Prestaciones

Es obligatorio comunicar cualquier variación a la entidad gestora.

Mientras se cobra la prestación por incapacidad temporal, se deben cumplir unas obligaciones básicas.

El sindicato presentará una reclamación colectiva ante el CEDS por la vulneración a la tutela judicial efectiva.

Esta “baja de investigación” podrá durar hasta un año, tiempo en el que se apartará al trabajador de su puesto para estudiar si su entorno laboral es el origen real de sus problemas de salud.

Aunque la Seguridad Social exige esperar 180 días tras denegar la incapacidad permanente, es posible iniciar un nuevo proceso de incapacidad temporal si el tribunal médico prevé la curación del trabajador.

Para cobrar la prestación por incapacidad temporal cuando deriva de una una enfermedad común, la ley pide haber cotizado al menos seis meses en los últimos cinco años.

La Justicia da la razón al INSS y revoca la sentencia en la que se había reconocido el derecho a esta unidad familiar de dos adultos a seguir cobrando la prestación.

El TSJ de Cataluña concluye que el extrabajador superó ampliamente el plazo legal de un año que fija el Estatuto de los Trabajadores para reclamar daños derivados de la relación laboral.

Aunque el error inicial fue de la Administración, el tribunal concluye que cobrar dos ayudas incompatibles obliga a su reintegro, aplicando el límite legal de los últimos cuatro años.

La beneficiaria estaba cobrando una pensión por incapacidad permanente total y no cumplía con las cotizaciones mínimas para acceder a la pensión contributiva de jubilación.

Para el SEPE, existían sospechas de connivencia, ya que el trabajador no impugnó el despido y había firmado un acuerdo donde renunciaba a ello a cambio de más de 2.000 euros de finiquito.

La cobertura por desempleo alcanza el 78,77% en marzo, con 1,77 millones de beneficiarios.

El complemento de ayuda a la infancia se reconoce con un límite de renta mucho más alto que el del IMV, lo que abre la puerta a familias que no llegan al umbral de la prestación principal pero sí pueden cobrar entre 57,50 y 115 euros mensuales por cada hijo.

La prestación por razón de necesidad está dirigida a españoles en el exterior que no tienen ingresos suficientes y viven en países donde la protección social no cubre sus necesidades básicas.

La falta de hospitalización, la escolarización o el hecho de recibir servicios educativos o sanitarios fuera del hogar, no impiden acceder a la prestación.

El Servicio Público de Empleo Estatal explica que los días cotizados que sobran no se pueden usar.

La cuantía del subsidio para mayores de 52 años son 480 euros al mes, que se puede cobrar hasta la edad de jubilación si se cumplen los requisitos.

La justicia considera que la combinación de su afección cardíaca con el consumo de tóxicos hacía imposible que el trabajador mantuviera la capacidad física necesaria para ejercer como fontanero, por lo que le reconocen la incapacidad permanente total del 55% sobre una base reguladora de 807,94 euros.

En 2026, las cuantías del Ingreso Mínimo Vital alcanzan los 1.613,92 euros mensuales en las unidades de convivencia de mayor tamaño.

La Ley General de la Seguridad Social establece una escala por tramos para calcular la prestación, consumiendo todos los días acumulados en los últimos seis años aunque no sumen un nuevo bloque.

El Real Decreto 240/2026 simplifica el incentivo al empleo del IMV con un sistema de exención progresiva que permite a los beneficiarios ganar hasta 6.000 euros más al año sin perder un euro de la ayuda.

El TSJ consideró que el fallo fue de la administración y aplica la doctrina europea que protege a aquellos perceptores que actúan de buena fe.

La Justicia entiende que existía incompatibilidad parcial entre ambas ayudas y que el beneficiario autorizó la compensación con los atrasos del Ingreso Mínimo Vital.

Aunque la edad legal suba, es posible jubilarse a los 65 años si se cumplen los requisitos de cotización, según el experto.

La letrada detalla los plazos exactos según el tipo de trámite: 90 días para la jubilación contributiva, 135 para la incapacidad permanente y hasta 180 si hay un convenio internacional de por medio, y recuerda que todos se cuentan en días hábiles

La Seguridad Social ha cometido el error, por lo que al no existir mala fe, no tendrá que devolver nada, según concluye la Justicia.

La justicia explica que ya cobraba una pensión de orfandad, por lo que no podía volver a percibir la prestación por hijo a cargo con discapacidad.

La Seguridad Social concede esta prestación a nietos, hermanos, hijos, padres y abuelos que hubieran convivido y dependido económicamente del fallecido.

La cuantía de esta pensión es, con carácter general, el 20% de la base reguladora, aunque en 2026 las mínimas quedan fijadas entre 286,50 y 691,70 euros al mes, según el caso.

La Seguridad Social cruzó los datos del padrón municipal y comprobó que en el domicilio vivían cinco personas y no las dos que el beneficiario había declarado en su solicitud de la prestación.

La reforma que entró en vigor el 1 de noviembre de 2024 suprimió expresamente esa posibilidad, aunque existe una excepción para quienes hayan vuelto a trabajar después de obtener la pensión.

