Una trabajadora, despedida estando embarazada, demanda a su empresa en marzo de este año, pero su juicio no se celebrará hasta febrero de 2027. A otro empleado con epilepsia le deniegan la adaptación de su puesto, acude a los tribunales y descubre que su vista judicial se retrasa hasta enero de 2027. No son historias aisladas, sino que son ejemplos de casos que se están dando en muchas provincias españolas por un problema común: el colapso estructural de la jurisdicción social.
Así lo ha manifestado hoy CCOO, aclarando que es esta rama de la justicia quien se encarga de resolver los conflictos en materia de salarios, despidos, prestaciones, o conciliación. “Sin una justicia que llegue a tiempo, los derechos de las personas trabajadoras se ven gravemente afectados”, ha denunciado el sindicato.
Por ello, la organización ha anunciado la presentación de distintas actuaciones ante el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Consejo General del Poder Judicial y el Defensor del Pueblo. Paralelamente, van a presentar una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) por incumplimiento de la Carta Social Europea revisada.
La duración media alcanza los 11,4 meses
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, analizados por CCOO y consultables en el informe ‘Sin Justicia no hay derechos’, la duración media de los procedimientos en los juzgados de lo social alcanzó los 11,4 meses. En la fase de recurso, la duración estimada ante las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia fue de 7,2 meses, mientras que ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo alcanzó 13,2 meses.
El tiempo de espera según el problema del trabajador
Frente a las estimaciones generales oficiales, los datos reales extraídos de los expedientes del propio sindicato (SERVIJUR 2026) revelan un panorama más desolador si se desglosa la espera por el tipo de problema.
En el caso de los despidos, procedimientos que la ley exige que sean urgentes y preferentes, la media real en España para que se celebre el juicio alcanza los 12,5 meses (375 días). De hecho, CCOO alerta de que el sistema ha dejado de funcionar y ya existen 29 provincias en situación de “colapso funcional” en esta materia.
La situación más grave la sufren quienes acuden a los juzgados por reclamación de salarios impagados, quienes deben esperar una media estatal de 15 meses para su juicio. Actualmente, hay 41 provincias colapsadas en la gestión de estos impagos.
El escudo social tampoco llega a tiempo. Quienes dependen de prestaciones de la Seguridad Social, como pensiones de jubilación, el paro o una incapacidad permanente, se enfrentan a una espera media de 13 meses para poder defender su caso en los tribunales.
Diferencias territoriales
Aunque el problema se da en toda España, el sindicato advierte de importantes diferencias territoriales: “La efectividad real de un derecho no puede depender del territorio o el juzgado en el que se ejercita la acción judicial. El código postal no puede determinar la efectividad real de los derechos laborales y protección social”.
Como ejemplo, en los Juzgados de lo Social en Andalucía, la duración media de los procesos supera los 16 meses. Pero la brecha es aún mayor al comparar por provincias y cuestiones legales: mientras que en Valencia reclamar el salario tarda una media de 28 meses y un juicio por despido llega a los 23,5 meses, en Sevilla y Málaga reclamar el sueldo se retrasa casi 26 meses. En Galicia, por el contrario, un despido se juzga en apenas 2,5 meses de media.
Un problema que afecta a la tutela judicial efectiva
En la rueda de prensa de presentación del informe, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado que “estamos ante un problema estructural de Estado de derecho en el ámbito laboral”. “La jurisdicción social es el espacio donde las personas trabajadoras hacen valer derechos esenciales relacionados con salarios, despidos, prestaciones, conciliación o derechos fundamentales. Cuando los juicios se señalan a muchos meses o incluso años vista, el derecho no solo se retrasa: pierde eficacia y deja de cumplir su función protectora”, ha añadido.
Sordo ha advertido de que “la demora en la jurisdicción social ha alcanzado una dimensión estructural y en numerosos territorios y materias compromete el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas”. Por ello, considera que no es un problema “meramente organizativo o administrativo, sino a una cuestión que afecta directamente a la tutela judicial efectiva de los derechos laborales y sociales”.
Por su parte, el secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, ha advertido que “mientras los asuntos ingresados en el sistema judicial han aumentado de forma sostenida, los recursos materiales y humanos no han crecido al mismo ritmo, lo que explica buena parte del colapso funcional que sufren numerosos juzgados de lo social en nuestro país”.
“Esta situación está lesionando el derecho de tutela judicial efectiva de las personas trabajadoras. Cuando un juicio por salarios, despido o prestaciones tarda un año o más en señalarse, se agrava el desequilibrio entre empresa y trabajador y se debilita la capacidad real de defender derechos laborales básicos”, ha manifestado Pacheco.
Cabe apuntar un matiz crucial: estos meses o años de espera miden únicamente el tiempo hasta que los trabajadores se sientan ante el juez. Después del juicio, deben seguir esperando a que se dicte la sentencia, se resuelvan los posibles recursos y, lo más importante, se ejecute la condena, que puede ser desde la readmisión al trabajo, poder disfrutar de una adaptación o reducción de jornada o recuperar una prestación.
Perjudica la conciliación
Esta demora estructural en la jurisdicción social también distorsiona los procesos de conciliación entre los trabajadores y las empresas. El sindicato ha indicado que la conciliación debería ser un espacio de solución equilibrada de los conflictos, pero cuando la alternativa es esperar meses o años a un juicio, los trabajadores negocian “en una posición debilitada”. El resultado es que, ante estas condiciones, “se favorecen soluciones negociadas a la baja en materias tan sensibles como salarios o indemnizaciones por despido”.
“No podemos normalizar que reclamar un salario, una prestación, una incapacidad o denunciar la vulneración de un derecho fundamental implique esperar durante meses o años para obtener una respuesta judicial. Una justicia tardía deja de ser una justicia efectiva, especialmente en el ámbito social”, ha reiterado la directora del Gabinete Jurídico de CCOO, Eva Urbano.
Por todo ello, el sindicado ha exigido que se adopten medidas urgentes en el ámbito de esta jurisdicción “ante un problema que pone en cuestión la calidad del Estado de Derecho”.
