Comunidad de vecinos

La Ley de Propiedad Horizontal permite a la comunidad impedir el acceso a la piscina y otras zonas comunes a los vecinos que no cumplan con las normas.

Aunque la comunidad alegaba que ya había reparado la cubierta, un informe pericial demostró que las filtraciones continuaban y que las obras realizadas para arreglarlas carecían de rigor técnico.

Aunque los propietarios alegaban acuerdos previos que lo permitían, la Audiencia considera que sin autorización expresa no pueden alterar la fachada.

La propietaria tiene que pagar los gastos de burofax, certificado de deuda y abogado al considerar que fueron necesarios para reclamar el impago.

La normativa permite limitar o impedir su uso cuando generen molestias, supongan un riesgo o estén prohibidas en los estatutos de la comunidad

Aunque el acceso se restringe, la Audiencia considera que no se vulneran derechos ni se acredita daño económico real.

La normativa permite a la comunidad impedir su instalación e incluso exigir su retirada si se colocan sin autorización y afectan a la fachada del edificio.

La justicia avala que el Ayuntamiento entre a inspeccionar la vivienda y el estado de los 20 gatos tras una denuncia de los vecinos, y confirma que la entrada es legal por razones de salud y bienestar animal.

Aunque no fueran recogidas por el propietario, las notificaciones realizadas por la comunidad fueron válildas, por lo que tendrá que pagar las cuotas pendientes.

Pese a la gravedad del ataque, la justicia considera no había pruebas suficientes de conflictos vecinales reiterados que justificasen la rescisión del contrato.

La dueña eliminó parte de la fachada trasera para conectar sus locales con una nave de otra comunidad, sin autorización de los vecinos.

Ofrecía el apartamento como una experiencia con spa en Airbnb y Booking, pero las molestias, el riesgo estructural y la actividad no autorizada acabaron en los tribunales.

La exención de algunos vecinos puede trasladar el coste al resto si está justificada y se aprueba por mayoría

Aunque el patio sea un elemento común, su uso está sujeto a normas y límites que pueden impedir tender ropa.

La normativa establece que no se pueden realizar actividades que resulten molestas o insalubres para otros vecinos, lo que permite intervenir en casos en los que los olores son persistentes.

El consistorio permitió el uso público de un vial privado sin pagar su mantenimiento y durante años evitó que la comunidad pudiera cancelar la servidumbre de esas calles.

El juzgado confirma que la comunidad puede limitar la tenencia de animales si existe una norma previa en los estatutos y recuerda que la Ley de bienestar animal no reconoce un derecho absoluto a tener mascotas.

Corresponde al propietario podar el seto o árbol si este no lo lleva a cabo, el Defensor del Pueblo explica cuál es el proceso a seguir.

El alto tribunal confirma que la comunidad conocía y toleró la instalación durante más de una década y no se opuso a las obras hasta que estuvieron terminadas, vulnerando la buena fe.

El Alto Tribunal aclara que la comunidad puede demandar también al arrendatario cuando es quien ocupa de hecho el espacio común, aunque solo los propietarios puedan impugnar los acuerdos de la junta.

La familia lleva dos años con el miedo de que su casa se derrumbe por un montículo de tierra del vecino que invade su parcela provocando daños estructurales y filtraciones en su vivienda.

El tribunal reconoce que pudo intervenir en la junta y mostrar su oposición, pero concluye que, al no estar al corriente de pago, su voto no era válido ni podía computarse para las mayorías exigidas.

La justicia considera que el nuevo propietario no es deudor personal de las cuotas anteriores, aunque el inmueble responda como garantía.

El alto tribunal confirma que no toda obra nueva obliga a acudir al interdicto específico si el despojo ya está consumado y la intervención es de escasa entidad.

La normativa obliga a respetar los elementos comunes y permite a la comunidad pedir que se retiren objetos del rellano.

Aunque las obras tienen el permiso del consejo del pueblo, los vecinos critican que su diseño no encaja con el entorno y que podía causar inundaciones

La empresa alteró un elemento común sin autorización de la comunidad para adecuar el sistema de climatización de unas oficinas a las que cambió el uso a vivienda.

El Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas señala que muchos problemas vecinales no nacen del desacuerdo, sino de fallos formales que generan inseguridad jurídica.

Aunque la terraza sea de uso privativo, la comunidad debe asumir la reparación si el problema afecta a la cubierta del edificio.

Tu comunidad puede subirte los gastos comunes hasta un 20% si alquilas tu piso a turistas. Solo necesitan un acuerdo por mayoría en junta para compensar el desgaste de las zonas compartidas, según la ley.

