Incapacidad temporal

Los datos de la OCDE y la AIReF desmontan el mito: penalizar económicamente las bajas no reduce el absentismo.

El tribunal descarta acoso laboral y recuerda que las decisiones empresariales pueden estar justificadas si son razonables.

Borja Suárez defiende alcanzar consensos y reforzar la coordinación entre administraciones en el sistema de bajas laborales.

Aunque se agote el plazo de la incapacidad temporal de 545 días, si no hay resolución expresa, se mantiene la protección económica mientras se espera la citación del Equipo de Valoración de Incapacidades.

Los trabajadores tienen derecho a solicitar una evaluación de su puesto de trabajo y a que se realicen las adaptaciones que sean oportunas.

El Gobierno estudia que los empleados cobren menos desde el primer día de baja, mientras premiaría a quienes apenas se ausenten por enfermedad.

El secretario de Salud Laboral del sindicato manifiesta que la patronal debería estar preocupada “por las condiciones de trabajo” que pueden accidentar o enfermar a los trabajadores.

El Alto Tribunal recuerda que el plazo de 20 días hábiles para impugnar el despido arranca con la baja en la Seguridad Social, aunque el INSS todavía no haya resuelto la incapacidad permanente.

Si el empleado conoce la decisión empresarial y no actúa dentro del plazo previsto, la acción de despido caduca aunque después discuta si esa extinción fue correcta, aclara el Supremo.

La Mesa de Diálogo Social estudia también ampliar la pensión de viudedad de las parejas de hecho.

La granadina ha explicado en un programa de radio que cuenta con cuatro trabajadores de baja, de los cinco que componen la plantilla y pide soluciones.

La tendencia al alza en las bajas laborales está preocupando a los expertos que han cifrado en 18.000 millones de euros (2023) el coste para el Estado y las empresas.

El abogado laboralista Víctor Arpa explica cuál es la cuantía correcta por día de baja médica tras un accidente laboral y por qué la diferencia real supera los 15.000 euros.

La justicia determina que la verdadera motivación era el coste económico de la baja prolongada.

El coste supera los 16.000 millones de euros y el aumento de las bajas médicas abre el debate sobre incentivos y control del sistema.

El abogado explica el baremo actualizado para 2026, que llega a los 130 euros diarios si el trabajador estuvo en la UCI, y recuerda que el plazo para reclamar es de un año desde el alta o desde el reconocimiento de la incapacidad permanente.

La notificación de la resolución del INSS implica el fin de la suspensión del contrato por baja médica, exigiendo a la empleada reincorporarse o aportar partes médicos que justificasen su incapacidad de trabajar.

Hay aspectos clave como el preaviso de las citas, el alta médica o los gastos por desplazamiento que muchos trabajadores desconocen.

Alfonso Rueda enmarca la medida en un plan integral para frenar un absentismo que cuesta a la comunidad más de 2.200 millones de euros anuales, el 3% de su producto interior bruto

El trabajador amenazó con iniciar una nueva baja médica porque “estaba hasta los huevos del trabajo”. Para la justicia, supone un quebranto de la buena fe contractual.

El trabajador alegó que se había mudado a casa de su madre para cuidarla y se le acumuló el correo, así como que tenía un parte de su médico de cabecera de una revisión.

El Alto Tribunal aclara que la baja por incapacidad temporal no puede restarse del cálculo para acceder a esta ayuda.

El Tribunal Supremo explica que la incapacidad temporal también cuenta como ingreso fiscalmente computable y que no se pueden excluir del cálculo los días en los que la autónoma estuvo de baja.

La prima anual por objetivos se puede reducir proporcionalmente a los días efectivamente trabajados, pero no se puede excluir los períodos de baja a la hora de acceder a la misma.

El Tribunal Supremo explica que cobrar una prestación por incapacidad temporal debe contar como equivalente a la actividad laboral a efectos de renovar la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena.

Cobrar una prestación por incapacidad temporal es equivalente a realizar actividad laboral a efectos de renovar la autorización, porque durante ese periodo la relación laboral no se extingue, sino que queda suspendida.

El tribunal aclara que, en los contratos fijos discontinuos a tiempo parcial, la baja por accidente laboral no se calcula con lo cotizado en una sola jornada, sino con las bases de cotización de los meses anteriores.

El Alto Tribunal aclara que, en estos casos, la prestación debe fijarse con las bases de cotización del período anterior para evitar resultados que no reflejen el salario real del trabajador.

El abogado explica en un reel que un justificante de asistencia médica con recomendación de reposo basta para cubrir hasta tres días de ausencia sin que la empresa pueda considerarlos falta injustificada ni usarlos para abrir un expediente disciplinario

El sindicato defiende que su carácter privado genera un conflicto de intereses en la gestión de la incapacidad temporal

El artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores permite el despido disciplinario cuando existe un “incumplimiento grave y culpable” y, en estos casos, los tribunales analizan si la actividad realizada durante la baja vulnera la buena fe contractual o perjudica la recuperación.

