La pensión de jubilación, al ser una prestación de carácter vitalicio y contributiva, depende tanto de las bases de cotización, que conforman la base reguladora, como del total de años cotizados, que determinan a qué porcentaje de dicha base se tiene derecho. Es decir, que cada año importa hasta conseguir el 100% y, por eso, aquellos que no lo consiguen ven cómo reciben menos de lo que esperaban. Ignacio Solsona, abogado laboralista, ha explicado cómo funciona el método de cálculo de la Seguridad Social.
“Para acceder a una pensión de jubilación contributiva es obligatorio tener cotizados 15 años durante toda la vida laboral”, explica Solsona haciendo referencia a la carencia genérica, y continúa explicando otra, la carencia específica, siendo esta que al menos “dos años se encuentren en los últimos 15 anteriores a la fecha de jubilación”.
Carecer de esa cotización mínima hace casi imposible acceder a la pensión contributiva, aunque sí que será posible solicitar la no contributiva de jubilación a partir de los 65 años, pero teniendo en cuenta que su cuantía será más baja y que exige no superar un límite de ingresos individual y familiar.
Con esos 15 años se tiene derecho al 50% de la base reguladora, siendo este el resultado de dividir entre 350 las bases de cotización de los últimos 25 años (300 meses), una cuantía que además puede crecer porque el Real Decreto-ley 2/2023 incorporó un sistema dual de cálculo. A partir de ahí, por cada mes se sumará un 0,19%, el coeficiente que fija la Ley 27/2011 para las jubilaciones que culminan la reforma en 2027.
Solsona explica qué pasa cuando se cotizan pocos años, donde por ejemplo “una persona que ha cotizado 20 años durante toda su vida laboral sí que tendrá acceso a la pensión de jubilación contributiva, pero únicamente cobrará un 61,4% de su base reguladora”. Es decir, que si la base reguladora es de 2.000 euros, la pensión resultante sería de 1.228 euros.
“Se reduce casi a la mitad por no haber completado los 37 años de cotización”, explica. Ese 61,4% corresponde a la escala que empezará a aplicarse a partir de 2027, ya que ahora en 2026, por esos mismos 20 años se cobraría algo más, un 62,38%, debido a que los primeros 49 meses se suma un 0,21%, por lo que son necesarios 36 años y 6 meses para cobrar el 100%.
El tope del 100% de la pensión a la edad ordinaria
El método de cálculo de la Seguridad Social te permite sumar años de cotización, pero hasta llegar al 100% en el caso de acceder a la edad ordinaria. En otras palabras, no se puede superar ese tope salvo que se demore la jubilación. En este caso, por cada año completo cotizado se sumará un beneficio que podrá ser una cantidad a tanto alzado, un 4% más en la cuantía o una combinación de ambas. Esto coincide con lo que dice Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social.
Para entenderlo mejor, Solsona pone un ejemplo en el que un trabajador que tiene 35 años cotizados y quiere anticipar 18 meses su pensión sufrirá un recorte del 8,8% por no llegar a los 37 años y adelantar la edad un año y medio. En el caso de adelantar la jubilación 24 meses, la penalización será del 21% en el caso de haber cotizado menos de 38 años y seis meses, que bajará al 13% si se superan los 44 años.
Convenios especiales con la Seguridad Social
En el caso de quedarse sin empleo y temer a que la Seguridad Social tenga que rellenar esos huecos vacíos con las “lagunas de cotización” Solsona recomienda suscribir un convenio especial de la Seguridad Social. Básicamente, es pagar de nuestro bolsillo las cuotas para seguir sumando cotizaciones.
Aunque tener que pagarnos las cuotas puede parecer contraproducente, Solsona explica que es rentable y lo muestra con cifras. Un trabajador que deja de trabajar a los 33 años y medio, necesita 5 años para conseguir los 38 años y seis meses para así poder retirarse a los 65 años. Ahora, ¿cuánto nos costaría? Pues según el letrado, si pagamos una cuota de 400 euros al mes, la inversión sería de 24.000 euros. En el caso de no hacerlo, la jubilación se retrasa a los 67 años, por lo que si la pensión a cobrar fuera de 2.000 euros, la pérdida total sería de 56.000 euros.
“Lógicamente es más beneficioso y rentable pagar ese convenio especial que retrasar la edad de jubilación”, sostiene Solsona.
Además de que esos años nos pueden servir para la jubilación anticipada involuntaria (que piden 33 años) y la voluntaria (donde se piden 35 años). Para alcanzar ese mínimo se puede añadir el servicio militar, con un máximo de un año, así como los 112 días reconocidos por parto y los periodos cotizados en países con convenio de Seguridad Social con España.
