La prima anual por objetivos se puede reducir proporcionalmente a los días efectivamente trabajados, pero no se puede excluir los períodos de baja a la hora de acceder a la misma.
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La compensación no se considera prescrita porque la compañía no demostró que hubiera actuado con diligencia para incitar al trabajador a disfrutar de sus vacaciones de forma efectiva.
El Tribunal Supremo explica que cobrar una prestación por incapacidad temporal debe contar como equivalente a la actividad laboral a efectos de renovar la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena.
Un juzgado de Almería declara improcedente la extinción al entender que la empresa puso fin a la relación laboral sin causa ni forma legal.
No es necesario acreditar perjuicios económicos y se aplica no solo al sueldo base, sino también a los complementos.
El tribunal consideró que había indicios de discriminación por razón de enfermedad y la empresa no justificó las causas reales del despido.
El laboralista recuerda que el Tribunal Supremo avaló en 2023 el derecho de las empresas a fichar las pausas para fumar y descontarlas de la jornada, y explica por qué ese hábito no tiene la misma protección legal que ir al baño.
Tuvo que demandar hasta dos veces a la entidad bancaria para conseguir su reingreso, consiguiéndolo en el segundo procedimiento judicial.
Tanto la empresa como el trabajador pueden solicitar en cualquier momento que el contrato se formalice por escrito, siendo obligatorio cumplir con dicha petición.
El Alto Tribunal confirma que este derecho estuvo vigente durante años con el convenio provincial y ahora no puede ser eliminado.
El Estatuto de los Trabajadores reconoce este derecho a quienes lleven al menos un año en la empresa. Si la compañía no lo respeta, puede enfrentarse a multas de hasta 7.500 euros.
El Alto Tribunal confirma que los empleados cedidos por una empresa de trabajo temporal tienen derecho a la misma indemnización por incapacidad permanente que los de plantilla directa de la empresa donde prestaban sus servicios.
Cobrar una prestación por incapacidad temporal es equivalente a realizar actividad laboral a efectos de renovar la autorización, porque durante ese periodo la relación laboral no se extingue, sino que queda suspendida.
El tribunal aclara que, en los contratos fijos discontinuos a tiempo parcial, la baja por accidente laboral no se calcula con lo cotizado en una sola jornada, sino con las bases de cotización de los meses anteriores.
El Alto Tribunal explica que el descanso semanal no puede absorber el descanso diario y que ambos deben sumarse, de forma que si el convenio reconoce 48 horas semanales y 12 horas entre jornadas, el mínimo exigible pasa a ser de 60 horas consecutivas.
El abogado recuerda que el artículo 12.4 del Estatuto de los Trabajadores prohíbe expresamente reducir la jornada completa a tiempo parcial sin el consentimiento libre del trabajador, y explica por qué una firma descuidada puede costar caro
La Justicia le impone una indemnización por daños patrimoniales y de imagen tras certificar que el sanitario abandonaba la asistencia a domicilio para gestionar un negocio propio.
El abogado explica en un reel que un justificante de asistencia médica con recomendación de reposo basta para cubrir hasta tres días de ausencia sin que la empresa pueda considerarlos falta injustificada ni usarlos para abrir un expediente disciplinario
Las horas extra que hayan sido compensadas con descansos serán descontadas.
La justicia recuerda que ese beneficio era personal y que la normativa interna prohibía expresamente emitir la factura a nombre de terceros.
La indemnización por extinción del contrato indefinido no fijo por cobertura reglamentaria de la plaza es de 20 días de salario por año trabajado.
Fue readmitida tras un primer despido nulo y, para la Justicia, el segundo cese, basado en la supuesta desaparición de bidones de pintura y en varios insultos, no quedó acreditado y vulneró su garantía de indemnidad.
Si los trabajadores temporales realizan las mismas funciones y están incluidos en el ámbito del mismo convenio colectivo, no se les puede pagar un salario inferior por haber sido contratados dentro de un programa público de empleo, ya que eso sería contrario al principio de igualdad.
La nueva norma de la UE quiere acabar con las desigualdades salariales entre empleados que realizan el mismo trabajo.
El sindicato defiende que su carácter privado genera un conflicto de intereses en la gestión de la incapacidad temporal
El artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores permite el despido disciplinario cuando existe un “incumplimiento grave y culpable” y, en estos casos, los tribunales analizan si la actividad realizada durante la baja vulnera la buena fe contractual o perjudica la recuperación.
Pidió disfrutar 148 días de vacaciones acumuladas y, para la Justicia, esas circunstancias junto con su baja por enfermedad profesional, muestran que la empresa no acreditó una dimisión clara y que el despido fue nulo.
La justicia considera que no es posible mantener contacto íntimos en el lugar de trabajo y menos todavía durante la jornada laboral.
El laboralista identifica tres señales que preceden habitualmente a un despido: el traslado a un centro con peores resultados, la vigilancia repentina de cada error y las amonestaciones escritas que parecen inocuas pero construyen el expediente disciplinario.
