La Justicia explica que, en este caso excepcional para parejas de hecho, la ley impide cobrar la viudedad si el solicitante ya tiene reconocida otra pensión contributiva de la Seguridad Social.
Pensiones - Página 4
El funcionario de la Seguridad Social analiza, con dos supuestos reales y los datos de la Orden PJC/297/2026, por qué el principio de contributividad tiene un techo: la base máxima de cotización en 2026 es de 5.101,20 euros al mes, pero la pensión máxima se queda en 3.359,60 euros.
Las cotizaciones del subsidio no cuentan como renta a la hora de calcular los ingresos de la unidad familiar, tanto para el acceso a la pensión no contributiva como para establecer su cuantía.
Para el tribunal, no se acreditó un empeoramiento de las lesiones, estableciendo que debe seguir percibiendo la pensión en su grado total, sin cambios.
Para sostener el sistema sin asfixiar a las empresas, el Gobierno alemán fija la edad legal en los 67 años, recurre a la rentabilidad de los mercados financieros y lanza una agresiva exención fiscal para los jubilados que decidan compatibilizar su pensión con el empleo.
El artículo 208 de la Ley General de la Seguridad Social establece que “la pensión a percibir ha de resultar superior a la cuantía de la pensión mínima”.
La pensión de jubilación a la que acceden es de 628,80 euros al mes en 14 pagas, aunque la cuantía puede variar en función de los ingresos y de la unidad de convivencia.
El acuerdo permite acumular de una vez todo el tiempo pendiente hasta la jubilación ordinaria y ordena cómo tramitar las solicitudes.
La Seguridad Social explicó que para cobrar la pensión y trabajar hay que solicitarlo, algo que la Justicia los avala y por lo que debe devolver el dinero de su pensión.
Aunque la limpiadora solicitó que se le reconociera la incapacidad permanente absoluta, la justicia concluye que sus limitaciones actuales no le impiden desarrollar otras profesiones distintas de la habitual.
El país europeo lidera el índice global gracias a un modelo mixto de tres pilares, activos que superan el 140% de su PIB y una inminente transición hacia la aportación definida para blindar su futuro.
El TSJ explica que artículo 195.1 de la Ley General de la Seguridad Social impide acceder a la incapacidad permanente cuando en la fecha del hecho causante el trabajador ya tiene la edad ordinaria de jubilación y cumple los requisitos para jubilarse.
La pensión de jubilación depende del total de años trabajados.
La Seguridad Social ha cometido el error, por lo que al no existir mala fe, no tendrá que devolver nada, según concluye la Justicia.
El país nórdico protege el futuro de los jubilados con un ahorro forzoso del 15,5% sobre los salarios y una cultura de empleo sénior que lidera los rankings globales de viabilidad.
El TSJ de La Rioja confirma que no puede compatibilizar la pensión con la actividad agraria al estar obligado a cotizar
Las cotizaciones usadas para la incapacidad permanente sí pueden computarse para acceder a este subsidio para mayores de 52 años, explica el Tribunal Supremo.
Ángel, antiguo electricista, se vio obligado a reinventarse tras la crisis de 2008 y encontró en una retroexcavadora la única vía para complementar una pensión insuficiente.
La Seguridad Social rechazó computar sus cotizaciones por deudas, pero la Justicia aclara que si se cumple un plan de pagos aprobado judicialmente, esas cuotas sí cuentan para la pensión.
A través de este mecanismo, la Seguridad Social proyecta el tiempo que faltaría por cotizar hasta la edad ordinaria de jubilación, aunque solo a efectos de determinar la edad legal de referencia.
El TSJ de Madrid anula el pago del IRPF al considerar que una pensión no debe tributar y otra no puede pagar dos veces impuestos
La incapacidad permanente parcial se cobra en un pago único equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora. Esta es la cuantía máxima en 2026.
El TSJ explica que no podía compatibilizar la pensión con la actividad porque las primeras solicitudes no eran válidas y el alta en autónomos no llegó hasta después.
La letrada desmonta el bulo que atribuye a la Unión Europea la exención del impuesto y abre el debate sobre si las pensiones deberían tributar como rendimiento del capital, con tipos inferiores a los del trabajo
El Alto Tribunal explica que, aunque la empresa no actuara con mala fe y pagara después las cotizaciones no prescritas, debe responder por la parte de la jubilación que quedó reducida por esa falta de cotización.
Esta supone la tercera partida de mayor gasto dentro del sistema de la Seguridad Social, siendo superada por las de jubilación, que representa el 73,2%, y las de viudedad, que es el 15,9%.
La pensión de jubilación media sube y llega a los 1.568,5 euros mensuales y la pensión de viudedad se sitúa en los 973,4 euros al mes.
El artículo 195 de la Ley General de la Seguridad Social fija la carencia previa cuando la prestación deriva de contingencias comunes.
La resolución firmada el 24 de marzo restablece desde el 1 de enero de 2026 la aplicación de la Disposición Transitoria 34.2 y los expedientes afectados se revisarán automáticamente, por lo que no será necesario reclamar.
Aunque la trabajadora pidió que al menos se le reconociera la incapacidad permanente total para su profesión habitual, la justicia concluye que sus limitaciones actuales no le impiden ejercer como camarera.
