El panorama económico y político en España sigue marcado por el reto de cuadrar las cuentas públicas, algo que no parece fácil tras la negativa de PP, Vox y Junts a la senda de déficit, que es el primer paso para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2027. No obstante, el Gobierno intentará sacar adelante la senda de déficit de nuevo este martes aprobándola en Consejo de Ministros.
A pesar de haber conseguido subir el techo de gasto hasta los 226.032 millones de euros de cara a los próximos Presupuestos Generales del Estado de 2027, esto no es suficiente, ya que la realidad del día a día demuestra las consecuencias negativas de seguir trabajando con unos presupuestos prorrogados desde el año 2023. Esto no hace sino asfixiar la economía española en varios puntos, provocando medidas como esta: el Ejecutivo se ve obligado a autorizar la asignación de casi 200 millones de euros en suplementos de crédito y créditos extraordinarios entre enero y junio de este 2026 para garantizar el normal funcionamiento de los servicios comunes de la Seguridad Social y de las mutuas colaboradoras.
Tal y como reflejan los documentos oficiales enviados al Congreso, se ha tenido que recurrir a un total de 39 ampliaciones presupuestarias para conseguir evitar, básicamente, que estas entidades se vean obligadas a parar su actividad. Para que no queden dudas sobre lo trascendente que llega a ser este problema, durante el primer trimestre del año se autorizaron trece operaciones por valor de 76,16 millones de euros. Sin embargo, el agujero creció verdaderamente en el segundo trimestre, disparándose hasta los 121,2 millones de euros divididos en 26 autorizaciones.
El pago de nóminas y las dotaciones millonarias a las mutuas
Los diferentes fondos que les han ido dando de manera extraordinaria se han utilizado sobre todo para pagar las nóminas del personal, además del pago de gastos normales en bienes y servicios relacionados con el departamento, y a otras inversiones necesarias que no estaban al principio de la planificación que tenían hace tres años. Viendo los gastos de personal, las mutuas por su parte han necesitado estas aportaciones para adaptar lo que ganan sus plantillas a las subidas salariales aprobadas en los últimos ejercicios, algo que ha creado tensión, especialmente en el segundo trimestre por la necesidad de afrontar la paga extraordinaria de verano de sus empleados.
Dentro de este apartado destinado al personal, destaca el caso de Asepeyo, que ha tenido que recibir un suplemento de 14,3 millones de euros. A esta entidad le siguen otras ampliaciones destacadas como las de M.A.Z (5,27 millones), Egarsat (4,9 millones) o Mutua Balear (4,52 millones). Por otro lado, si nos fijamos en el dinero destinado a sufragar gastos corrientes a principios de año, verdaderamente resaltan los 27,4 millones otorgados a Fremap y los 18,15 millones para Mutual Midat Cyclops.
Hay tensión financiera y un "importante déficit estructural"
Pero las mutuas no son las únicas que sufren las consecuencias de la falta de presupuestos, ya que la propia Administración también ha requerido oxígeno económico. Concretamente, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) necesitó un suplemento de crédito de 24,2 millones de euros destinado a transferencias corrientes, mientras que la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS) tuvo que ser autorizada para gastar otros 20,2 millones extra.
Todo esto ocurre en un escenario de enorme tensión financiera para la institución pública. Hay que recordar que, tal y como alertó el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización, la Seguridad Social acumulaba a cierre de 2024 una deuda de 106.000 millones de euros. Asimismo, el organismo fiscalizador lanzó un serio aviso sobre la existencia de un "importante déficit estructural" que asciende a más de 2.677 millones de euros derivado específicamente de la gestión de las bajas médicas (Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes) que realizan las propias mutuas.
