Fue readmitida tras un primer despido nulo y, para la Justicia, el segundo cese, basado en la supuesta desaparición de bidones de pintura y en varios insultos, no quedó acreditado y vulneró su garantía de indemnidad.
Si los trabajadores temporales realizan las mismas funciones y están incluidos en el ámbito del mismo convenio colectivo, no se les puede pagar un salario inferior por haber sido contratados dentro de un programa público de empleo, ya que eso sería contrario al principio de igualdad.
El artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores permite el despido disciplinario cuando existe un “incumplimiento grave y culpable” y, en estos casos, los tribunales analizan si la actividad realizada durante la baja vulnera la buena fe contractual o perjudica la recuperación.
Pidió disfrutar 148 días de vacaciones acumuladas y, para la Justicia, esas circunstancias junto con su baja por enfermedad profesional, muestran que la empresa no acreditó una dimisión clara y que el despido fue nulo.
El laboralista identifica tres señales que preceden habitualmente a un despido: el traslado a un centro con peores resultados, la vigilancia repentina de cada error y las amonestaciones escritas que parecen inocuas pero construyen el expediente disciplinario.
La empresa no pudo demostrar las faltas que le imputaban en la carta de despido y la justicia establece que actuaron como represalia por haber reclamado el primer despido y haber denunciado a la Inspección de Trabajo.
La empleada, que contaba con una adaptación del puesto por motivos médicos, defendió que Mercadona le seguía asignando funciones en zonas frías pese a que debía evitar ese tipo de ambientes por prescripción facultativa.
El balcón es parte integrante de la vivienda y, por tanto, un ámbito reservado para la vida personal al que no se puede acceder sin consentimiento o resolución judicial.
La Sala de lo Social confirma el caso de una trabajadora de Papa John’s que dejó de acudir a su puesto tras unas vacaciones y no respondió a los requerimientos de la empresa. La resolución, explica en que la dimisión no siempre exige una renuncia escrita.
Yolanda Díaz quiere que las empresas ofrezcan reconocimientos médicos para comprobar el estado de salud de sus trabajadores al incorporarse, aunque en la mayoría de los casos la plantilla podrá negarse a realizarlos.
El trabajador, que estaba de baja por depresión y cuidando de su madre enferma, defendió que no actuó con mala fe, pero aun así la Justicia concluye que conocía su obligación de volver al puesto y confirma el despido disciplinario.
Para que una empresa pueda descontar deudas salariales unilateralmente, la deuda debe ser incontrovertida. Esto es, que no exista controversia por ninguna de las partes.
Se reconoce la improcedencia porque la cadena de supermercados debería haber sancionado las faltas con el despido disciplinario, no entender que era una dimisión tácita.
El experto en derecho laboral explica en qué consiste la tolerancia empresarial y por qué un cese repentino por este motivo justificaría una indemnización.
El Alto Tribunal desestima el recurso de la Seguridad Social y confirma que estos años deben figurar de forma clara en el historial del trabajador para evitar "lagunas" en su carrera.
Para el TSJ de Madrid, superó los límites del derecho a la libertad de expresión, tratándose de una conducta con la intención de insultar, menospreciar y difamar.
Existía una conversación de WhatsApp que evidenciaba la simulación del despido, preguntando la empleada si ya le habían “arreglado los papeles”. La justicia acabó enviando el caso a la Inspección de Trabajo.
El TSJ de Canarias considera que vulneraron su derecho a la intimidad y protección de datos, ya que podían haber usado datos anonimizados o comparaciones salariales genéricas sin identificarla.
De acuerdo con la experta, el fraude surge al usar el periodo de prueba para despedir gratis a empleados que ya conocen su puesto, convirtiendo un contrato estable en uno temporal e ilegal.
Se había producido una sucesión de empresas y el Tribunal Supremo determina que el pacto de periodo de prueba es nulo cuando el trabajador ya ha desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa.
La Audiencia Nacional explica que los funcionarios sí pueden reclamar responsabilidad patrimonial por accidentes laborales cuando el sistema de protección no cubre todos los daños.
La justicia determina que los años de servicios constituían una relación laboral encubierta y no mercantil. Entre los indicios, tenía un sueldo fijo al margen de sus resultados.
El tribunal obliga a la empresa a readmitirle o indemnizarle con 1.435 euros porque solo le dio un plazo de 24 horas para defenderse, vulnerando la normativa internacional.
El Alto Tribunal unifica doctrina y aclara que no existe discriminación, ya que la prestación de la madre biológica protege su recuperación física, un supuesto que no se da en el otro progenitor.
La justicia considera que el cese es conforme a derecho porque su plaza había sido cubierta reglamentariamente en un proceso de estabilización, pero sí condenó al Ayuntamiento a pagarle una indemnización de 32.630,40 euros.
El Estatuto de los Trabajadores permite pedir la extinción del contrato cuando hay “retrasos continuados” o “falta de pago” del salario. La clave es que no sea una dimisión y se acredita con “la fecha de entrada de los cobros en el banco”.
Los trabajadores, salvo mínimas excepciones, tienen garantizado un descanso mínimo entre jornadas de 12 horas. En caso contrario, la empresa puede enfrentarse a una multa de hasta 7.500 euros.
Indemnización de 7.500 euros por exigir a una empleada registrar su jornada mediante reconocimiento facial y derecho a romper el contrato con otra indemnización adicinal. Más de 50.000 euros en total.
La norma establece la obligación a compensar los gastos de los becarios (como los de desplazamiento), limita las prácticas así como el porcentaje que pueden ocupar dentro de la plantilla. Con sanciones de hasta 225.000 euros.
Asimismo, la justicia le ha reconocido una segunda indemnización de 7.501 euros por vulneración de su derecho a la propia imagen y la protección de sus datos personales.
El abogado recuerda que, si la empresa cambia las fechas a última hora, la vía segura no es “irte igual”, sino acudir al procedimiento urgente de vacaciones ante el juzgado de lo social.
Le soltó expresiones vejatorias como “piensa ahora lo que te vas a ahorrar en tintes”, fundamentando la empresa el despido por transgresión de la buena fe y maltrato verbal hacia los compañeros.
El trabajador alegó que la empresa debía citarle para un reconocimiento médico previo, pero el tribunal sentencia que la obligación de volver al puesto es del empleado.