La Policía Nacional ha destapado un presunto fraude de 1.793.849 euros a la Seguridad Social en Almería, mediante un entramado de empresas que se dedicaban a la construcción, reparación y mantenimiento de invernaderos. Estas sociedades habían funcionado durante años para seguir desarrollando su actividad pese a tener importantes deudas acumuladas con la Seguridad Social.
Según informa el Ministerio del Interior a través de un comunicado, la investigación que ha desarrollado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha terminado con 9 personas detenidas como presuntas responsables de dos delitos contra la Seguridad Social y otro de frustración de la ejecución.
La forma de actuar de estas empresas era la de realizar operaciones como sociedades independientes, aunque compartieran la misma dirección efectiva, trabajadores, clientes y recursos. Los investigadores consideran que esta estructura permitía continuar con el negocio mientras se dificultaban los embargos y otras actuaciones recaudatorias.
Una empresa tenía las deudas y las otras generaban los ingresos
Según la investigación, era una de las empresas la que asumía los contratos de los trabajadores, así como las obligaciones laborales y de cotización, mientras otras del grupo emitían las facturas, recibían los pagos y movían los fondos a través de cuentas alejadas del riesgo de embargo.
En este sentido, los agentes comprobaron que la mercantil que concentraba la plantilla acumuló importantes deudas con la Seguridad Social desde el inicio de su actividad, sin solicitar aplazamientos ni atender los requerimientos patrimoniales, aunque mantuvo una actividad comercial continuada.
Al mismo tiempo, otra sociedad del grupo, prácticamente sin estructura laboral, declaró millones de euros en ventas relacionadas con la construcción de invernaderos. Para la Policía, estos hechos no correspondían con su capacidad para ejecutar los trabajos y, además, se detectaron diferencias entre la facturación que habían declarado y los movimientos bancarios y los medios disponibles en cada empresa.
Las pesquisas también apuntan a que el hecho de que se crearan nuevas empresas de forma sucesiva y que se sustituyeran unas razones sociales por otras permitía mantener la actividad sin asumir las deudas acumuladas por las mercantiles anteriores.
Trabajadores y clientes señalaron que las sociedades funcionaban como una sola empresa
Durante la investigación también se recogieron declaraciones de trabajadores, gestores administrativos, clientes y proveedores, que describieron que las empresas tenían un funcionamiento común. Y es que los empleados prestaban servicios para varias de ellas, realizando las mismas tareas y bajo las instrucciones de las mismas personas, independientemente de la sociedad en la que estuvieran dados de alta.
En cuanto a los clientes, aseguraron que siempre contrataban con las mismas personas, aunque las facturas se emitían por empresas distintas.
Los agentes detectaron además relaciones económicas y movimientos de fondos entre las diferentes sociedades, lo que mostraba indicios de que actuaban de forma coordinada.
La Policía concluye que esta estructura les permitió desarrollar la actividad durante años para mantener el negocio,, dificultando el cobro de las deudas por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Las actuaciones han sido remitidas a la autoridad judicial junto con el análisis económico, documental y testifical realizado durante la investigación.
