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El Gobierno descarta eliminar la penalización a los que se prejubilen con 40 años cotizados porque les costaría 3.358 millones de euros

El Ejecutivo ha rechazado la eliminación de los coeficientes reductores que se aplican a las pensiones de jubilación anticipada, incluso cuando hay largas carreras de cotización.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz durante un Consejo de Ministros. |Europa Press
Berta F. Quintanilla
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El Gobierno ha descartado eliminar la penalización aplicada a los trabajadores que acceden a la jubilación anticipada con 40 o más años de cotización, antes de llegar a la edad ordinaria de jubilación. En una respuesta parlamentaria, el Ejecutivo de Sánchez ha señalado que suprimir estos coeficientes reductores supondría un coste de 3.358 millones de euros al año a cargo del sistema público de pensiones.

La medida ha sido reclamada por formaciones como Podemos, que han defendido que las personas que tengan largas carreras laborales puedan jubilarse anticipadamente sin tener que ver reducida la pensión. El BNG (Bloque Nacionalista Galego) también ha pedido explicaciones al Gobierno por el retraso en la eliminación de estos coeficientes, por medio de una batería de preguntas registradas por el diputado Néstor Rego. 

Los trabajadores que se jubilan antes de la edad ordinaria ven cómo se reduce su pensión mediante la aplicación de los coeficientes reductores. Estos recortes cambian en función de los meses de adelanto de la jubilación, los años cotizados y si la jubilación anticipada es voluntaria o involuntaria. 

Un fuerte gasto para el sistema de pensiones

El Gobierno ha dejado claro que eliminar los coeficientes reductores de la pensión inicial para los actuales jubilados anticipados con carreras de cotización igual y superior a los 40 años tendría un coste para el sistema de pensiones de 3.358 millones de euros anuales. 


De esta cantidad, 1.354 son para los beneficiarios de pensiones de jubilación anticipada voluntaria mientras que otros 2.013 millones de euros afectan a los casos de jubilación anticipada involuntaria. 

La jubilación anticipada involuntaria es aquella que se produce por causas ajenas a la voluntad del trabajador, como un despido colectivo, la extinción del contrato por fuerza mayor, situaciones de violencia de género o incumplimientos graves por parte del empresario, conforme a lo previsto en la Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

Los jubilados que cobran más de 2.000 euros de media

En su respuesta, el Ejecutivo también ha defendido que los pensionistas afectados por estos coeficientes reductores perciben pensiones medias superiores a los 2.000 euros mensuales.

En el caso de la jubilación anticipada voluntaria, los beneficiarios con 40 o más años cotizados soportan un coeficiente reductor medio del 11,36% y cobran una pensión media de 2.002,58 euros al mes. Además, acreditan de media 43 años y seis meses cotizados y se jubilaron, también de media, a los 63 años y dos meses.

Por su parte, quienes accedieron a la jubilación anticipada involuntaria tienen un coeficiente reductor medio del 18,9% y perciben una pensión media de 2.100,42 euros mensuales. En este caso, la carrera media de cotización es de 42 años y 11 meses, mientras que la edad media de acceso a la jubilación fue de 61 años y diez meses.

BNG y Podemos reclaman la supresión de estos recortes

Podemos lleva tiempo reclamando que los trabajadores con 40 o más años cotizados puedan acceder a la jubilación anticipada sin penalización. De hecho, en noviembre de 2025 el Congreso aprobó una moción en la que se pedía impulsar las reformas necesarias para eliminar los coeficientes reductores en estos casos.

El BNG también defiende suprimir estos recortes y ha pedido al Ejecutivo que explique por qué sigue demorando una reforma que beneficiaría a trabajadores con largas carreras laborales. Pero el Gobierno sostiene que cualquier modificación del régimen jurídico de la Seguridad Social debe analizarse dentro de los órganos de seguimiento del sistema público de pensiones. En concreto, remite esta cuestión a la Comisión permanente de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo y a la Mesa del Diálogo Social.