Derecho laboral - Página 4

Trabajaba como recepcionista en una clínica privada, situada en el mismo inmueble que la vivienda particular, y reconoció incluso los hechos.

La empresa alegó que la incapacidad permanente fue por enfermedad común y no por la caída que sufrió trabajando.

El trabajador únicamente debe recuperar el tiempo que excede de su jornada anual prorrateada, lo que para la Audiencia Nacional no es una práctica discriminatoria.

La empleada había conseguido un ascenso pero seis meses más tarde la despidieron sin avisar con antelación y sin motivos justificados.

Enumerar en la nómina los conceptos sin detallar cómo se calcula cada importe ya no basta para cumplir la ley.

Mientras que CCOO y UGT han presentado su propuesta de reforma, pidiendo que se tramita en el Congreso, la patronal ha aprovechado para manifestar su “malestar” por todas las medidas que se están planteando “sin diálogo social”.

El trabajador cobraba 93.393,98 euros de salario y se acogió de manera voluntaria al despido colectivo de la empresa.

La empresa despidió a otros cuatro trabajadores con antigüedades similares.

Los Estados miembros, como España, tenían hasta el 9 de abril para transponer la directiva.

Denuncia el 'victimismo' de algunos empresarios a los que les incomoda perder su ventaja cuando los trabajadores conocen sus derechos y los reclaman.

El acuerdo reduce progresivamente la jornada anual, mejora los descansos y eleva salarios y compensaciones hasta 2028.

Aunque la empresa tenía motivos razonables para perder la confianza en la gerente, el despido es improcedente porque tardaron un año en sancionarla y las faltas habían prescrito.

Fumar no se considera una necesidad fisiológica y pueden obligar a fichar estas salidas así como exigir que se recuperen.

Trabajaba como dependienta en un bazar y la empresa ni siquiera se presentó al acto de conciliación ni al primer juicio.

La entidad bancaria cometió un error de forma en el procedimiento, aunque la justicia todavía tiene que determinar si el despido es procedente o improcedente.

En España, el derecho a un permiso retribuido por hospitalización o enfermedad grave de parientes y convivientes está regulado en el artículo 37.3.b del Estatuto de los Trabajadores.

El 99% de los convenios reducen la jornada máxima legal anual, lo que en la práctica significa que la jornada semanal exigida a muchos empleados suele rondar las 38 horas y media y no las 40 habituales.

La justicia considera que se trataba de una relación laboral encubierta y carecía de independencia. Por ejemplo, no podía fijar sus precios y tenía que coordinar las vacaciones con la empresa.

En este caso, enviar el insulto por error al chat corporativo no es motivo suficiente para la máxima sanción laboral, ya que no existía la voluntad de “injuriar”.

El abogado distingue entre la indemnización, que no siempre se cobra, y el finiquito, que la empresa debe abonar en todo caso con el salario pendiente, las vacaciones no disfrutadas y las pagas extras.

La justicia declara el despido improcedente, pero no nulo, porque la empresa se basó en hechos reales constatados por un detective privado, si bien eran insuficientes para justificar el cese.

El trabajo nocturno está regulado en el artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores, que fija qué horario se considera nocturno, qué límites tiene esta jornada y cuándo debe existir una retribución específica.

El Estatuto de los Trabajadores regula la compensación por defecto de la jornada adicional.

La justicia avala la sanción, que supuso una pérdida de 1.739,28 euros para el empleado, cobrando especial importancia que el almacén opera como depósito aduanero bajo el estricto control de la Agencia Tributaria.

El máximo órgano judicial de la ONU confirma que la huelga está protegida por el Convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical.

Aunque existían pagos fraccionados y una deuda de 365 euros, solo en 4 ocasiones el retraso fue superior a los 15 días, considerando el incumplimiento insuficiente para la extinción indemnizada.

Aprecia que existe afectación general aunque la cuantía individual de cada trabajador no alcance el umbral legal

La Justicia considera acreditado el intento de fraude al comprobar que el trabajador introdujo referencias más baratas que las botellas que llevaba en el carro de la compra.

La ley no obliga a las empresas a abonar una segunda nómina en verano. El prorrateo y los convenios específicos son las razones legales por las que muchos empleados no verán ese ingreso adicional.

El Estatuto de los Trabajadores blinda el derecho a la formación: si llevas más de doce meses en tu empresa, dispones de tiempo retribuido para mejorar tus competencias profesionales sin perder salario.

