El Gobierno ha declarado este martes ‘situación de interés para la seguridad nacional’ la crisis derivada en Ceuta tras la entrada masiva de más de 80.000 migrantes desde la frontera con Marruecos los pasados días 30 y 31 de julio. Esta declaración ocurre “por primera vez en la historia” del país, como detallaba la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el primero tras el parón estival.
Con este paso, que supone el máximo nivel de gravedad en materia de protección civil, se formaliza la creación de un mando único para gestionar la situación que recaerá en el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Asimismo, contará con un comité especializado integrado por representantes de la Ciudad Autónoma (con el presidente Juan José Vivas), el delegado del Gobierno en la ciudad, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y todos los ministros implicados, con el asesoramiento del Departamento de Seguridad Nacional.
Según el Gobierno, tal y como adelantó el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, supondrá “un antes y un después” en lo relativo a la gestión de los migrantes que permanecen en la ciudad autónoma. La decisión, eso sí, se produce casi un mes después del inicio de la crisis, lo que ha provocado las críticas de la oposición, especialmente por parte del Partido Popular.
Elma Saiz ha expresado que “Ceuta es hoy el corazón de España” y ha afirmado que la situación en la ciudad autónoma es “extraordinaria”, por lo que requiere también de “una respuesta extraordinaria” que ha ido desplegándose “en distintas fases, desde la seguridad y el control de la situación, la coordinación, la colaboración entre Administraciones hasta la atención humanitaria”.
¿Qué significa la declaración de Ceuta como zona de interés de Seguridad Nacional?
Permite al Gobierno tomar el control sobre la ciudad autónoma, nombrando en este caso como “autoridad funcional” al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para dirigir y coordinar las actuaciones que procedan, así como para movilizar los medios humanos y materiales, tanto públicos como privados.
Esta declaración viene regulada en el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional, que la define como “aquella en la que, por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias”.
Cabe aclarar que no se trata del estado de alarma que se usó para confinar a la ciudadanía en la pandemia del coronavirus. El objetivo, en el caso de Ceuta, es que esa dirección central garantice el funcionamiento “óptimo, integrado y flexible” de todos los recursos disponibles y una importante diferencia es que en ningún caso puede implicar la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos.
Cabe mencionar que esta declaración se ha aprobado (como marca la ley) mediante real decreto, por lo que no tiene que convalidarse en el Congreso. Ahora, la norma sí que obliga al Gobierno a “informar inmediatamente” al mismo de las medidas adoptadas y de la evolución de la crisis.
