El Consejo de Ministros declaró en la Ciudad Autónoma de Ceuta la“situación de interés para la seguridad nacional” pero además han aprobado en primera vuelta una nueva ley de asilo y la reforma de la Ley de Extranjería para adaptar la normativa española al Pacto Europeo de Migración y Asilo. Los dos anteproyectos, que han sido elaborados por el Ministerio del Interior y buscan que se agilicen los procedimientos sin reducir las garantías de las personas migrantes.
La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior a este acto, explicó que ambos textos suponen elaborar una nueva ley de asilo y la modificación de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros, así como su integración social.
Antes de regresar al Consejo de Ministros, las normas deberán recabar informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, y el Consejo Estatal de ONG. Luego, el Ejecutivo las derivará al Congreso de los Diputados “a la menor brevedad posible”.
Agilizar los procedimientos de la ley de asilo
Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, ha dicho que esta nueva norma garantizará un sistema de protección internacional mejorado, “ágil, eficaz, ordenado y garantista” al tiempo que se adapta a la nueva realidad migratoria sin reducir los derechos de los solicitantes.
La norma da un nuevo punto de vista a las definiciones de protección internacional, al estatuto del refugiado y a la protección subsidiaria, incorporando expresamente situaciones de persecución relacionadas con el género, identidad o expresión de género y discapacidad, además de mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad.
En cuanto a la tramitación, la futura norma va a diferenciar entre el procedimiento ordinario y otros procedimientos acelerados y apunta a que uno de ellos tiene que resolverse en un plazo de 3 meses.
Resoluciones de las solicitudes en frontera
La norma da luz verde a un procedimiento ‘exprés’ para cubrir aquellas solicitudes que se presenten en frontera, que tendrán que estar resueltas en un plazo máximo de 12 semanas (3 meses) y, durante ese tiempo, la persona solicitante estará bajo la responsabilidad de las autoridades españolas.
Marlaska ha añadido que este nuevo camino no va a dejar solicitudes sin resolver, sino que las mismas estarán listas en un tiempo “más breve” y sin dejar de lado “los derechos y libertades fundamentales”.
Ha defendido que estos anteproyectos mantienen un enfoque de respeto a los derechos humanos, aunque compatible con la gestión de las fronteras y la seguridad del país.
Triajes obligatorios y estancias de 72 horas en las dependencias policiales
La reforma que se va a realizar en la actual Ley de Extranjería incorpora la figura del triaje para las personas que crucen las fronteras españolas sin pasar por los controles de entrada. El proceso va a incluir un reconocimiento médico (triaje inicial), un informe de vulnerabilidad, identificación, recogida de datos con biometría, inspección de seguridad y la derivación al procedimiento correspondiente.
Aunque la norma europea permite este control en un plazo máximo de 7 días, España seguirá manteniendo el límite de 72 horas con el objetivo, según Interior, de reducir al mínimo imprescindible el tiempo en que estas personas extranjeras permanezcan en las dependencias de la Policía.
La reforma regula un nuevo procedimiento fronterizo de retorno para los que lleguen de modo irregular y no tengan derecho a recibir protección internacional. Cuando una solicitud sea rechazada por los organismos competentes, la persona va a recibir junto a la resolución la denegación de entrada y obligación de abandonar el país.
