El Ministerio de Trabajo, con Yolanda Díaz al frente, tiene entre manos varias reformas que, de aprobarse, supondría un incremento importante de las obligaciones laborales del tejido empresarial español. Entre ellas, destaca la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el nuevo registro horario digital y el Estatuto del Becario.
Comenzando por la ley de prevención de riesgos, el propio ministerio expresó que supone “un cambio radical” respecto al marco vigente desde 1995. La norma pretende integrar la perspectiva de género y aborda “las grandes transiciones de época”, como la transición digital y los riesgos que conlleva, también en el sector de los cuidados, y la transición climática.
Entre los cambios que supondría esta ley, que no en vano debe convalidarse en el Congreso de los Diputados (algo que se prevé difícil, ya que el Gobierno no cuenta con mayoría), se incluye la extensión de la obligación de designar un delegado de prevención a todas las empresas, con independencia de su tamaño, incluidas microempresas y autónomos.
También se introduce de forma expresa los riesgos psicosociales dentro de la prevención de riesgos laborales, de modo que las empresas deberán evaluar y prevenir factores como el estrés, la fatiga mental, las jornadas prolongadas, los ritmos de trabajo elevados o la sobrecarga laboral. En relación a esto, la desconexión digital y la organización del trabajo también serán factores de análisis obligatorio.
Por último a destacar, como explican desde Grupo 2000, la normativa prevé la creación de agentes territoriales de prevención para pequeñas empresas sin representación legal, con el objetivo de reforzar el apoyo técnico y el control preventivo. En materia formativa se exigirá una formación más práctica, periódica y adaptada a cada puesto de trabajo. Desde el citado centro de formación, avisan de que el incumplimiento de estas obligaciones podrá derivar en sanciones que, en los supuestos más graves, pueden alcanzar los 225.000 euros.
Estatuto del Becario: sanciones de hasta 225.018 euros por las infracciones más graves
El Estatuto de los Trabajadores fue aprobado en marzo en el Consejo de Ministros, dos años después de que el Ministerio de Trabajo firmara y presentara esta norma con los sindicatos (sin la patronal). Esta norma también debe ser convalidada en el Congreso de los Diputados y busca reforzar el carácter estrictamente formativo de las prácticas y evitar su utilización como sustitución de empleo estructural.
Para ello, como recuerda Grupo 2000, establece la obligatoriedad de un plan formativo individual, limita el número de personas en prácticas por empresa y por tutor, y refuerza el control de la Inspección de Trabajo. De igual manera, reconoce derechos básicos como descansos, compensación de gastos y protección frente al acoso laboral.
En paralelo, y a la espera de su aprobación definitiva, ya se ha puesto en marcha un nuevo mecanismo de control: desde el 1 de marzo de 2026 los becarios cuentan con un buzón específico que permite denunciar de forma anónima posibles irregularidades, abusos o situaciones de explotación durante el desarrollo de sus prácticas en empresas o con autónomos.
Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tiene como objetivo reforzar la detección de malas prácticas y mejorar la protección de las personas en formación. El canal permite presentar denuncias incluso por hechos ocurridos en los últimos cinco años, en función de su gravedad, y garantiza un sistema confidencial y accesible para los estudiantes en prácticas. A partir de estas comunicaciones, la Inspección de Trabajo podrá iniciar actuaciones específicas para verificar el cumplimiento de la normativa y detectar posibles casos de falsos becarios.
Las infracciones derivadas de estas situaciones pueden conllevar sanciones de entre 120.006 y 225.018 euros en el caso de que se produzcan infracciones muy graves en su grado máximo; de entre 30.001 y 120.005 euros si son muy graves en su grado medio; y de entre 7.501 y 30.000 euros en su grado mínimo.
Contrato de formación en alternancia
Ante este escenario, esta organización presenta el contrato de formación en alternancia “como la solución contractual más sólida para contratar personas jóvenes”, ya que permite a los jóvenes combinar trabajo y formación oficial, al tiempo que incorpora tres bonificaciones mensuales para las empresas: en Seguros Sociales, por formación y por tutorización.
“No es solo una alternativa para contratar, es una ventaja competitiva. El contrato de formación en alternancia permite incorporar a personas jóvenes de hasta 30 años y aplicar tres bonificaciones durante toda su vigencia”, explica Sensi Cortes, CEO de Grupo2000. Además, este modelo contempla una bonificación adicional en caso de conversión del contrato en indefinido.
En concreto, la empresa puede aplicar una bonificación de 128 euros mensuales durante tres años, o de 147 euros mensuales si la persona contratada es mujer. En términos anuales esto supone una bonificación de 1.536 euros al año por la conversión a indefinido, o 1.764 euros anuales en el caso de mujeres.
Nuevo registro horario digital
Esta norma no tiene que ser convalidada en el Congreso y, según ha anunciado esta misma semana Yolanda Díaz, se aprobará próximamente. En concreto, expresó que “está culminando sus trámites administrativos y será aprobado”, aunque no quiso dar una fecha exacta.
Esta reforma implantará un sistema de registro horario digital, objetivo y verificable en tiempo real, de forma que los trabajadores, la Inspección de Trabajo y los representantes sindicales puedan acceder a ellos y consultarlos de forma remota. Además, el nuevo modelo obligará a registrar todos los tipos de jornada, incluidas las horas ordinarias, extraordinarias, complementarias y las jornadas flexibles o parciales.
La propuesta también establece que no se podrán modificar los apuntes realizados sin el consentimiento de los trabajadores.