El modelo sueco activa antes a la empresa, al trabajador y a la administración, mientras la AIReF alerta de que en España la incapacidad temporal ya cuesta 16.500 millones y sigue creciendo.

La empresaria canaria se mostró crítica con algunas situaciones que asegura vivir en primera persona al frente de sus negocios.

El balcón es parte integrante de la vivienda y, por tanto, un ámbito reservado para la vida personal al que no se puede acceder sin consentimiento o resolución judicial.

Como parte del tratamiento, tomaba ansiolíticos y antidepresivos, incompatibles con la ingesta de alcohol.

Un análisis europeo sitúa a España en casi cinco semanas de baja al año pese a que los tres primeros días de enfermedad común suelen quedar sin prestación.

La normativa de la LGSS establece que la incomparecencia a las convocatorias provocará la pausa provisional del pago, diferenciando claramente entre la pérdida definitiva de una baja médica y la suspensión de una pensión.

La declaración de la pandemia y del Estado de Alarma en España supuso un antes y un después en muchas personas que aún arrastran secuelas.

El Alto Tribunal aclara que la nueva aseguradora que asume la cobertura de una empresa debe hacerse cargo de pagar las prestaciones de los trabajadores que ya estaban de baja, incluso si han superado el plazo máximo legal.

Superado este límite, se abre un nuevo procedimiento y la empresa no está obligada a cotizar por ti, pero se garantiza el cobro del subsidio de incapacidad temporal a través del pago directo.

En España, las bajas laborales baten récords por problemas físicos y de salud mental. Con un coste de 33.000 millones de euros, el absentismo crece debido a procesos más largos y frecuentes, afectando especialmente a sectores con alta carga de estrés.

La ministra de Seguridad Social subraya que el fenómeno también se observa en otros países europeos.

Para el TSJ, los informes solo acreditan “limitación para tareas de muy altos requerimientos físicos” y eso no basta para declarar una incapacidad total en un trabajo cuya exigencia se sitúa en un nivel “de mediana a alta intensidad”, no “muy alta”.

La justicia finalmente ha determinado que salir al descanso no es una acción ajena al trabajo, sino que se produce “con ocasión” del mismo.

Durante 2024 se registraron casi 8,6 millones de episodios por contingencias comunes y el gasto superó los 16.400 millones de euros.

La justicia declaró el despido improcedente pero la trabajadora tuvo que acudir de nuevo a los tribunales para que la baja tras el infarto se considerara accidente laboral.

El Alto Tribunal aclara que penalizar económicamente a un trabajador por enfermar o por conciliar vulnera la ley de igualdad de trato y constituye una discriminación directa e indirecta.

Se trata del modelo de la baja laboral flexible o las altas progresivas y, durante el mismo, el trabajador combinaría su salario con la prestación de incapacidad temporal de la Seguridad Social.

No afectaría al presupuesto base que recibe cada centro sanitario, pero sí condiciona hasta un 5% los recursos económicos.

Extremadura, Galicia y Asturias tienen la duración media más alta de la incapacidad temporal.

Aunque el plazo máximo de la incapacidad temporal es de 545 días, si no hay resolución expresa, se mantiene la protección económica mientras se espera la llamada del Equipo de Valoración de Incapacidades.

El Real Decreto 625/2014 agiliza los trámites para patologías leves emitiendo ambos partes en un solo acto médico, aunque garantiza el derecho del trabajador a un reconocimiento el día del alta para extender la baja si sigue enfermo.

La empresa lo descubrió porque publicó los días de ruta con Strava y el trabajador intentó defenderse en que los médicos no le prohibieron expresamente montar en bicicleta.

El sindicato acusa al organismo fiscal de culpar a los trabajadores del aumento de la incapacidad temporal.

El cambio de contrato eleva un 30% la probabilidad de iniciar una incapacidad temporal y un 62% la ratio de días de baja sobre días trabajados, según el organismo.

Estará encargado de analizar la incapacidad temporal y contará con sindicatos, empresarios, Sanidad y comunidades autónomas.

El sindicato rechaza reformas que presenten la incapacidad temporal como un fraude y espera conocer las propuestas del Gobierno tras el informe de la AIReF.

Las empresas están obligadas a adaptar el puesto de trabajo si existen riesgos para el empleado. Lo contrario supone un incumplimiento grave de las obligaciones del empresario.

El encuentro llega después del informe de la AIReF que alerta de un aumento del 60% en la incidencia de la incapacidad temporal desde 2017.

El plan de la Airef para automatizar el control del gasto choca con la práctica clínica y el aumento de las bajas por salud mental.