golpe las subidas de años anteriores.
Continuar abonando la renta no da derecho a mantener el alquiler y que la ley no permita encadenar subrogaciones indefinidamente en las viviendas de renta antigua.
El tribunal aclara que el requerimiento debe ser claro, que la causa debe estar justificada y que los problemas económicos no permiten recuperar la vivienda antes de tiempo.
La normativa establece prórrogas automáticas tras los 5 o 7 años de contrato si el propietario no comunica a tiempo que quiere recuperar la vivienda.
El endurecimiento de las normas y unos precios disparados de la vivienda dejan sin alternativa a quienes sostienen la actividad de la isla.
El tribunal aclara que un acuerdo verbal no basta, que seguir pagando no alarga el alquiler y que no es obligatorio ofrecer un nuevo contrato social.
La decisión sienta precedente y podría dejar fuera del mercado a miles de inquilinos con rentas más bajas.
Aunque el Congreso no haya aprobado la ampliación extraordinaria de los alquileres, la LAU mantiene las prórrogas obligatorias que garantizan 5 años de duración al inquilino.
La nueva normativa para viviendas de uso turístico permite su prohibición por parte de los vecinos y endurece los requisitos para poder alquilar en la Comunidad de Madrid.
La ayuda puede alcanzar los 2.400 euros al año para reducir el coste de la vivienda habitual.
Una vez cumplido el plazo legal del contrato, el propietario puede recuperar la vivienda sin alegar causa, incluso si los inquilinos tienen hijos y están en situación de vulnerabilidad.
Bustinduy y Rodríguez aseguran que los contratos ampliados durante la vigencia del decreto están protegidos pese a su rechazo en el Congreso.
El decreto con la prórroga de los alquileres ha sido derogado en el Congreso con 177 votos en contra, dejando en un limbo legal a cientos de inquilinos.
Isabel Rodríguez advierte de incertidumbre para los inquilinos y pide al Congreso que respalde el decreto en la votación.
Los populares señalan que limitar las subidas y alargar el contrato reducirá la oferta y el resultado será una vivienda mucho más cara.
La justicia considera que destinar un local comercial a vivienda, aunque no exista un cambio formal y pese a alegarse necesidad personal, permite resolver el contrato.
La prórroga extraordinaria puede ampliarse hasta dos años, pero no es automática y depende tanto de solicitarla a tiempo como de que el decreto sea convalidado.
La normativa fija un límite claro a la fianza en los contratos de alquiler, aunque permite otras garantías adicionales bajo ciertas condiciones.
La pareja había sido desahuciada legalmente pero fueron pillados forzando la cerradura para entrar en la casa pocas horas después de ser desalojados.
El Gobierno trabaja “en su conjunto” para convalidar la prórroga en plena crisis de acceso a la vivienda.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 destinará 7.000 millones de euros a la mejora de las zonas rurales y a la rehabilitación o construcción de nuevos inmuebles.
De acuerdo al art.10.1, si la obra es necesaria para el mantenimiento o la seguridad del edificio, la derrama es obligatoria para todos los vecinos.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que se aprobará en Consejo de Ministros, blindará la vivienda pública con carácter permanente.
La Comunidad destina 10 millones en total a municipios para aumentar la oferta de vivienda asequible
La formación de Miriam Nogueras descarta negociar con Sumar y complica la convalidación del decreto en el Congreso.
El TSJ de Cataluña respalda el criterio de Hacienda y aclara cómo deben declararse los ingresos y gastos de estas viviendas en el IRPF.
La española asegura que la clave del éxito está en comprar barato, reformar al gusto del comprador y saber financiarse
La normativa permite que el contrato siga vigente en favor del cónyuge o pareja que conviva en la vivienda, siempre que se cumplan ciertos requisitos legales, incluso si no figura como titular
La Ley de Arrendamientos Urbanos impone al casero la obligación de mantener la vivienda habitable y prohíbe repercutir el coste de esas obras al inquilino mediante una subida del alquiler.
El acceso a la vivienda se ha convertido en una barrera imposible para los españoles. Tan solo los jóvenes ya gastan más del 60% de su sueldo en alquiler
La mujer ocupó uno de los pisos familiares sin pagar alquiler durante dos décadas, lo que ha reducido el patrimonio a repartir y ha generado un conflicto entre los herederos.
Este inversor inmobiliario apuesta por viviendas de entre 25 y 40 metros para maximizar la rentabilidad.
La brecha entre salarios y precios alcanza su punto máximo en una década, creando una "trampa de pobreza" que asfixia a los trabajadores.
Los ancianos, vivían desde hacía nueve años en la vivienda, pero el propietario decidió destinarla al alquiler turístico.
El Ayuntamiento exigía autorización de los vecinos para ejercer la actividad, aunque el tribunal concluye que esa condición no está prevista en la ley.
El Gobierno de Aragón ha puesto en marcha el Programa 700 que está destinado al desarrollo de actuaciones en localidades de menos de 3.000 habitantes.
La normativa establece que el arrendatario debe hacerse cargo de los daños que cause en la vivienda, aunque distingue entre el desgaste normal por el uso y los daños provocados por un mal uso.
El anciano, que restableció el suministro horas después, asegura sufrir insultos, coacciones y violencia, y reclama el desahucio urgente.
El encarecimiento del alquiler y el fin de la moratoria cada vez dejan a más familias vulnerables sin alternativas habitacionales.
Este empresario explica su forma de actuar ante la actual política de vivienda implantada por el Ministerio de Isabel Rodríguez.
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