Un juzgado le obliga a retirar una instalación fotovoltaica de 1,2 kW pese a que el propietario reunió firmas de apoyo, en un caso que vuelve a poner el foco en el vacío legal sobre las fotovoltaicas en balcones.

Los acuerdos adoptados por la mayoría fueron válidos y las coacciones sufridas en la junta no anulaban la decisión de iniciar acciones judiciales.

La normativa establece que cualquier instalación que afecte a la fachada o a la estética del edificio debe contar con la aprobación de la comunidad de propietarios.

La reforma refuerza el control vecinal sobre las viviendas turísticas, permite ajustar cuotas hasta un 20 por ciento y deja claro que no hay efectos retroactivos.

Hacienda exige a las comunidades comunicar las operaciones anuales con terceros que superen el límite legal, incluso aunque no desarrollen actividad empresarial.

Aunque pagaron correctamente las obras, la falta de un Informe de Evaluación del Edificio actualizado tras la finalización de los trabajos impide conceder la subvención.

El comprador detectó una demanda contra la comunidad y derramas millonarias que ni el vendedor, ni el notario ni la agencia le habían comunicado.

Aunque sea de uso exclusivo, la estructura y los elementos esenciales de la terraza siguen siendo comunes, lo que influye en las reparaciones y en quién debe asumir los daños

Tras meses de espera, el ayuntamiento asegura que ha emitido varios avisos al propietario y que, tras no obtener respuesta, gestionará la retirada de los residuos.

Aunque el inquilino pueda asumir los gastos de comunidad, el pacto solo es válido si el contrato fija expresamente su importe anual conforme al artículo 20 de la LAU.

El alto tribunal confirma que la ampliación ejecutada en la vivienda alteró la fachada y el título constitutivo sin el acuerdo unánime exigido por la Ley de Propiedad Horizontal.

La pareja instaló la decoración e incluso un pozo sin las licencias oportunas y recibió varias quejas por el impacto visual y la iluminación, aunque el ayuntamiento finalmente las autorizó.

El Alto Tribunal establece que las subvenciones públicas destinadas a la rehabilitación de la vivienda habitual no cuentan como ingresos para el Ingreso Mínimo Vital.

Asegura que el seto de cinco metros bloquea por completo la luz de su jardín y que la tasa municipal le impide reclamar formalmente su poda.

El Alto Tribunal aclara que los permisos municipales no legitiman el uso de elementos comunes si la comunidad no lo autoriza o revoca ese consentimiento.

Negarse sin causa justificada no es una opción válida y la renuncia solo tiene efectos si cuenta con respaldo legal o comunitario.

Basta con una comunicación previa a la comunidad, siempre que la instalación no cause perjuicios ni afecte a la seguridad del edificio.

La justicia considera que el historial de actividades molestas, peligrosas e ilícitas hacía insoportable la vida de los vecinos, por lo que valida el desalojo.

La justicia considera nulo el acuerdo de la comunidad que ordenaba a un propietario retirar un cerramiento de cañizo en un murete interior de su propiedad.

La normativa prevé expresamente la celebración de Juntas en segunda convocatoria y permite que los acuerdos adoptados sean obligatorios, aunque la asistencia de propietarios sea mínima.

La justicia confirma la validez del acuerdo de la junta de vecinos para prohibir fumar al considerar que los vecinos tienen derecho a un espacio libre de humos

La justicia confirma que el propietario tiene que retirar el huerto urbano que instaló en su patio de uso privado y que provocó filtraciones y desprendimientos en el garaje.

La normativa permite a la comunidad regular el uso del ascensor como elemento común, siempre que la prohibición se apruebe en Junta y sea razonable y proporcionada.

La Justicia confirma la condena por delito de odio, además de cárcel tiene que pagar 4.680 euros entre multa e indemnización por las conductas humillantes o amenazantes.

La Justicia confirma que los locales comerciales debían contribuir a las reparaciones y mantenimiento de elementos comunes, aunque los estatutos les eximan de ciertos gastos.

La Justicia confirma la multa por un delito de coacciones al considerar que el propietario puso en riesgo a los trabajadores mientras usaban herramientas eléctricas en una zona de linde.

La justicia avala la legalidad de las obras de accesibilidad aprobadas por mayoría y rechaza que el espacio afectado sea un trastero protegido.

Las cuotas comunitarias prescriben a los cinco años y no a los quince, aunque se hayan generado antes de la reforma legal.

Los vecinos denunciaron que la vivienda rompía con la estética del resto de viviendas de barrio, y el Ayuntamiento ordenó su demolición al descubrir que se había construido un sótano sin licencia.

La Audiencia descarta que la actividad del bar sea molesta o ilegal, aunque confirma la ocupación indebida del patio comunitario.