Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) ha calificado de “bochornosa” la situación por la que está pasando España asegurando que los ciudadanos “no merecen lo que están viviendo”. El empresario ha respondido a las preguntas sobre un adelanto electoral que ya han pedido algunos socios de investidura del Gobierno en un contexto de bloqueo parlamentario y de investigaciones judiciales en las que está implicado el entorno del presidente Sánchez.
El líder de los empresarios españoles ha pedido que se apoye a los jueces porque es “fundamental” no cuestionar la independencia de los magistrados en función de si las decisiones que toman gustan o no. Ha ratificado su apoyo a las Fuerzas de Seguridad del Estado y a la “prensa libre” reconociendo el papel de los medios de comunicación a la hora de garantizar la transparencia.
Además, ha sido crítico con la gestión laboral que se está llevando a cabo desde el departamento que coordina Yolanda Díaz, a la que pide que las normas se aprueben en el Parlamento, y no mediante reglamentos ejecutivos que escapan al control legislativo.
Ha destacado que la situación actual está generando una mala imagen de España en el exterior, y que esto afecta a la confianza de empresarios y de personas interesadas en invertir en nuestro país. Por eso pide que se dé a las empresas seguridad “jurídica y estabilidad regulatoria” así como “confianza”.
No hay pactos de Estado ante cuestiones importantes
El presidente de la CEOE ha explicado que la responsabilidad de resolver la situación está en los grupos políticos, aunque no ha querido hablar de posibles alianzas parlamentarias. “Para eso están los partidos políticos, lo que yo digo es que cada uno tiene que ser responsable de sus planteamientos”.
El dirigente ha recalcado que la situación del país no es “aceptable” ni para los españoles ni para las empresas del país, instando a los políticos a”actuar con responsabilidad”. “Nos merecemos en el plano político que los responsables sean de verdad responsables y que hagan lo que tienen que hacer”.
Sin Presupuestos Generales del Estado
Una vez en el acto de la Confederación Estatal de Servicios, Garamendi se ha quejado de la falta de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) desde 2023, al tiempo que ha avisado del aumento del absentismo laboral en un 55% desde la pandemia, lo que ha generado un coste de 33.000 millones de euros anuales.
Garamendi defiende la necesidad de unos nuevos PGE para garantizar y mejorar la confianza empresarial aportando tranquilidad y también ha señalado que su la falta de presupuestos sucede en el ámbito privado, seguro que habría consecuencias. “Estaríamos todos en la calle”.
Ha recordado también los problemas que trae el aumento de la deuda pública que ha subido más de 70.000 millones de euros a nivel interanual, criticando la carga fiscal que tienen que soportar las empresas y los trabajadores, destacando la no deflactación del IRPF con un mínimo de 19.000 millones de euros “que no llega al bolsillo de los empleados”.
Brecha salarial entre el bruto y el neto
Garamendi ha denunciado también la brecha que existe entre salario bruto y neto de los trabajadores que se puede ver especialmente en las pymes. “Cuando un empleado se lleva a casa 1.800 euros a la empresa le cuesta en torno a 3.200 euros”.
Ha aprovechado para lanzar un dardo a la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, de la que ha dicho, se escuda en el PSOE cuando no se aprueban medidas legislativas “el Ejecutivo no son uno, ni dos, ni tres”.
“Es fácil salir a la prensa, coger un micrófono y decir que no, estoy de acuerdo con eso, pero realmente a mí que más me da si nunca se ha aplicado”, ha criticado especialmente en lo que tiene que ver a la indexación del SMI en los contratos públicos.
El trabajo en España cambia continuamente de legislación
Siguiendo con las críticas al Ministerio de Trabajo y Economía Social ha reclamado seguridad jurídica para las empresas ante los cambios de la norma laboral. Se queja de que se han cambiado ya 60 normas según la reforma de 2021.
“Cuando cambian las normas cada día, realmente es complicado que podamos entender el firmar o el volver a firmar algo”, ha dicho, reconociendo que la reforma laboral fue un buen ejemplo de colaboración. Insta a que las leyes laborales se aprueben en el Parlamento y no mediante reglamentos ejecutivos que eluden el control legislativo.
