El Gobierno tiene previsto aprobar este martes 28 de julio, en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano, un nuevo decreto ley de vivienda para ampliar la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler hasta el 30 de junio de 2028.
Hay que tener en cuenta que este nuevo decreto llega tras el rechazo del Congreso de los Diputados de un decreto con el mismo objetivo, aunque desde el Ejecutivo confían, según recogen desde Europa Press, en que sirva de base para alcanzar un amplio acuerdo parlamentario que permita avanzar en medidas para facilitar el acceso a la vivienda.
Esta norma, que ha sido criticada por los expertos, que alertan de que prorrogar dos años los alquileres que venzan en 2028 puede agravar la falta de oferta de vivienda, incluye otras medidas como iniciativas para regular el mercado del alquiler, movilizar vivienda asequible y reforzar la protección de las familias en situación de vulnerabilidad.
El decreto ampliará la prórroga de los alquileres y regulará los contratos de temporada
El primer bloque del decreto estará orientado a contener el precio del alquiler y ofrecer una mayor estabilidad a los inquilinos. Para ello, una de las medidas previstas es la prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos que finalicen antes del 30 de junio de 2028, ampliando en casi un millón el número de potenciales beneficiarios respecto a la propuesta inicial.
Además, se regularán los alquileres de temporada y por habitaciones, obligará a que todos los contratos se formalicen por escrito e incorporará bonificaciones en el IRPF para los propietarios que reduzcan el precio del alquiler.
Más presión sobre los pisos turísticos y nuevas medidas contra los desahucios
El segundo bloque del decreto estará centrado en aumentar la oferta de vivienda asequible. Para ello, el Gobierno prevé elevar el IVA de los pisos turísticos al 21%, además de introducir medidas para agilizar los trámites administrativos y avanzar en la reforma de la Ley del Suelo.
Asimismo, el texto incluirá una propuesta que se negociará con los grupos parlamentarios para reforzar la protección de las familias vulnerables y evitar desahucios cuando no exista una alternativa habitacional.