La empresa no pudo demostrar las faltas que le imputaban en la carta de despido y la justicia establece que actuaron como represalia por haber reclamado el primer despido y haber denunciado a la Inspección de Trabajo.
La empleada, que contaba con una adaptación del puesto por motivos médicos, defendió que Mercadona le seguía asignando funciones en zonas frías pese a que debía evitar ese tipo de ambientes por prescripción facultativa.
El Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a cobrar sin compensar ese tiempo cuando la falta de actividad es responsabilidad de la empresa.
El abogado explica que lo que diga el convenio es irrelevante si durante la pausa el trabajador no puede desconectar.
El balcón es parte integrante de la vivienda y, por tanto, un ámbito reservado para la vida personal al que no se puede acceder sin consentimiento o resolución judicial.
Como parte del tratamiento, tomaba ansiolíticos y antidepresivos, incompatibles con la ingesta de alcohol.
La Sala de lo Social confirma el caso de una trabajadora de Papa John’s que dejó de acudir a su puesto tras unas vacaciones y no respondió a los requerimientos de la empresa. La resolución, explica en que la dimisión no siempre exige una renuncia escrita.
La medida permitirá a los afectados acceder a pensiones más elevadas de incapacidad, viudedad y orfandad.
Yolanda Díaz quiere que las empresas ofrezcan reconocimientos médicos para comprobar el estado de salud de sus trabajadores al incorporarse, aunque en la mayoría de los casos la plantilla podrá negarse a realizarlos.
El trabajador, que estaba de baja por depresión y cuidando de su madre enferma, defendió que no actuó con mala fe, pero aun así la Justicia concluye que conocía su obligación de volver al puesto y confirma el despido disciplinario.
El artículo 34.4 del Estatuto de los Trabajadores detalla que las pausas deben ser retribuidas si no hay una desconexión real del trabajador.
La justicia considera que la desobediencia y faltas al trabajo sin justificar de la trabajadora acreditaban el despido, aunque hubiera estado de baja.
La Justicia descarta la nulidad por discriminación, pero mantiene que la empresa deberá readmitirlo o abonarle una indemnización de 84.492 euros.
Para que una empresa pueda descontar deudas salariales unilateralmente, la deuda debe ser incontrovertida. Esto es, que no exista controversia por ninguna de las partes.
El tribunal considera que la apropiación de stock destinado a donaciones rompe la confianza laboral a pesar de tener 13 años de antigüedad.
Se reconoce la improcedencia porque la cadena de supermercados debería haber sancionado las faltas con el despido disciplinario, no entender que era una dimisión tácita.
El experto en derecho laboral explica en qué consiste la tolerancia empresarial y por qué un cese repentino por este motivo justificaría una indemnización.
El Alto Tribunal desestima el recurso de la Seguridad Social y confirma que estos años deben figurar de forma clara en el historial del trabajador para evitar "lagunas" en su carrera.
La conducta supone una transgresión de la buena fe contractual y abuso de la confianza que prevalece sobre su protección por estar embarazada.
Para el TSJ de Madrid, superó los límites del derecho a la libertad de expresión, tratándose de una conducta con la intención de insultar, menospreciar y difamar.
Existía una conversación de WhatsApp que evidenciaba la simulación del despido, preguntando la empleada si ya le habían “arreglado los papeles”. La justicia acabó enviando el caso a la Inspección de Trabajo.
El TSJ de Canarias considera que vulneraron su derecho a la intimidad y protección de datos, ya que podían haber usado datos anonimizados o comparaciones salariales genéricas sin identificarla.
De acuerdo con la experta, el fraude surge al usar el periodo de prueba para despedir gratis a empleados que ya conocen su puesto, convirtiendo un contrato estable en uno temporal e ilegal.
Se había producido una sucesión de empresas y el Tribunal Supremo determina que el pacto de periodo de prueba es nulo cuando el trabajador ya ha desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa.
Esta normativa se encuentra en el artículo 36.1 del Estatuto de los Trabajadores. El incumplimiento de ello supondrá multas de hasta 7.500 euros.
La Audiencia Nacional explica que los funcionarios sí pueden reclamar responsabilidad patrimonial por accidentes laborales cuando el sistema de protección no cubre todos los daños.
A través de una auditoria, descubrieron que en casi un año realizó 22 retiradas de efectivo por valor de 2.672,48 euros, fuera de su horario laboral.
La justicia determina que los años de servicios constituían una relación laboral encubierta y no mercantil. Entre los indicios, tenía un sueldo fijo al margen de sus resultados.
El trabajador conocía perfectamente la normativa de la empresa y le habían comunicado previamente en dos ocasiones sobre la misma.
De acuerdo al experto, esta es una de las trampas habituales que se utilizan para despedir sin indemnización.
El tribunal obliga a la empresa a readmitirle o indemnizarle con 1.435 euros porque solo le dio un plazo de 24 horas para defenderse, vulnerando la normativa internacional.
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