Francia ha encontrado la manera de desalojar rápidamente a quienes reservan un alojamiento turístico y se niegan a abandonarlo cuando termina el periodo contratado. Según informan medios franceses, el Gobierno quiere extender a estos casos el procedimiento acelerado de expulsión en 72 horas.
Actualmente, estas personas no tienen la consideración legal de okupas, ya que entraron en la vivienda de forma autorizada mediante una reserva. Por este motivo, los propietarios pueden verse obligados a iniciar un procedimiento judicial que se prolongue durante meses o incluso años.
El proyecto de ley Ripost pretende cerrar este vacío legal e incluir expresamente los alojamientos turísticos entre los inmuebles que pueden recuperarse por la vía rápida.
El propietario podrá solicitar el desalojo en 72 horas
Según explica Figaro Inmobilier, el propietario tendrá que presentar una denuncia y conseguir que un comisario de justicia certifique que la persona permanece en la vivienda sin tener derecho a hacerlo.
Después deberá solicitar el desalojo ante la prefectura, que dispondrá de 48 horas para tomar una decisión. Si acepta la petición, el ocupante tendrá 24 horas para abandonar el alojamiento.
Si la prefectura rechaza la solicitud, deberá justificar su decisión y el propietario tendrá que acudir a los tribunales. La vía rápida también se extenderá a locales comerciales, agrícolas y profesionales, según el citado medio.
Penas de hasta tres años de prisión y 45.000 euros
La modificación forma parte del proyecto de ley Ripost, impulsado por el Ministerio del Interior francés. Según explica el propio ministerio, la norma busca reforzar la actuación de las fuerzas de seguridad, las autoridades administrativas y la Justicia frente a las ocupaciones ilegales y otros comportamientos que afectan al orden público.
Le Figaro señala que el proyecto ya ha sido aprobado por el Senado y por la Asamblea Nacional en primera lectura, aunque todavía debe recibir la aprobación definitiva antes de entrar en vigor.
Si se aprueba sin cambios, quienes permanezcan en un alojamiento turístico después de terminar su reserva podrán enfrentarse a penas de hasta dos años de prisión y 30.000 euros de multa. Cuando el inmueble sea el domicilio del propietario, la sanción podría alcanzar los tres años de cárcel y los 45.000 euros.