El informe de síntesis del EVI recoge textualmente las actividades observadas al trabajador para justificar que no presenta reducciones funcionales graves que le incapaciten para su profesión.
Para calcular la pensión de jubilación la Seguridad Social tiene en cuenta las bases de cotización y el total de años cotizados a lo que le aplicará el nuevo sistema dual reconociendo la pensión más alta de las dos.
El Alto Tribunal aclara que ese tiempo en el RETA no puede incluirse en el reparto de responsabilidades porque entonces no existía una cobertura específica de contingencias profesionales.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea eliminó los requisitos adicionales que impedían a los varones cobrar el complemento de brecha de género, con retroactividad plena desde la fecha de inicio de la pensión.
La justicia explica que ya cobraba una pensión de orfandad, por lo que no podía volver a percibir la prestación por hijo a cargo con discapacidad.
La Seguridad Social recordó al pensionista que mantener el alta en el RETA es incompatible con percibir la pensión completa de jubilación, aunque no desarrolle actividad, por lo que la justicia entiende que debe devolver el dinero de su pensión.
El modelo sueco activa antes a la empresa, al trabajador y a la administración, mientras la AIReF alerta de que en España la incapacidad temporal ya cuesta 16.500 millones y sigue creciendo.
El Ejecutivo garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas pese a las tensiones geopolíticas.
También puede reconocerse cuando el causante estuviera de alta o en situación asimilada, con requisitos distintos según la causa del fallecimiento.
No llegar a los años de cotización exigidos, que la pensión resultante quede por debajo del mínimo garantizado o no tener la edad suficiente son las causas.
El TSJ de Canarias confirma la denegación porque no alcanzaba la edad mínima exigida y, además, el recurso se presentó con defectos formales que impidieron rebatir correctamente la sentencia.
El abogado laboralista en incapacidades aclara que la pensión no suma años ni mejora la base de cotización, aunque sí existe una excepción que puede cambiar el cálculo al llegar a la edad de retiro.
La Seguridad Social concede esta prestación a nietos, hermanos, hijos, padres y abuelos que hubieran convivido y dependido económicamente del fallecido.
Un informe del Centro Ruth Richardson advierte de que el gasto español crecerá en 3,6 puntos del PIB hasta 2070 si no se adoptan reglas automáticas de ajuste y mecanismos de capitalización como los de sus vecinos europeos y americanos.
Trabajar y cobrar la pensión de jubilación es incompatible, salvo que se acojan a las modalidades de jubilación activa, flexible o a la compatibilidad por ingresos reducidos, tal y como regula la Ley General de la Seguridad Social.
La cuantía de esta pensión es, con carácter general, el 20% de la base reguladora, aunque en 2026 las mínimas quedan fijadas entre 286,50 y 691,70 euros al mes, según el caso.
La justicia explica que las cuotas impagadas del RETA, aunque estén prescritas, no sirven para cumplir la carencia específica que exige la Ley General de la Seguridad Social.
El convenio bilateral de seguridad social entre España y EE.UU., vigente desde 1988, permite combinar los periodos cotizados en ambos países para acceder a la pensión de jubilación o a la incapacidad permanente, aunque los plazos dependen del país implicado y pueden variar de forma significativa.
La Ley 27/2011 establece que para acceder al 100% de la pensión en 2026 es necesario tener 36 años y seis meses cotizados. Aunque tener más cotizaciones puede beneficiar, no servirán para superar ese 100% si la jubilación se produce a la edad ordinaria.
El funcionario de la Seguridad Social asegura que los coeficientes reductores favorables que protegían las pensiones máximas en la jubilación anticipada voluntaria siguen sin aplicarse desde el 1 de enero de 2026.
La denegación se basa en el artículo 195.1 de la Ley General de la Seguridad Social, que impide reconocer la incapacidad permanente cuando el trabajador ya cobra la jubilación ordinaria.
Al empezar a cobrar una pensión especial de jubilación de la minería del carbón, la Seguridad Social detectó que era incompatible con la de viudedad y suspendió esta última.
Corresponde al propio trabajador solicitar la pensión para que se reconozca el derecho y se activen sus efectos económicos.
El Ejecutivo estudia permitir otra vez contratos temporales de relevo para que estas jubilaciones parciales puedan tramitarse sin quedar bloqueadas.
Unos mayores hablan claro de las pensiones, el salario mínimo y de los influencers que se van a Andorra para declarar menos impuestos.
La mujer no estaba obligada a avisar a la Seguridad Social de que otra persona también recibía una pensión relacionada con el mismo familiar fallecido, y fue la propia Seguridad Social quien tardó años en darse cuenta de la situación.
Aunque la revisión de la incapacidad permanente suele situarse en torno a los dos años, la Ley General de la Seguridad Social permite adelantarla en determinados supuestos, incluso antes de que se cumpla ese plazo.
También es posible cobrar entre 4.800 y 13.500 euros a tanto alzado o un mix ambas.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo corrige a la Audiencia de Palencia, que había extinguido el pago, al considerar que el esposo obtuvo un capital importante con el traspaso, aunque fija el fin de la ayuda en 2027 al llegar la edad de jubilación.
El Tribunal Social del Estado de Hesse establece que comunicar la jubilación en el trámite equivocado no exime del deber de notificación, ya que las dos prestaciones tienen cuentas separadas y cada una exige notificación propia.
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