La ley permite compatibilizar esta ayuda con el empleo, aunque exige respetar los requisitos económicos.

El Ministerio de Inclusión ha sacado a audiencia pública un proyecto de real decreto para que esos periodos cuenten en la jubilación.

Un estudio detecta esperas de hasta un mes para solicitar la pensión o tramitar el desempleo y ausencia total de citas en varias capitales.

Cobrar el subsidio por insuficiencia de cotización implica consumir los meses trabajados a efectos del SEPE, es decir, se pierden para solicitar un futuro paro, pero la Seguridad Social los mantiene intactos para la jubilación.

La prestación alcanza los 810.928 hogares en febrero y beneficia ya a 2,47 millones de personas, con una cuantía media de 545,1 euros por hogar y una nómina mensual que supera los 472,2 millones de euros.

La prestación por desempleo generada antes de la pensión se extingue por provenir de las mismas cotizaciones, aunque se puede generar un nuevo derecho con otro empleo compatible.

La Agencia Tributaria ampliará la información fiscal que facilita al INSS para gestionar prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital o las pensiones.

El SEPE ingresa tanto la prestación contributiva "el paro" como los subsidios por desempleo a partir del martes 10 de marzo de 2026. Estas son las fechas según la entidad bancaria.

El Servicio Público de Empleo Estatal concede este subsidio a personas desempleadas que no tienen derecho a paro. La cuantía inicial son 570 euros y su duración puede llegar hasta los 21 meses.

Con dos años cotizados se tendrá derecho a 8 meses de paro, 240 días. La cuantía a cobrar será el 70% de la base reguladora durante los 6 meses y del 60% hasta el agotamiento de la prestación.

Aunque la norma general mantiene la sobrecotización del 125% de la base mínima, al compatibilizar la ayuda con un trabajo mediante el actual sistema de incentivos, el organismo ajusta su aportación para evitar duplicidades con la cuota que ya paga la empresa.

La edad del beneficiario y el grado de parentesco marcan la diferencia ante la Agencia Tributaria.

Aunque el plazo máximo de la incapacidad temporal es de 545 días, si no hay resolución expresa, se mantiene la protección económica mientras se espera la llamada del Equipo de Valoración de Incapacidades.

La organización valora positivamente la cuota cero por enfermedad grave para este colectivo, entre otras medidas.

Los jóvenes de entre 23 y 29 años podrán solicitar la prestación de 733,60 euros si cumplen con los requisitos de la Seguridad Social.

La prestación alcanza los 798.312 hogares tras revalorizarse un 11,4% este enero y ya beneficia a 2,44 millones de personas con un presupuesto mensual de 457,7 millones de euros.

El Tribunal señala que la entrada de dinero en efectivo en la unidad familiar obliga a la extinción del subsidio, y no a la suspensión temporal.

El SEPE ingresa tanto la prestación contributiva “el paro” como los subsidios por desempleo a partir del martes 10 de febrero de 2026. Estas son las fechas según la entidad bancaria.

El SEPE exige que los desempleados cuenten con al menos seis años cotizados por desempleo, que no es lo mismo que las cotizaciones a la Seguridad Social.

Qué son, cómo se computan los días cotizados y cómo te afectan en la jubilación, el paro y las bajas.

Además de las pensiones y el Ingreso Mínimo Vital, la Seguridad Social cuenta con un listado completo de prestaciones, tanto contributivas como no contributivas, a las que se puede acceder siempre que se cumplan con los requisitos.

La disposición adicional séptima de la Ley del Ingreso Mínimo Vital explica que para reducir la brecha de oportunidades, el cobro de esta ayuda permite el acceso a estudios superiores y trámites del Documento Nacional de Identidad sin coste alguno para las familias vulnerables.

El Tribunal ha desestimado el recurso del trabajador, avalando que el beneficio fiscal sea exclusivo para mujeres con el objetivo de compensar su desventaja histórica en el mercado laboral.

La incapacidad temporal seguirá protegiendo al trabajador, pero se restarán del paro los días de baja.

La dificultad para acreditar causas económicas y el endurecimiento de los criterios técnicos sitúan la tasa de rechazo en máximos históricos.

Al alcanzar los 365 días de incapacidad temporal, el INSS asume la competencia exclusiva sobre el proceso médico y suelen expirar las mejoras voluntarias que garantizaban el 100% del sueldo.

La Sede Electrónica del SEPE permite consultar los días de paro pendientes y la cuantía a cobrar identificándose con certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve.

Pese a que el error administrativo fue imputable a la Seguridad Social, que tenía los datos y tardó casi 20 años en detectar la incompatibilidad, el Tribunal dictamina que la familia debe asumir los cuatro últimos años.

El Alto Tribunal aclara que las uniones de hecho no pueden equipararse al matrimonio para perjudicar al ciudadano en el cálculo de rentas del subsidio por desempleo ya que “la interpretación literal de la ley protege al beneficiario frente a las exigencias de devolución de la Administración”.