En febrero de 2023, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Empleo, impulsada por el Ministerio de Trabajo. Esta reforma estructural nació con el objetivo de transformar las políticas públicas y activas de empleo, garantizando una orientación mucho más personalizada a través de servicios como el perfil individual de los usuarios y el uso de herramientas tecnológicas basadas en el análisis de evidencias estadísticas.
Uno de sus pilares era la transformación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la nueva Agencia Española de Empleo, un cambio diseñado para agilizar la inserción laboral, reducir las brechas estructurales de género, proteger a los colectivos de atención prioritaria (principalmente los jóvenes, los mayores de 45 años y las personas con discapacidad) y fortalecer la cohesión social y territorial en todo el país.
Sin embargo, años después, no se ha avanzado nada en este proyecto. A pesar de que Yolanda Díaz, tras su aprobación en el Consejo de Ministros en 2022, asegurara que la transformación se ejecutaría en un plazo de 6 meses.
Para que el nuevo modelo empiece a funcionar, el Ministerio de Trabajo tendría que aprobar un real decreto con sus nuevos estatutos. Un decreto que no ha visto la luz y que, por el momento, no figura entre los principales objetivos del departamento de Yolanda Díaz, como sí lo está la reforma del registro horario o del despido improcedente, por ejemplo.
Cómo sería la Agencia Española de Empleo
Tal y como se recoge en la Ley 3/2023 de Empleo, disponible en este Boletín Oficial del Estado (BOE), se pasaría de un organismo autónomo (como es ahora el SEPE) a una agencia estatal adscrita al Ministerio de Trabajo, encargada de la ordenación, desarrollo y seguimiento de las políticas activas de empleo y de la protección por desempleo.
Esta agencia contaría con personalidad jurídica pública, patrimonio y tesorería propios, así como plena autonomía funcional y de gestión para cumplir sus fines. Esto, en teoría, la dotaría de mayor independencia respecto a otros ministerios, como el de Hacienda.
Asimismo, se planteaba un modelo de empleo similar al de Alemania, de forma que tanto las empresas privadas como las agencias de colocación colaboradoras tuvieran que volcar obligatoriamente todas sus ofertas de empleo en la base de datos de la nueva Agencia. Esto sería obligatorio para que las empresas accediesen a los servicios garantizados en este nuevo organismo (gestión gratuita de sus ofertas, asesoramiento legal sobre contratación, o el apoyo en la captación de perfiles idóneos).
Otra novedad era la de asignar tutores personales a los desempleados para romper con la inercia de que el SEPE actúe casi en exclusiva como un gestor de prestaciones y subsidios. Todo esto, sin la aprobación del decreto con los estatutos, cae en saco roto.
Por ello, hasta el momento, los pasos del Ministerio de Trabajo para mejorar el SEPE se han centrado en actualizar sus herramientas técnicas para evitar colapsos. Entre las principales medidas se encuentra ALMA, un programa informático de gestión integral que recoge toda la interoperabilidad con otros organismos e incorpora reglas de cálculo y reconocimiento que deben ser validadas, bien a través de la verificación con los datos de otros organismos gestores, o bien manualmente por el gestor.
Se implantó en las oficinas del SEPE en noviembre de 2024, manteniendo una trazabilidad completa del proceso de forma que el gestor no tiene que estar realizando consultas previas de los datos del proceso. Sin embargo, tanto los sindicatos como la propia plantilla han venido denunciando múltiples incidencias originadas a raíz de este sistema. De hecho, a finales del año pasado, UGT llegó a denunciar que sus deficiencias han llegado a retrasar en el pago de algunas prestaciones.
