Derecho laboral

El Alto Tribunal ha aclarado cuándo las interrupciones entre contratos temporales no hacen perder la antigüedad, incluso aunque duren varios meses.

La ministra ha estado en la manifestación del 1 de mayo donde ha insistido en que seguirá reivindicando más derechos laborales para “no dar un paso atrás”.

El trabajador tenía un contrato indefinido desde 2001 y cobraba más de 6.000 euros al mes, ahora la empresa deberá pagarle o readmitirlo en su puesto.

La justicia declara el despido nulo por vulneración de su derecho a la intimidad y discriminación por razón de salud.

Para el tribunal, el despido fue discriminatorio, ya que ocurrió tras sufrir el infarto y estar de baja por incapacidad temporal a pesar de que la empresa alegó causas organizativas.

La empresa debe pagarte las horas del permiso como si estuvieras trabajando y no hace falta que tu convenio lo diga expresamente.

Algunas empresas pueden entregar cartas con efectos liberatorios que, de firmarlas, podrían hacernos perder el derecho a reclamar.

Trabajo acelera la reforma tras meses de retrasos y negociaciones con Economía para implantar el control digital de jornada.

La empresa cometió discriminación por razón de discapacidad al extinguir el contrato sin intentar adaptar el puesto a sus limitaciones, tras casi dos años de baja, ni reubicarle.

Este permiso es acumulable por un periodo de hasta 5 años, por lo que se podría disfrutar un total máximo de 100 horas.

Repitió el mismo patrón con al menos ocho clientes. A raíz de las quejas de varios de ellos, la entidad bancaria realizó una auditoría que reveló estas irregularidades.

La Audiencia Nacional aclara que el descanso semanal se devenga durante la jornada trabajada, no al finalizar la semana

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha ha confirmado el despido porque la conducta del empleado rompía la confianza laboral.

La nueva norma, presentada por Yolanda Díaz, extiende la protección a autónomos y adapta la seguridad laboral a los riesgos digitales y climáticos.

La empresa aplicó una cláusula de jubilación forzosa pactada en un contrato individual, sin estar vinculada al convenio colectivo ni a políticas de empleo.

El Estatuto de los Trabajadores aclara que los convenios colectivos pueden incluir cláusulas que extingan el contrato al cumplir los 68 años siempre que se vincule a la contratación indefinida de un nuevo empleado.

Un empleado de Aldi que ese día estaba ejerciendo de responsable de turno, tenía contrato indefinido y llevaba dos años trabajando en el supermercado cuando se produjo el despido.

Deben contar con autorización para acceder a los centros de trabajo si comparten dirección con la sede social de la empresa, muy habitual en las pymes. La decisión ha provocado el rechazo del sindicato de inspectores.

El sindicato advierte de carencias estructurales en prevención y critica la falta de personal y medios en administraciones y empresas.

El presidente de la CEOE denuncia que la reforma de riesgos laborales se apruebe sin contar con la patronal y asegura desconocer su contenido.

El Tribunal Supremo avala la procedencia del despido de un empleado que era ya conocido por prácticas similares en el estadio del Osasuna.

El alto tribunal estima el recurso del FOGASA y reconoce que estas compensaciones tienen carácter salarial, lo que adelanta su cobro frente al resto de acreedores.

Aunque la causa del despido era válida, no se cumplieron los requisitos formales que exige la ley a la hora de comunicárselo a la trabajadora.

Varias resoluciones recientes insisten en que el derecho a los festivos anuales es independiente del descanso semanal.

El empleado solicitó reincorporarse a su puesto si era posible realizar “ajustes razonables” para adaptarlo, tal y como exige la normativa europea y la doctrina del TJUE.

El Real Decreto 486/1997 también recoge que las condiciones ambientales no deben suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores ni deben “constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores”.

Además, el incidente generó un alto riesgo para los demás trabajadores de la fábrica. La justicia considera que se trata de una falta muy grave por abandono del puesto y daños en la maquinaria.

La justicia determina que no alcanza la gravedad suficiente para considerarse una transgresión de la buena fe contractual que justifique el despido.

El tribunal destaca en la sentencia que el valor era irrelevante, ya que costaba 6,91 euros, pero esta acción supuso una pérdida de confianza.

