El Ministerio de Trabajo ha reiterado hoy su compromiso con los sindicatos de trabajar en un texto articulado para reformar el despido en España. Una reforma que no cuenta con el apoyo de CEOE, quien incluso llegó a abandonar la mesa de negociación en octubre del año pasado, si bien hoy sí han acudido. El objetivo del Gobierno, así como de CCOO y UGT, es que la propuesta pueda tramitarse en el Congreso para impulsar así el debate político y parlamentario.
Así lo ha asegurado este viernes el el secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, tras la reunión que han mantenido ambos sindicatos con el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. En la misma, las organizaciones sindicales han trasladado su propuesta formal para reformar el despido en España.
Según ha explicado Pacheco, la propuesta busca dar cumplimiento a las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), reforzando el carácter “suficiente y reparador” de las indemnizaciones por despido improcedente, así como garantizar los salarios de tramitación y el derecho de readmisión para los trabajadores despedidos sin causa objetiva.
Del mismo modo, CCOO y UGT han defendido la necesidad de fortalecer las causas que motivan el despido y establecer preavisos suficientes para proteger los derechos de los trabajadores. Estas medidas, según han indicado, están alineadas con la doctrina jurídica que se viene consolidando en los conflictos relacionados con el despido en España, así como con las recomendaciones y tratados internacionales que comprometen al Estado español en materia laboral.
Críticas a CEOE y recado al Gobierno
Desde CCOO, tal y como han recogido en un comunicado, también han criticado la postura de CEOE por mantener un “veto evidente” al diálogo social y por alejarse del espíritu de la reforma laboral de 2021, centrada en fomentar la estabilidad en el empleo y mejorar las condiciones laborales. En esta línea, Pacheco ha defendido que la reforma laboral “no solo ha mejorado la calidad del empleo, sino que también ha favorecido el aumento de los beneficios empresariales en los últimos años”.
También han lanzado un recado al Gobierno. Y es que colabore con las organizaciones sindicales “para alcanzar un acuerdo consensuado que impulse un modelo económico más justo y equilibrado, donde los avances en eficiencia empresarial vayan acompañados de mayor equidad social”.
La patronal reitera su rechazo
A pesar de su rechazo, CEOE sí que ha acudido a la reunión de este viernes con el Ministerio de Trabajo, si bien lo han hecho por “respeto” a los agentes sociales y para manifestar su rechazo a reformar el despido, volviéndose a respaldar en que el Tribunal Supremo les dio la razón.
Hay que recordar que, en una sentencia de julio de 2025, el Alto Tribunal español rechazó subir las indemnizaciones por despido improcedente en la vía judicial. El Supremo defendió que esto no suponía ni una vulneración del artículo 10 del Convenio 158 OIT ni del artículo 24 b.) de la Carta Social Europea revisada, en los que solo se indica que la indemnización debe ser adecuada.
En relación a este artículo 24, en el que se basaron las demandas de CCCO y UGT, el Supremo explicó que la expresión “indemnización adecuada” resulta “literalmente inconcreta” y que “no se trata de mandatos directamente aplicables, sino de declaraciones programáticas, de abierta interpretación, cuya virtualidad concreta exigiría una intervención legislativa”.
Sobre estas demandas, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) dio la razón a ambos sindicatos, condenando a España en las dos ocasiones por no ajustarse a la Carta Social Europea en lo que respecta a la indemnización por despido improcedente, que actualmente es de 33 días de salario por año trabajado con un límite de 24 mensualidades. Como existe este límite máximo, en algunos casos, se estaría impidiendo una reparación real del daño causado.
Sin embargo, el Tribunal Supremo falló que las decisiones del CEDS “no son ejecutivas, ni directamente aplicables entre particulares, ya que, a diferencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el CEDS no es un órgano jurisdiccional ni sus resoluciones son sentencias”. De ahí que la CEOE asegure que la justicia les ha dado la razón.
Además de recordar esto, la CEOE, según fuentes consultadas por Europa Press, ha aprovechado la reunión para expresar al Ministerio su “malestar” por las iniciativas sucesivas que viene planteando “sin diálogo social, socavando los acuerdos alcanzados e interfiriendo constantemente la negociación colectiva”. También han agregado que cada iniciativa del Ministerio encierra nuevas reformas laborales “de mucho calado”.
Como ejemplo, han citado la intención de Yolanda Díaz de reformar en profundidad el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, en el que se regula la subcontratación de obras y servicios. Según la patronal, este artículo fue “uno de los más complejos” de acordar en la reforma laboral de 2021 “y ahora se pretende alterar íntegramente”.
