No ha habido sorpresas. El Congreso de los Diputados ha derogado el decreto ley del Gobierno que permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Además, limitaba al 2% las actualizaciones anuales de renta. El Ejecutivo no ha logrado un acuerdo con Junts y, unido al rechazo también de PP y Vox, han sumado mayoría para hacer caer la norma, con 177 votos en contra.
Antes de las votaciones, existía cierta tensión dentro del Gobierno. Varios diputados de Sumar se quejaron de que el ala socialista, incluida la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez (que no pudo asistir al debate parlamentario), no se habían “implicado” en la negociación para conseguir los apoyos necesarios para que prosperara este decreto.
Frente a esto, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, aseguró que los socialistas habían estado negociado hasta el final para conseguir la convalidación, porque “el Gobierno es uno y cuando negocia un ministro, dos o tres, negocia el Gobierno, no una parte”. Unas negociaciones que, aun así, no han dado sus frutos, dejando en un limbo legal a miles de inquilinos.
Inseguridad jurídica para los inquilinos
Al caer el decreto de la prórroga de los alquileres, se abre un escenario inexplorado, sin conocerse aun exactamente cuáles son las consecuencias jurídicas. Previsiblemente, serán los tribunales los que determinen qué pasa con los inquilinos que ya solicitaron la prórroga mediante burofax durante el mes que el decreto ha estado en vigor.
Para algunos expertos, esos inquilinos tendrían la prórroga garantizada, entre ellos Facua que, en un comunicado reciente, explicó que “todas aquellas prórrogas que hayan sido solicitadas durante el periodo que ha estado en vigor serán de obligado cumplimiento”. En cambio, para otros existe inseguridad jurídica por tratarse de un decreto de urgencia, por lo que todo apunta a que se abrirá una batalla judicial entre caseros e inquilinos.
De hecho, la propia ministra, Isabel Rodríguez, advirtió de esta inseguridad, alertando de que si el decreto no se convalidaba en el Congreso, como ha ocurrido, se abriría un “escenario jurídico inexplorado”. “Se abre una expectativa de valoración jurídica que, en cualquier caso yo lo que espero de la justicia es que se ponga siempre del lado del derecho a la vivienda”, afirmó esta semana al respecto, reconociendo la falta de precedentes claros sobre cómo actuar en una situación en la que una norma en vigor de urgencia deje de aplicarse tras no ser convalidada.
Yolanda Díaz llama a la movilización social
Este mismo martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llamó a la movilización social si el Congreso tumbaba el decreto para prorrogar los contratos de alquiler.
“El llamamiento es a la movilización social. Los derechos se ganan desde los Ejecutivos, desde los sindicatos, desde los colegios profesionales y desde la movilización. Por tanto, si deciden tumbar la norma, yo clamo a la ciudadanía a que se organice”, manifestó, indicando al mismo tiempo que desde Sumar “no se van a rendir” y estudiarán “todas las medidas posibles para continuar defendiendo a la gente”.
Díaz también señaló que desde que este decreto entró en vigor hace un mes, son “miles y miles” de ciudadanos los que han instado a sus caseros a que les prorroguen los contratos de alquiler. En este sentido, y preguntada por si Sumar se equivocó al empujar a su socio de Gobierno a aprobar esta norma pese a saber que no contaba con apoyos suficientes en el Congreso, ha señalado que la estrategia fue “acertada” porque durante ese mes en el que ha estado en vigor ha favorecido a “miles de personas”.
