Estos funcionarios se quedan sin jubilación parcial: el Gobierno los deja fuera, según CSIF

El Ministerio de Función Pública dejará fuera de las medidas para favorecer la jubilación parcial y parcial anticipada al personal funcionario y al estatutario (personal de la Sanidad), según ha advertido la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Tras la reunión del pasado lunes con los responsables del área pública de los sindicatos CCOO y UGT, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, trasladó el compromiso Gobierno de poner en marcha una tasa adicional de empleo de modo que el personal laboral del sector público se pueda seguir jubilando de forma anticipada.

CSIF considera que esta medida es insuficiente y “exige que se proceda de manera inmediata a la regulación de este derecho para todo el personal funcionario, estatutario y laboral, así como la convocatoria de la Mesa de Negociación”.

Los cambios deben hacerse efectivos antes del próximo 1 de abril

Además de considerar la medida insuficiente, desde el sindicato de funcionarios aclaran que los cambios deberían hacerse efectivos antes del próximo 1 de abril, que es cuando entra en vigor la modificación de la Ley General de la Seguridad Social y del Estatuto de los Trabajadores sobre jubilación parcial.

En el caso de que esto ocurran, podrán a sus servicios jurídicos a disposición de todos sus afiliados para defender dicho derecho. 

Y es que, según explican, que el “acceso a la jubilación parcial anticipada lleva años aplicándose con normalidad entre el personal laboral del conjunto de las administraciones”. Pero, consideran que la nueva regulación podrá en riesgo la continuidad de este derecho. 

Algunas administraciones tanto autonómicas como locales han manifestado que paralizarán las solicitudes sobre jubilaciones parciales con contrato de relevo desde que se publicó el Real Decreto-Ley, amparándose en “una interpretación restrictiva de la norma, a la hora de compatibilizar esta modalidad de contrato con la regulación y las garantías de acceso al empleo público”, explican desde CSIF.