Las organizaciones de empleados públicos temporales han registrado en el Congreso de los Diputados el documento “Líneas Rojas Innegociables”, dirigido al Grupo Parlamentario Socialista, donde han recogido las condiciones mínimas que, a su juicio, debe cumplir cualquier reforma legislativa destinada a resolver el abuso de temporalidad en el sector público español.
Este movimiento se produce en un momento clave, después de que, en abril, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) volviese a dictaminar que las medidas utilizadas en España para sancionar el abuso de la contratación temporal en las Administraciones públicas, como la figura del trabajador indefinido no fijo o la indemnización tasada, no cumplen con el Derecho de la Unión.
Tras esta nueva sentencia, desde el despacho Araúz de Robles, aclaran que, de cara a una respuesta legislativa, el problema ya no puede abordarse como una cuestión de oportunidad política, sino como una obligación jurídica derivada del Derecho de la Unión Europea.
“El legislador español no tiene margen para aprobar una solución meramente formal o parcial. La sentencia Obadal exige medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias, capaces de sancionar el abuso cometido y de eliminar sus consecuencias. Cualquier norma que deje fuera a colectivos afectados, que mantenga la precariedad o que se limite a indemnizaciones tasadas volvería a situar a España en un escenario de incumplimiento”, ha señalado el abogado Javier Araúz en un comunicado.
La sentencia del TJUE sobre la temporalidad en España
En su sentencia de abril, el TJUE señaló que las soluciones aplicadas hasta ahora en España son insuficientes para cumplir la Directiva 1999/70/CE. En concreto, cuestionó la figura del indefinido no fijo, las indemnizaciones tasadas, los procesos selectivos o de estabilización y el régimen de responsabilidad previsto por la Ley 20/2021, entendiendo que estas medidas no permiten sancionar debidamente el abuso ni reparar sus efectos.
Para Araúz, este pronunciamiento obliga a revisar de forma integral la situación de los interinos, personal estatutario y personal laboral temporal que, durante años, han ocupado plazas estructurales en la sanidad, la educación, la justicia y la administración general.
Las ‘líneas rojas’ del documento
El documento registrado por las organizaciones busca fijar los mínimos que debería respetar una futura norma para no reproducir los errores ya señalados por el TJUE. Entre ellos, han señalado la inclusión de todos los colectivos afectados, la reparación real de quienes han sufrido el abuso, la adopción de una sanción efectiva frente a las Administraciones incumplidoras y la garantía de que “la temporalidad abusiva no vuelva a convertirse en una práctica estructural”.
Hay que tener en cuenta que, también en abril, la Comisión Europea abrió un dictamen motivado contra España, paso previo a un posible recurso ante el TJUE, al considerar que el ordenamiento español sigue sin ofrecer una respuesta adecuada al abuso de temporalidad en el sector público. Es importante porque España tiene hasta el próximo 29 de junio para resolver esta cuestión, lo que pone en riesgo más de 625 millones de euros de fondos europeos.
En este contexto, Araúz explica que corresponde a las Cortes Generales, a iniciativa del Gobierno, aprobar la solución legislativa, pero advierte de que esa solución debe ajustarse a los parámetros fijados por Europa.
“El Parlamento es quien debe legislar, pero debe hacerlo dentro del marco jurídico europeo. La sentencia Obadal no permite volver al punto de partida ni aprobar una solución que nazca ya como insuficiente. Lo que está en juego es la tutela efectiva de los derechos de miles de empleados públicos, la credibilidad del Estado español en el cumplimiento del Derecho de la Unión y también el riesgo de pérdida de 625 millones de euros de fondos comunitarios, además de una eventual sanción económica de la Comisión Europea que terminaríamos pagando todos los españoles”, ha apuntado, reiterando que es una “obligación jurídica, social, moral y democrática”.