Aunque el salario sea mensual, el descanso semanal también se genera día a día y debe incluirse en el finiquito si el contrato termina antes de completar la semana.

Los trabajadores tienen derecho a solicitar una evaluación de su puesto de trabajo y a que se realicen las adaptaciones que sean oportunas.

El tipo de contrato no determina el número de vacaciones, siendo el mínimo de 30 días naturales por año trabajado sin importar si se está a tiempo completo o parcial.

Para el Tribunal una única expresión aislada no basta para extinguir la relación laboral si ha estado más de 15 años sin tener ningún incidente.

El tribunal entiende el teletrabajo como un “ajuste razonable” para proteger la salud mental de la trabajadora.

El trabajador estuvo 93 días en tratamiento médico y rehabilitador, debiendo el empresario abonarle una indemnización de 5.094 euros.

La trabajadora fue amonestada por incumplir el deber de confidencialidad tras alertar de lo ocurrido a la familia.

Además, toda la plantilla se encontraba teletrabajando menos ella, por lo que la justificación de la empresa no era objetiva.

El tribunal laboral ha considerado desproporcionado el despido y ha tenido en cuenta que los propietarios sabían que era una práctica común entre los trabajadores.

Anteriormente, tanto un Juzgado de lo Social de Córdoba como el TSJ de Andalucía determinaron que las prácticas eran conocidas y toleradas por el banco.

El sindicato de Unai Sordo ha pedido que la ley canaria de camareras de pisos se traslade al conjunto de España.

El TSJ de Canarias considera acreditado un sistema reiterado de sustracción a pesar de la ausencia de un perjuicio económico cuantificado.

Para la justicia, la cadena de supermercados no demostró que la trabajadora fuera culpable, siendo las pruebas insuficientes.

El Estatuto de los Trabajadores blinda este derecho, equiparándolo totalmente al matrimonio: ni un euro menos en la nómina.

No pudo disfrutar de sus vacaciones durante 25 años y, tras despedirle, la justicia le ha reconocido el cobro de todos estos días.

La Sala ha considerado probado que estaba realizando tareas propias de hostelería claramente incompatibles con su incapacidad temporal.

En la demanda, además de la improcedencia del despido, ha alegado una discriminación por edad.

Aunque no se demostró una influencia real en la conducción, la simple presencia en el organismo ya es una infracción lo suficientemente grave para aplicar el despido.

La empleada tenía más de 5 años de antigüedad en la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos cobrando un sueldo de 1.900 euros.

Filtrar a los candidatos por la edad, su aspecto, sexo, origen o condición social en las ofertas de empleo está prohibido y sancionado por la LISOS.

El ministro señala la alta tasa temporalidad en las administraciones autonómicas como el foco del problema y asegura que el Gobierno sigue trabajando para reducirla.

El TSJ de Asturias concluye que despedir a un trabajador justo después de agotar la incapacidad temporal genera indicios de discriminación por razón de salud y obliga a la empresa a demostrar que el cese no tuvo relación con la enfermedad.

La justicia lo declara improcedente porque solo le ayudó a levantarse, no cobró por ello y no volvió a su domicilio.

El presidente de la CEOE sostiene que el sector privado ha reducido la temporalidad “de forma ordenada” y problema de concentra en el sector público.

Trabajaba de terapeuta ocupacional en una residencia de mayores y la justicia ha declarado responsable solidario al ayuntamiento, al ser el titular de la misma.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tuvo en cuenta además que el trabajador faltó a su puesto de trabajo y desestimó el recurso que este había interpuesto.

Los responsables de los centros intentron impedir cualquier intervención policial, cambiando constantemente la ubicación de los mismos.

El recargo recae exclusivamente sobre el empresario infractor y la ley prohíbe taxativamente que sea cubierto por seguros.

Para el experto habría que plantear la figura del fijo a extinguir como una solución “intermedia”.

Desde el Ministerio de Función Pública señalan que no afecta a la norma nacional ni impone sanciones.

Su conducta, sin importar el valor de los productos, supuso una transgresión de la buena fe contractual y abuso de la confianza, aun más atendiendo a que era jefe de departamento.