El sindicato sostiene que los 14,4 millones de ganancias registrados en 2025 se explican por el ajuste de gastos, la reducción de personal y una mayor financiación pública.
El presidente de la CEOE sostiene que los pactos entre Ejecutivo y sindicatos son “acuerdos”, pero no diálogo social en los términos que recoge la OIT.
Las protestas, previstas para este 26 de febrero ante las consejerías y grandes hospitales públicos, reclaman la adecuación de su clasificación a la titulación exigida por la normativa vigente.
Los sindicatos critican que se exija aportar el NIF en un plazo de 20 días cuando las administraciones ya disponen de esos datos y convocan una concentración el 10 de marzo en Madrid.
El sindicato sostiene que los sueldos base de la mayoría de los grupos funcionariales están por debajo del mínimo y exige una revisión estructural de las tablas retributivas.
Dos abogados, con el apoyo de CCOO y UGT, han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribunal Supremo donde mantenía su rechazo a incrementar por vía judicial estas indemnizaciones.
El sindicato rechaza reformas que presenten la incapacidad temporal como un fraude y espera conocer las propuestas del Gobierno tras el informe de la AIReF.
El departamento de Yolanda Díaz no consigue el apoyo con la patronal, quien rechaza rotundamente el blindaje de los complementos salariales y amenaza con acudir a los tribunales.
CSIF pide al Gobierno la puesta en marcha de otras medidas como la jubilación parcial o la extensión del teletrabajo a toda la Administración General del Estado.
La convocatoria afecta a toda la plantilla de la empresa que presta servicio en trenes de Renfe y centros de ADIF y reclama protocolos de seguridad y formación tras los últimos accidentes ferroviarios.
El sindicato solicita explicaciones al Ministerio y exige responsabilidades para preservar la legalidad del proceso en el caso de que se demuestre que las hay.
El anteproyecto actualiza una norma vigente desde 2003, pero los facultativos denuncian infrarrepresentación y mantienen las huelgas por la regulación de las guardias y la jornada.
Sin acuerdo todavía con los agentes sociales, Trabajo plantea incentivos fiscales a las empresas como vía para facilitar la subida del SMI a 1.221 euros.
Cerca de 300 millones de trabajadores viven en la pobreza extrema, con ingresos inferiores a 3 dólares al día, mientras que la informalidad va en aumento.
Ha defendido el derecho de los trabajadores a expresar su malestar tras los siniestros que costaron la vida a varios maquinistas, mientras el sindicato Semaf convoca una huelga.
El Ministerio de Trabajo tiene previsto reunirse el próximo lunes con los agentes sociales para retomar las negociaciones sobre el salario mínimo, con la propuesta de un aumento del 3,1% hasta los 1.221 euros mensuales.
Ambos sindicatos exigen avances concretos antes de la próxima reunión del 28 de enero, tras mostrarse en contra de esperar a los Presupuestos Generales de 2026.
USO, en su balance del mercado laboral de 2025, también manifiesta el aumento de las jornadas parciales y el problema estructural del paro de larga duración.
Pepe Álvarez denuncia el bloqueo de los compromisos sobre la jornada laboral y el salario mínimo y advierte de que las reformas saldrán adelante “con o sin la patronal”.
El Ministerio de Yolanda Díaz planteará un alza en torno al 3,1% si el SMI sigue exento de IRPF, mientras los sindicatos piden una subida del 7,5% y los empresarios, del 1,5%.
La reducción de plantilla en las siete filiales afectadas pasa del 35% planteado al inicio de la negociación a alrededor del 26%, a falta de cerrar el proceso en Movistar+