La empresa comprobó que el empleado mandaba localización de un punto cuando en realidad estaba en otro.

Complementos o trienios son algunos de los conceptos que aparecen recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Da la razón a UGT y obliga a la compañía a pagar 1.000 euros por temeridad.

La sentencia reconoce el derecho de los trabajadores del sector a disfrutar de un día adicional de descanso cuando un festivo nacional, autonómico o local se solape con su día de libranza.

La empleada también había informado de que, de seguir con las mismas náuseas, debían de ingresarla en el hospital.

El secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, ha reclamado que se investiguen las causas que derivan en incapacidad temporal, que vincula con el deterioro de la Sanidad.

El Tribunal Supremo ha rebajado la multa de 10.001 euros impuesta por la Inspección de Trabajo, que consideró los hechos como “muy graves”.

La justicia determina que estas actividades no afectaban negativamente a su lesión ni retrasaban su recuperación, por lo que no hubo transgresión de la buena fe contractual.

La Seguridad Social había reclamado 1.760 euros al considerar que la búsqueda de empleo estando de baja médica era una actividad no autorizada.

No le comunicaron su despido y se enteró de que ya no seguía prestando servicios en el hospital por el mensaje de baja de la Seguridad Social.

El empresario tendrá que pagar más de 25.000 euros en concepto de indemnización por despido improcedente, salarios de tramitación y vacaciones pendientes.

Un hombre de 59 años se quedó en paro después de 36 años en la misma empresa que le acusó de tener una segunda actividad pero no aportó pruebas.

El TREBEP recoge una disposición adicional en la que explica que cada administración podrá establecer hasta un máximo de 4 días adicionales de vacaciones.

En ocasiones, el trabajador despedido pagaba en efectivo a los clientes pero no registraba la operación de modo que se podía quedar con esos productos o parte del dinero.

Se debe revisar la política interna de la empresa y analizar la costumbre, por si es una actividad que la compañía viene aceptando sin sanción.

El Alto Tribunal aclara que las empresas no pueden obligar a iniciar este derecho el día exacto del accidente o ingreso hospitalario, ya que esto devalúa su verdadera finalidad.

Registró más de seis meses de inactividad total, no comunicó formalmente la imposibilidad de realizar el informe y no pidió que el expediente se reasignase.

La trabajadora contaba con más de veinte años de servicio en Burdeos y manifiesta que se siente “despreciada” ya que la despidieron tras un incidente con una entrega.

La empresa presentó como prueba las grabaciones de la cámara de vigilancia y el recuento de la caja para avalar el despido disciplinario.

La norma establece límites temporales para los interinos obligando a las administraciones a cubrir las vacantes con funcionarios de carrera en un máximo de 3 años.

Aunque las causas eran válidas, la justicia reconoce la improcedencia porque la diferencia con la indemnización que le correspondía era casi de un 25%, considerando que no era un mero “error de cuenta”.

Tras tres requerimientos sin éxito, la empresa acudió a la vía judicial y la justicia ha condenado al empleado a devolver el material o abonar 25.556,38 euros de compensación.

Considera que el fallo es “provisional” y cree que el TJUE volverá a corregir a España, aunque valora que por primera vez se reconozcan indemnizaciones para todos los empleados públicos en abuso de temporalidad.

Este permiso por "fuerza mayor" permite ausentarse del puesto de forma inmediata ante accidentes o enfermedades repentinas de convivientes sin perder ni un euro del salario.

La mujer había tenido discrepancias con su supervisora en el pasado, y aseguró que esta la acosaba e intimidaba “para que se fuera por su edad”.

Apenas unos días antes, fue sancionado por el mismo motivo, alegando la misma excusa de que acudió a la feria para “recoger las llaves del coche”.

Las trabajadoras participaron en una pelea física violenta que acabó con el despido disciplinario de ambas, si bien solo la que sufrió el corte decidió impugnarlo.

El tribunal concluye que la empresa no actuó de forma discriminatoria, sino que la trabajadora no alcanzó los objetivos necesarios para cobrar el incentivo.

El nuevo convenio promete un incremento salarial a los trabajadores de Iryo de cara a los próximos 2 años.

El jefe le reprochó que su baja les costaba dinero, perjudicaba a los demás y era una falta de respecto, lo que para la justicia supone un incumplimiento grave, al atentar contra la dignidad del trabajador.