El impulso a la creación de empleo en los territorios donde hay más paro y es más difícil acceder a buenas oportunidades sigue siendo una prioridad sobre la mesa. Es por eso que el Consejo de Ministros ha aprobado este mismo martes, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social que dirige Yolanda Díaz, una dotación económica de 110 millones de euros destinados a subvencionar los planes integrales de empleo de las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias y Extremadura.
Para que no queden dudas sobre cómo se repartirán exactamente estos fondos canalizados a través de los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el acuerdo otorga la mayor cuantía al Plan de Empleo de Andalucía, que contará con 50 millones de euros. A este le sigue muy de cerca el plan de Canarias, dotado de 45 millones, mientras que los 15 millones de euros restantes irán a parar al plan específico de Extremadura. Tal y como ha detallado el departamento de Díaz, el objetivo central es hacer frente al desempleo estructural que históricamente sufren estas tres regiones, consolidando así la evolución positiva del mercado de trabajo que se ha registrado durante el último año.
Empleo de calidad y protección para los más vulnerables
Y es que las políticas activas aplicadas ya “están dando resultados, contribuyendo a mejorar las cifras de empleo y a reducir el paro", pero el Gobierno advierte de que este avance debe "consolidarse y profundizarse mediante una inversión continuada y estratégica en medidas que favorezcan la generación de empleo de calidad, con especial atención a los colectivos con mayores dificultades de inserción".
La idea de mejorar la calidad del empleo, según destaca el propio Ministerio, va encaminada a conseguir "alcanzar salarios justos y aumentar las oportunidades de desarrollo profesional, a la vez que el empleador mejore o consolide su posición en el mercado".
Asimismo, otro de los puntos a tener en cuenta de esta aportación económica es que también busca poner más el foco en aquellos colectivos que suelen tener mayores barreras para acceder al mercado laboral, fomentando así por otro lado la inclusión y la diversidad dentro del empleo. Dentro de esta iniciativa, resulta "prioritario” garantizar a los colectivos vulnerables “la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, con independencia de la edad, el sexo, la raza, la discapacidad o cualquier otra circunstancia de carácter personal, familiar o social".
Finalmente, estas medidas concretas se pondrán en marcha mediante la firma de un convenio directo entre el SEPE y cada una de las comunidades autónomas, con un periodo de ejecución que podrá extenderse durante todo el próximo año 2027. De forma paralela, la iniciativa también pretende aprovechar estos fondos para potenciar los sectores estratégicos, estimular la ansiada transformación digital y mejorar el funcionamiento de los propios Servicios Públicos de Empleo.
